El “plan B” de la reforma electoral de Sheinbaum cerró un capítulo pero abrió un conflicto
Análisis por Mario González, CNN en Español
La aprobación en el Senado de México de una parte de la reforma electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum pone fin a cuatro años de un intenso debate que ha provocado cambios profundos en la vida política de México.
Pero abre otro capítulo sobre el destino de la coalición gobernante de la llamada la Cuarta Transformación.
En efecto, lo que a primera instancia parece un triunfo del partido gobernante y sus aliados es más bien una fractura entre Morena, El Partido Verde Ecologista y el del Trabajo. Una ruptura de facto, aunque sus dirigentes y la propia presidenta manifiesten en público que la coalición se mantiene, al igual que sus principios. Sin embargo, hay pocas señales que den muestra de eso.
No hay que olvidar que esta reforma proviene de otras propuestas, al menos cinco. La primera fue iniciativa de la propia mandataria (el “plan A), que naufragó en el Congreso, pero antes hubo también intentos frustrados de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, el primero presentado en abril de 2022 y frenado en la discusión parlamentaria, y el otro aprobado por el legislativo pero revertido por la Suprema Corte de Justicia. Y finalmente el llamado el “plan C”, que fue más bien un planteamiento que lanzó López Obrador en 2024 antes de dejar la presidencia, como una especie de herencia para su sucesora.
La herencia consistía en hacer un llamado a la ciudadanía para que votara mayoritariamente por los partidos de la llamada Cuarta Trasformación para tener una amplia mayoría en el Congreso y así poder asegurar los votos suficientes para que se logre la anhelada reforma constitucional en materia electoral.
Esta herencia fue asumida por la presidenta Sheinbaum como un compromiso de campaña con su electorado. Y recordemos que fue la presidenta más votada en la historia del país.
Vale la pena rememorar también que en 2024 ese “plan C” de López Obrador contemplaba usar la mayoría para transformar al Poder Judicial. El expresidente juró cobrar venganza a la Suprema Corte después de que su iniciativa electoral fue truncada por los ministros y ministras del supremo. Y lo logró.
Ya con Sheinbaum como presidenta electa y con una nueva mayoría instalada en el Congreso (el legislativo tomó posesión un mes antes de que lo hiciera la presidenta), se aprobó una reforma constitucional para transformar por completo al Poder Judicial, en la que, entre otras cosas, se dispuso la elección directa de los integrantes de la Suprema Corte, que fortaleció a la coalición de Morena y aliados dentro del Poder Judicial. Fue un intento de politizar al sistema de justicia en México.
Regresando a las propuestas de la presidenta Sheinbaum, vamos con la última y definitiva, llamada “plan B”, que es el resultado del un primer intento fallido que no encontró el apoyo de los aliados de Morena. Era una iniciativa más ambiciosa que de inmediato se encontró con el rechazo del Partido Verde y el PT. Ellos la tomaron como una amenaza existencial y se sentían vulnerados porque la propuesta apuntaba a su eventual extinción, vía recorte de partidas presupuestales y un menor peso en el Congreso con límites a los legisladores de representación proporcional. Algo inaceptable para esos partidos que han logrado mantenerse gracias a las reglas que se pretendían cambiar.
A pesar de que el partido gobernante Morena es la fuerza más grande en el Congreso, requiere de los votos de sus aliados para conseguir una mayoría calificada (las dos terceras partes) para una reforma constitucional.
Ante el rechazo de la propuesta, la presidente Sheinbaum envió enseguida su siguiente iniciativa, que también fue vista con recelo por un cambio constitucional sobre la figura de la revocación de mandato presidencial: se proponía que la revocación del mandato fuera concurrente con elecciones federales, con la facultad del ejecutivo de realizar actos proselitistas para promover su imagen.
Es decir, en una elección federal regular, como la del 2027, la presidenta, podría ser sometida a un proceso de revocación, pero ella tendría la facultad de hacer campaña a su favor. Según opositores y aliados, eso podría enturbiar el proceso favoreciendo a su partido, en este caso Morena.
Actualmente la legislación contempla la revocación del mandato pero separada de elecciones federales, precisamente para evitar que existan conflictos de interés entre un proceso y el otro.
La propuesta no prosperó por la abierta oposición del Partido del Trabajo, que se sumó a la oposición del PRI y del PAN. Sin embargo, sí avaló el resto de la iniciativa que son cambios menores que tienen que ver con organismos estatales y municipales (ajustar presupuestos y recortar el tamaño de las regidurías municipales) y recortar salarios de los funcionarios públicos electos y del Instituto Nacional Electoral.
El impacto de la reforma quedó tan diluido, tan “descafeinado”, que muchos analistas se preguntan si en realidad es una reforma electoral o más bien una “reformita” con cambios administrativos.
La presidenta ha dicho que está satisfecha con la reforma porque considera que lo más importante de ella fue avalado por el Congreso, sobre todo lo relativo al ahorro de miles de millones pesos (según la presidencia unos US$ 200 millones del presupuesto).
Por lo pronto la iniciativa aprobada en el Senado ya fue enviada a la cámara de diputados para su aprobación, donde se espera que suceda lo mismo. Y al tratarse de una reforma constitucional deberá ser aprobada por más de la mitad de los congresos estatales, que no parece problema porque hoy morena gobierna en 24 de los 32 estados del país.
Sin embargo, las recriminaciones dentro de la Cuarta Transformación hablan de frustración, inconformidad entre las dirigencias y pérdida de confianza. Legisladores de Morena reclaman a los del Verde y el PT que había un compromiso para sacar adelante la reforma, y que deben su actual posición al compromiso que se hizo con el electorado precisamente para estos cambios constitucionales.
La ruptura del oficialismo con sus aliados marcará el rumbo del Gobierno hacia los comicios me mitad de mandato de 2027, en los que se renueva la totalidad de la cámara de diputados (las 500 curules) y se disputarán 17 gubernaturas —que representan más de la mitad de los 32 Estados de México— así como congresos estatales. Si la coalición gobernante se mantiene entre los tres partidos, sin duda habrá una fuerte disputa por la definición de los cargos de elección popular. Si por el contrario la alianza se rompe, cada partido estará libre de establecer nuevas alianzas con los partidos de franca oposición o de ir por su cuenta provocando una división del electorado de izquierda.
Ante toda la incertidumbre que se ha generado por el debate de la reforma electoral, la buena noticia es que llegó a su término, hasta los próximos años. Así que por lo pronto la política mexicana estará obligada a olvidar el tema para dedicarse a otros asuntos importantes que requieren de acciones urgentes, en materia de economía, de seguridad, salud, entre tantos otros.
Y si en algún momento y por cualquier motivo se vuelve a discutir una reforma al marco electoral, podrá existir la enorme oportunidad de tocar temas importantes que tienen que ver con la fiscalización para detectar financiamiento ilícito de las campañas políticas por parte del crimen organizado. Un tema que ha lesionado seriamente al país porque ha sido el origen de la colusión entre criminales y políticos. Un grave problema que ha sido denunciado por organismos nacionales e internacionales y que contradictoriamente no se ha tocado en ninguno de los tantos planes e iniciativas constitucionales de los últimos cuatro años.
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