Sentencian a prisión a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores hallados muertos y calcinados en Ecuador

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Un tribunal de garantías penales de Guayaquil sentenció este lunes a 16 militares por la desaparición forzada de cuatro menores de entre 11 y 15 años que fueron interceptados por una patrulla militar el 8 de diciembre de 2024 y cuyos cuerpos fueron hallados calcinados en la zona de Taura, a una hora de Guayaquil, provincia de Guayas.

Once militares recibieron una condena de 34 años y 8 meses de prisión, mientras que otros cinco fueron condenados a 30 meses por haberse acogido a la figura de “cooperadores eficaces”. En tanto, un militar que fue acusado por la Fiscalía en calidad de cómplice fue absuelto al no encontrar elementos suficientes para atribuir su participación en el delito.

Tras un año de dolorosa espera para los familiares y una serie de testimonios, reconstrucción de los hechos, peritajes, audiencias y declaraciones, el juez ponente del caso, Jovanny Suárez, indicó que se pudo determinar que hubo una detención irregular, traslado a un lugar no autorizado de los menores, ocultamiento de información, golpes, maltrato, sufrimiento, indefensión y crueldad que conllevaron a la muerte de Nehemías, Ismael, Josué y Steven, tres adolescentes y un niño originarios del barrio Las Malvinas que fueron interceptados por una patrulla militar y transportados a una zona rural despoblada donde sus cuerpos fueron encontrados calcinados días después.

“Ninguno de los miembros de la patrulla se disoció de la acción delictiva, por el contrario, su presencia intimidatoria y armas facilitaron la detención, tenerlos en su poder y propiciando la posterior desaparición con resultado de muerte”, señaló el juez Suárez en la audiencia virtual que CNN cubrió.

El juez insistió en que los miembros de la patrulla omitieron un deber ineludible como era llamar al Ecu-911, entregarlos a la Policía y garantizar la seguridad física de los menores de edad. Agregó que se probó que hubo un “pacto de silencio” entre los procesados y calificó los detalles del juicio como “desgarradores”.

“Se ha determinado el sufrimiento que hicieron padecer a las víctimas. Se confirmó el dominio total de la patrulla sobre la vida de los menores”, puntualizó.

Suárez dijo que también se comprobó que hubo “abuso del poder estatal” y afectación a las familias de las víctimas en su vida emocional.

“Los golpearon, los desnudaron y los abandonaron a su suerte”, puntualizó.

CNN consultó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa sobre su reacción frente a la sentencia en contra de los militares pertenecientes a la Fuerza Aérea y está a la espera de una respuesta.

CNN también está tratando de comunicarse con los abogados de los sentenciados para conocer su reacción o si apelarán la sentencia.

Los cuatro menores de entre 11 y 15 años vivían en el barrio Las Malvinas, uno de los más pobres y marginados de esta ciudad costera y donde los habitantes han sido tocados por el dolor de estas familias que no han descansado en su lucha por la verdad y justicia. Aseguran que no han tenido consuelo ni total claridad sobre las circunstancias que rodearon el crimen.

Los menores desaparecieron la noche del 8 de diciembre de 2024 tras haber sido retenidos y transportados en una patrulla por un grupo de militares. Momentos antes de la detención -según las versiones recabadas por la Fiscalía- los niños habían terminado de jugar fútbol y fueron a comprar pan. Los militares implicados en el caso aseguraron que se acercaron a la zona ante la alerta de un presunto robo que desembocó en la retención de los chicos. Días después, la Fiscalía indicó que no se pudo comprobar que había habido un robo.

Un video de una cámara de seguridad que se hizo público en la Asamblea Nacional el mismo mes de su desaparición se convirtió en una de las pruebas del caso. En el video se observa cómo los menores de edad fueron obligados por los militares a subirse a la patrulla. Lo que ocurrió después solo se ha podido conocer por medio de testimonios, videos, chats y revelaciones atroces durante las audiencias.

Previo a la confirmación de la muerte de los chicos, el presidente Daniel Noboa se pronunció en una radio local y aseguró al país que no habría encubrimiento. “Estamos del lado de la justicia, y haya sido un civil, un cura o un militar involucrado, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie, vamos a defender el principio de la justicia”, advirtió Noboa.

El 31 de diciembre la Fiscalía confirmó que los cuerpos de Nehemías, Steven, Ismael y Josué habían sido incinerados en la zona de Taura en la provincia de Guayas. Ese día se apagó la esperanza de sus padres de encontrarlos con vida, mientras la conmoción social y las muestras de repudio al crimen se desbordaron.

Durante las audiencias, que se desarrollaron en Guayaquil, la Fiscalía informó que presentó 26 pruebas testimoniales y periciales entre las que se incluyeron testimonios de los padres de las víctimas y de los agentes policiales que participaron en la investigación, así como 180 pruebas documentales. Parte de la información obtenida vino de la extracción de datos de los celulares de los militares detenidos y conversaciones vía chat que guiaron a los investigadores.

