Fiscales instan al Departamento de Justicia de EE.UU. a presentar cargos penales contra Boeing por el 737 Max
Belén Liotti
(CNN) — Los fiscales instan al Departamento de Justicia de Estados Unidos a presentar cargos penales contra Boeing por problemas de seguridad relacionados con su 737 Max, aunque altos funcionarios del Departamento de Justicia todavía no tomaron una decisión final, le dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto.
Los posibles cargos penales son el último golpe severo a la reputación de Boeing, una compañía que alguna vez fue conocida por la calidad y seguridad de sus aviones comerciales. Más allá de dos accidentes fatales del 737 Max en 2018 y 2019, la compañía se enfrentó a una serie de preguntas sobre la seguridad y la calidad de sus aviones. En enero, un tapón de la puerta de un 737 Max volado por Alaska Air explotó al comienzo de un vuelo, que dejó un enorme agujero en el costado del avión y dañó aún más la reputación de Boeing.
El Departamento de Justicia y Boeing llegaron a un acuerdo en enero de 2021 para resolver los cargos que alegaban que la compañía defraudó a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas inglés) durante el proceso de certificación del 737 Max antes de que pudiera transportar a sus primeros pasajeros. El avión entró en servicio en 2017, pero sufrió dos accidentes fatales, en octubre de 2018 y marzo de 2019, que provocaron que el avión estuviera en tierra durante 20 meses. La causa de los accidentes resultó ser un defecto de diseño, admitió Boeing.
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El acuerdo de 2021 habría evitado que a Boeing se le adjudicara cualquier responsabilidad penal, a pesar de la declaración del Departamento de Justicia en ese momento de que “declaraciones engañosas, verdades a medias y omisiones comunicadas por los empleados de Boeing a la FAA” habían ocultado problemas potenciales con el defecto de diseño.
Reuters informó por primera vez sobre la recomendación. Este lunes temprano, Boeing se negó a comentar sobre ese informe y no hizo ningún comentario cuando se le contactó nuevamente este lunes por la noche.
Boeing les dijo a los fiscales que impugnará las acusaciones de que violó el acuerdo de 2021.
Algunos familiares de las víctimas del accidente y miembros del Congreso criticaron duramente el acuerdo de 2021, conocido como acuerdo de procesamiento diferido, que libró a Boeing de cargos penales en ese momento. Y este mes, un grupo de esos familiares escribió una carta al Departamento de Justicia en la que instan a Boeing a recibir la multa máxima posible de US$ 24.900 millones. La carta que escribieron al Departamento de Justicia calificaba las acciones de Boeing como “el crimen corporativo más mortífero en la historia de Estados Unidos”.
Boeing tenía poco más de US$ 6.900 millones disponibles en su último informe de resultados trimestral a finales de marzo.
El acuerdo de procesamiento diferido de 2021 debía expirar en enero pasado, y haber liberado a Boeing del riesgo de responsabilidad penal. Pero apenas unos días antes de que expirara ese plazo, ocurrió el incidente de Alaska Air.
Los cargos contra Boeing no significan que ningún ejecutivo de Boeing enfrentará cargos como individuo. Pero podría agravar los profundos problemas financieros de la empresa. Registró pérdidas operativas básicas de US$ 31.900 millones desde el inicio de la inmovilización de 20 meses del 737 Max que le siguió a su segundo accidente mortal en 2019.
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La empresa corre el riesgo de perder su calificación crediticia de grado de inversión por primera vez en su historia. Si su deuda cae en el estado de bonos basura, el costo de pedir prestado el dinero que necesita para cubrir las pérdidas se disparará.
En el caso más extremo, Boeing podría ser declarado inelegible para hacer negocios con el Gobierno federal si es declarado culpable de un delito. Eso sería prácticamente una sentencia de muerte para Boeing, que obtuvo el 37% de sus ingresos en 2023 de contratos con el Gobierno de Estados Unidos. Pero tal sanción es muy improbable por razones de seguridad nacional, ya que la mayoría de esos contratos son con el Departamento de Defensa.
Pero si la empresa enfrenta cargos penales, el resultado más probable es un nuevo acuerdo. Y tal acuerdo probablemente incluiría algún tipo de supervisión adicional de las operaciones de la compañía, tal vez en la forma de un monitor federal, dijo Richard Aboulafia, director gerente de AeroDynamic Advisory, un consultor de gestión aeroespacial y de defensa.
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