Gobierno de Trump condiciona fondos de asistencia pública estatales al intercambio de datos migratorios
Por Priscilla Alvarez, Tami Luhby y Hanna Rabinowitz, CNN
El Departamento de Justicia tomó medidas este miércoles para exigir a los estados que proporcionen información sobre inmigrantes indocumentados o perderán fondos federales para dos programas clave de asistencia pública, emitiendo una revisión radical de un dictamen legal de larga data.
Se trata del más reciente movimiento del Gobierno de Trump para obligar a los estados a cooperar en la agresiva campaña del presidente contra la inmigración; en esta ocasión, amenazando con retirar el financiamiento federal si no facilitan información sobre los inmigrantes indocumentados que, según creen, residen en el país.
Se deriva de una nueva opinión legal de la Oficina de Asesoría Legal que establece que, cuando un estado elige participar en los programas de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y el Seguro de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés), como hacen todos los estados, están obligados a informar a las personas que se encuentren ilegalmente en Estados Unidos al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
TANF proporciona asistencia en efectivo y otro apoyo a hogares de bajos ingresos. SSI proporciona pagos mensuales a personas de la tercera edad de bajos ingresos o personas con discapacidades.
La opinión, que el DOJ presentó como una aclaración de una opinión anterior, se aplica a todas las agencias dentro de un estado, no solo a las que administran los programas. Previamente, bajo una opinión de la era Clinton de 1998, el requisito de información se aplicaba específicamente a las agencias estatales que administraban TANF o SSI.
“El Congreso escribió este requisito claramente”, dijo en un comunicado el Subprocurador General T. Elliot Gaiser de la OLC.
“Cuando un estado elige participar en TANF, acepta la obligación de informar sobre extranjeros ilegales en Estados Unidos. Los dólares de los contribuyentes destinados a ayudar a los estadounidenses vulnerables no deberían fomentar perversamente la entrada ilegal a Estados Unidos, sino más bien reforzar nuestras leyes y nuestras fronteras”, dijo.
También hay algunos programas federales de vivienda que están sujetos a los mismos requisitos de información, señala la opinión.
La opinión, fechada el martes, solo se aplica al financiamiento futuro.
No está claro cómo se implementará la nueva opinión y es probable que enfrente desafíos legales rápidos de críticos que argumentan que el gobierno federal está intentando de manera inadecuada aprovechar los beneficios de bienestar para acceder a los datos estatales.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos también intentó obtener más información de los estados sobre inmigrantes indocumentados que posiblemente reciban cupones de alimentos, un programa clave de red de seguridad que es financiado por el gobierno federal pero administrado por los estados.
Los inmigrantes indocumentados no son elegibles para cupones de alimentos —formalmente conocidos como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, o SNAP— ni para otros beneficios federales.
El año pasado, el USDA solicitó por primera vez que los estados le proporcionaran sus registros de inscritos en cupones de alimentos, y la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, amenazó con retener fondos de los estados demócratas que no cumplieran. Pero una coalición de estados demócratas demandó y obtuvo una orden judicial preliminar.
A principios de este año, un juez federal emitió una orden judicial preliminar que impide al departamento imponer nuevas condiciones sobre el financiamiento de USDA para los cupones de alimentos y otros programas de nutrición. Las condiciones incluían prohibir a los estados utilizar fondos para programas que permitan a inmigrantes indocumentados recibir beneficios financiados por los contribuyentes.
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