Los militares, según señaló la Fiscalía, intentaron ponerse de acuerdo en las versiones, pero cinco de ellos prefirieron acogerse a la figura legal de “cooperación eficaz”, admitiendo su participación en algunos momentos del crimen. Ellos cambiaron las versiones iniciales que negaban cualquier tipo de intervención en torturas, golpes y posterior muerte de los menores y que responsabilizaban de los hechos al grupo criminal Las Águilas, sin que se haya podido probar su relación.

Ante los abogados, familiares, periodistas y jueces, los cooperantes aceptaron en las audiencias que hubo golpes, insultos, disparos y videos de las últimas horas de vida de las víctimas y que un subteniente que estaba al mando de la patrulla no buscó la manera de entregar o liberar a los chicos. “El subteniente empezó a quitarles la ropa, les hizo que se quiten la ropa y los obligó a que ayuden a mover el árbol”, relató uno de los militares, y agregó que hubo golpes con correas, palos y ramas de un árbol, según recoge la cadena Ecuavisa, afiliada de CNN y que hizo seguimiento de las audiencias.

La Fiscalía indicó que uno de los cooperantes dijo que el grupo no sabía a dónde ir tras la detención de los menores, que avanzaron a zonas despobladas en camionetas y que uno de los miembros de la patrulla se ensañó con el más pequeño de las víctimas.

“Lo hizo arrodillar, le sacó los zapatos, sacó su pistola y disparó. Pensé que lo había matado. Luego otro cabo cogió al mayor de los pelados, como sabe boxear, le pegó”, explicó en su relato durante el juicio.

Los militares que no forman parte del grupo de cooperadores eficaces negaron estos hechos y aseguraron haber dejado a los chicos “sanos y salvos” en la zona de Taura, a una hora de Guayaquil.

La Fiscalía reprodujo durante las audiencias dos videos que mostraban, por un lado, a uno de los menores en la camioneta cuando un militar le dijo “agradece que no te pego un tiro”; y otro video en Taura, cuando eran golpeados en el piso por los militares. Los videos fueron grabados por uno de los uniformados que forma parte de la cooperación eficaz y también fueron difundidos audios relacionados con los hechos.

“En Taura escuché que uno de mis compañeros les dijo a los menores ‘hemos llegado al lugar donde van a morir’”, detalló uno de los involucrados en una audiencia a la que asistieron medios locales en Guayaquil.

Jesús López, abogado de 8 de los militares, dijo a Ecuavisa que este proceso judicial estuvo “viciado” desde el principio y que no hubo cadena de custodia de las pruebas que a su criterio deben ser descartadas. López rechazó las declaraciones de los cooperadores de la Fiscalía.

“No hubo ocultamiento de información y no se cumplen requisitos de desaparición forzada (…) Ellos no deben ser sancionados por este delito porque no se cumplen elementos de tipo penal. Pueden existir otro tipo de infracciones penales que debería encaminarlas la Fiscalía”, dijo López. “Si arguyen que hubo lesiones, deberían ser sancionados por lesiones o por último por una muerte culposa pero no por un hecho doloso. Porque ellos jamás tuvieron la intención de desaparecer a los menores o de que ocurra un resultado fatal como es la muerte de los mismos, algo terrorífico como ocurrió y que los verdaderos responsables sean sancionados”, añadió el abogado.

La Fiscalía señaló que las víctimas fueron detenidas de forma ilegal y sometidas a violencia extrema. Las reconstrucciones de los hechos y los relatos de los últimos meses han generado una ola de dolor y repudio en Ecuador. Organizaciones de defensa de los derechos humanos, juristas, sociedad civil y diversas agrupaciones se han sumado a la ola de rechazo sobre los hechos ocurridos.

Las familias de los cuatro niños sufrieron un duro golpe al enterarse de sus muertes. Luis Arroyo, padre de Josué (14) e Ismael (15), no se detuvo ni un solo momento, acompañando los procesos legales para que se logre justicia y verdad sobre este atroz crimen que le negó la posibilidad de volver a abrazar a sus hijos y acompañarlos a sus torneos de fútbol.

Durante un reciente evento público y una marcha en Las Malvinas al conmemorarse un año de la pérdida de los tres adolescentes y un niño, Arroyo pidió justicia indignado por el nivel de violencia al que fueron sometidos. “Los mataron con saña, de forma horrorosa. Nuestros hijos fueron torturados, baleados. Queremos justicia”, insistió.

Su esposa, Katty Bustos, dijo desconsolada durante el acto de homenaje a los menores: “Me arrancaron el alma, me arrancaron la vida”. Recordaron junto a sus vecinos los momentos compartidos e hicieron paradas en las casas donde vivían los chicos.

Decenas de personas acompañaron a los familiares en una movilización por los lugares donde las víctimas estuvieron con vida hace más de un año. Cargaron fotos de Nehemías, Josué, Ismael y Steven con el fin de recordarlos y defender su memoria. Algunos llevaron carteles y pancartas con mensajes de justicia: “Que paguen por lo que hicieron”, “Ni perdón ni olvido”, “Verdad, justicia y reparación”, “Eran futbolistas, no eran terroristas”.

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