¿Respaldan los estadounidenses las exigencias de los demócratas en materia de inmigración para evitar el cierre del Gobierno?
Por Aaron Blake, CNN
Es prácticamente un hecho de que el Congreso de EE.UU., una vez más, cerrará importantes sectores del Gobierno federal.
Hay pocas señales de un acuerdo entre republicanos y demócratas para financiar el Departamento de Seguridad Nacional antes de la fecha límite del viernes a medianoche. Y los líderes republicanos enviaron a sus bases a casa el jueves.
Un bando eventualmente tendrá que ceder, y la popularidad de los cambios propuestos a la aplicación de la ley migratoria tendrá un gran impacto en qué bando “ganará”. Mientras tanto, la gente pronto verá el impacto en sus viajes aéreos, los servicios de respuesta a emergencias y, en cierta medida, la aplicación de la ley migratoria.
El impasse se debe a los desacuerdos sobre la reforma del uso del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza por parte de la administración Trump en lugares como Minneapolis, donde agentes federales han matado a dos personas: Renee Good y Alex Pretti. La administración Trump anunció el jueves que pondrá fin al aumento de agentes en Minneapolis.
Tanto republicanos como demócratas afirman que el pueblo estadounidense está de su lado. La administración Trump y los republicanos señalan cifras que demuestran que los estadounidenses quieren que los inmigrantes indocumentados sean deportados. Los demócratas insisten en que el pueblo estadounidense está de su lado porque una gran mayoría desaprueba al ICE y afirma que el esfuerzo de deportación ha ido “demasiado lejos”.
Entonces, ¿quién tiene razón? Es evidente que los estadounidenses no apoyan el statu quo. Una encuesta de NBC News-SurveyMonkey de esta semana muestra que 7 de cada 10 estadounidenses quieren al menos ver cambios en el ICE (aproximadamente 3 de cada 10 desean su abolición). Los demócratas obviamente tienen cierta influencia en este asunto.
¿Pero cuánta? Analicemos algunas de las propuestas específicas que impulsan los demócratas.
La administración ha dado un pequeño paso atrás extraoficialmente en lo que respecta a las detenciones aleatorias en la calle por parte del ICE, al menos por ahora. Cuando el zar fronterizo Tom Homan asumió el control en Minneapolis tras la segunda muerte, indicó que la operación sería más selectiva.
Las encuestas son algo dispares en cuanto a la introducción de restricciones legales oficiales.
Una encuesta del Pew Research Center realizada hace un año reveló que el 66 % de los estadounidenses opinaba que las fuerzas del orden deberían poder arrestar a inmigrantes indocumentados en protestas o mítines. Otro 63 % opinó que debería poder hacerlo en sus hogares, y el 54 % opinó que debería ser una actividad legal en los lugares de trabajo.
Pero ninguna de estas encuestas pregunta específicamente sobre detener a personas al azar en la calle. Y una encuesta de Pew posterior ese mismo año mostró que el 54 % desaprobaba las redadas en los lugares de trabajo.
Aun así, parece lógico suponer que las escenas de agentes deteniendo a personas en público en Minneapolis han influido significativamente en que 6 de cada 10 estadounidenses decidan que la aplicación de la ley migratoria de Trump ha ido “demasiado lejos”.
Los demócratas han protestado porque la administración Trump ha afirmado que puede entrar en el domicilio de una persona sin una orden judicial, utilizando en su lugar una orden administrativa más fácil de obtener, que el propio poder ejecutivo otorga.
Además, han presionado para codificar el debido proceso de otras maneras, dado el gran esfuerzo de la administración Trump por acelerar las deportaciones, a pesar de un historial de errores en este aspecto.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha calificado la exigencia de órdenes judiciales como “una propuesta inviable”. La administración Trump ha argumentado repetidamente que los migrantes indocumentados no deberían tener el mismo debido proceso que los ciudadanos.
Lo que muestran las encuestas: Parece que los estadounidenses creen que las personas en la mira del ICE deberían tener derecho a impugnar sus deportaciones de forma suficiente.
