Vacunagate: la «crisis moral» que podría llevar a inhabilitación de funcionarios en Perú
(CNN Español) — El «vacunagate» está haciendo mucho ruido fuera y dentro de Perú. La presidenta del Congreso de Perú, Mirtha Vásquez, hizo un llamado a que se mantenga la estabilidad en este momento de transición para que se puedan elegir a los gobernantes en las próximas elecciones. Las declaraciones de Vásquez surgen en medio de la crisis que se vive en el país por el escándalo en el que más de 480 personas, incluidos varios ministros y un expresidente, fueron vacunadas de forma irregular.
En entrevista con Fernando del Rincón, Mirtha Vásquez dijo que dijo que cree que la inhabilitación debe ser una de las medidas que se aplique contra las personas que fueron vacunadas en sigilo contra el covid-19 antes de que comenzara la campaña oficial en Perú.
Vásquez le confirmó a CNN que la Fiscalía de la Nación amplió la investigación preliminar sobre el «vacunagate» e incluyó a las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete por presuntos delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.
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Vásquez cree que es muy importante que se proyecte que no hay intereses políticos detrás de la investigación y que se haga un trabajo objetivo para llegar a la verdad. En su opinión, todo funcionario que haya ejercido un cargo importante y que se le demuestre una responsabilidad tan seria, debería evitarse que siga en la función pública.
La repercusión al escándalo vacunagate
La Conferencia Episcopal Peruana ha sido de las últimas instituciones en rechazar el escándalo. Según los obispos, la vacunación irregular de varios altos cargos «muestra un nuevo rostro del monstruo de la corrupción y de la crisis ética y de valores que impide la auténtica realización de la justicia y el desarrollo del país».
La Conferencia Episcopal también subrayó en ese comunicado que «no es posible que sigan muriendo médicos, enfermeras, policías, servidores públicos y tantos otros voluntarios, mientras que un grupo insensible busca su propio interés», por lo que exigen que no haya impunidad.
Por otra parte, la bancada de Acción Popular presentó una moción pidiendo que los 130 congresistas se sometan a un examen para saber si se vacunaron.
Y quieren que la misma medida se aplique a los titulares de la Defensoría del Pueblo, la presidencia de la Corte Suprema o la Fiscalía de la Nación, entre otras instituciones, así como todos los ministros en el cargo a partir de julio de 2020.
El objetivo es descartar que se hayan beneficiado de las vacunas de Sinopharm que se administraron al margen de los ensayos clínicos.
Acción Popular como partido demócrata, hoy, una vez más da el ejemplo y deslinda de la doble moral caviar.Hemos presentado la moción N°13857, en la cual estamos solicitando que los 130 congresistas se hagan el peritaje (1/3) @noticiAmerica pic.twitter.com/MOKseh4igZ
— Ricardo Burga CH. (@RicardoBurgaCH) February 18, 2021
Este jueves se instaló en el Congreso la comisión que investigará el escándalo.
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Con información del Fernando del Rincón
