Senadora Estatal del Condado desafía mandatos del Gobernador parea regular la apertura de comedores de los Restaurantes.

Las propuestas de la senadora estatal del condado de Riverside desafían los mandatos de salud pública del gobernado, La senadora Melissa Melendez, republicana por Lake Elsinore, presentó hoy una legislación que busca prohibir a las agencias estatales revocar licencias comerciales basadas en violaciones derivadas de los bloqueos de salud pública por coronavirus.




"Los dueños de negocios están agotando sus finanzas para cumplir con las regulaciones de COVID, y el gobernador ha continuado cambiando las reglas sin datos que respalden sus mandatos", dijo Meléndez al presentar el Proyecto de Ley Senatorial 102. "Ahora las pequeñas empresas enfrentan multas y sanciones a medida que tratar de mantenerse a flote y mantener vivos sus sueños de toda la vida ''.

SB 102 bloquearía específicamente a las juntas reguladoras dentro del Departamento de Asuntos del Consumidor de California y el Departamento de Control de Bebidas Alcohólicas de suspender o revocar licencias e imponer sanciones financieras por el incumplimiento de las entidades con las órdenes de salud pública del gobernador Gavin Newsom.

El mes pasado, los agentes de ABC citaron a dos negocios a lo largo de El Paseo en Palm Desert por desafiar las órdenes de quedarse en casa.


La validez de las órdenes, que han sido impugnadas en los tribunales y no han sido aprobadas legislativamente, también se abordan directamente en la Resolución 5 del Senado de Meléndez, que pide que se prohíba al poder ejecutivo del estado crear más regulaciones relacionadas con COVID, que en su lugar se dejarían a las localidades.

Entre los partidarios de SB 102 y SR 5 se encuentra Andrew Gruel, un chef que el mes pasado ganó la atención nacional cuando prometió mantener abiertos sus restaurantes Big Parm y Slapfish en Los Ángeles, en desafío a la estadía en casa regional del gobernador el 6 de diciembre. pedidos que incluían la suspensión de las cenas al aire libre.

"Cuando se trata de revocar nuestras licencias, el castigo no se ajusta al delito", dijo Gruel. "Esta es una extralimitación de la autoridad que solo crea más miedo y pérdida en una industria que ha sido devastada por los cierres. Cada comunidad debe tener el derecho de tomar sus propias decisiones locales".