Una encuesta de Reuters-Ipsos realizada en julio mostró que los estadounidenses discrepaban (50%) frente a un 37%) con la idea de que los presuntos migrantes indocumentados no tengan derecho al debido proceso.
Una encuesta del Instituto de Investigación de Religión Pública realizada en mayo mostró que los estadounidenses, con un margen del 61% frente al 37%, se oponían a deportar personas a prisiones extranjeras sin el debido proceso, como lo ha hecho la administración Trump.
Las cámaras corporales parecen ser un tema de consenso; una encuesta reciente de la Universidad de Quinnipiac muestra que el 92% opina que deberían ser obligatorias. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció recientemente que los agentes las usarían.
La posibilidad de que los agentes del ICE usen mascarillas es un debate más polémico entre los partidos. Los demócratas advierten que les dan una sensación de impunidad, mientras que la administración ha afirmado que son importantes para evitar la “doxing”, es decir, compartir la información personal de los agentes, lo que puede convertirlos en blancos de ataque.
Pero si el pueblo estadounidense decidiera, las mascarillas quedarían descartadas.
La encuesta de Quinnipiac mostró que el 61% de los votantes registrados opinó que no se deberían permitir las mascarillas, frente al 35%. La encuesta de NBC mostró que el 63% de los estadounidenses las desaprobaba. Cabe destacar que el 49% de quienes se oponían firmemente a las mascarillas era aproximadamente el doble que el 24% que las aprobaba firmemente.
Los republicanos han argumentado que las recientes sentencias de la Corte Suprema han permitido que las autoridades migratorias se centren en las personas según su apariencia o el idioma que hablan.
En cualquier caso, esto no significa que los estadounidenses estén de acuerdo con esta política. Una encuesta de Pew del mes pasado reveló que el 72% de los estadounidenses afirmó que era inaceptable que los agentes de inmigración utilizaran la apariencia o el idioma de una persona para verificar su estatus migratorio.
Un video muy compartido de Minneapolis mostraba a un agente de la Patrulla Fronteriza diciéndole a un hombre que le había pedido su documentación “por su acento”. Y los jefes de policía locales han citado posibles casos de discriminación racial, que el DHS ha negado.
El Gobierno ha expandido rápidamente ICE gracias a la enorme financiación del proyecto de ley de Trump del año pasado. Rápidamente se convirtió, con diferencia, en la agencia federal de aplicación de la ley con mayor financiación.
Y los demócratas llevan mucho tiempo preocupados de que esto pueda generar una afluencia de agentes con una formación insuficiente.
Es difícil medir la opinión de los estadounidenses sobre este tema en concreto. Sin embargo, una encuesta de Reuters-Ipsos de este mes mostró que el 80 % de los estadounidenses considera que los estándares de formación y conducta son “extremadamente” (57 %) o “muy” (23 %) importantes.
Los demócratas están presionando para crear un nuevo sistema de rendición de cuentas en la aplicación de la ley migratoria. Y los estadounidenses han indicado su interés en una mayor supervisión.
Las encuestas han demostrado repetidamente que no confían en que la administración rinda cuentas, especialmente después de que claramente intentara evitar una investigación exhaustiva del agente de ICE que disparó a Good. (La administración ha indicado que llevaría a cabo una investigación más exhaustiva sobre la muerte de Pretti, tras las peticiones bipartidistas al respecto).
Una encuesta de Ipsos realizada el mes pasado, tras el asesinato de Good, mostró que los estadounidenses dijeron que un 59% frente a un 39% no confiaban en que la investigación fuera justa.
Asimismo, la encuesta de Quinnipiac mostró que un 61% frente a un 25% de los estadounidenses dijeron que la administración no había dado una versión honesta del asesinato de Pretti.
Y un impresionante 80% opinó que debería haber una investigación “independiente”. Incluso la mayoría de los republicanos (56%) apoyó esta postura.
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