Las principales grietas en las concesiones de Todd Blanche a Cornyn y Tillis
Análisis por Aaron Blake, CNN
El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, parece haber satisfecho las exigencias de los senadores John Cornyn y Thom Tillis, al menos lo suficiente para que avance su designación como secretario de Justicia de EE.UU.
Blanche publicó el domingo por la noche un documento escrito que supuestamente revoca el controvertido fondo contra la “instrumentalización de la Justicia” impulsado por el presidente Donald Trump y limita la inmunidad tributaria que el propio Gobierno de Trump le otorgó mediante el mismo acuerdo.
Pero esas garantías no son precisamente sólidas.
Y, aun después de este pulso político, Trump sigue conservando un enorme beneficio financiero personal derivado de un acuerdo jurídicamente cuestionable, al que Cornyn y Tillis, al parecer, no han puesto objeciones.
En primer lugar, la noticia: el domingo por la noche, Blanche publicó dos documentos destinados a responder a las preocupaciones de Cornyn y Tillis. (Cualquiera de los dos senadores podría haber bloqueado su confirmación en la Comisión Judicial del Senado votando en contra, ya que los republicanos solo tienen una ventaja de un escaño en esa comisión).
Cornyn y Tillis respondieron este lunes por la mañana con una declaración conjunta en la que afirmaron que “esperan votar pronto para que su designación avance desde la Comisión Judicial del Senado”. Se espera que la votación de la comisión se realice este martes.
Uno de los documentos establece que la orden del 18 de mayo de Blanche que creó el fondo contra la “instrumentalización de la Justicia”, el cual la administración había dicho que podría utilizarse para pagar a personas condenadas por el ataque al Capitolio del 6 de enero, queda “revocado y carecerá de fuerza o efecto”.
El otro documento pretende aclarar la orden de Blanche que otorgó inmunidad tributaria a Trump, al señalar que solo se aplica a asuntos fiscales pasados y únicamente a “las partes nombradas en la demanda”, es decir, Trump, sus hijos y la Organización Trump. Cornyn había dicho que quería que esa parte del acuerdo se limitara.
Pero ambas aparentes concesiones contienen claros vacíos legales.
El problema de que Blanche revoque la orden que creó el fondo contra la “instrumentalización de la Justicia” es que eso no parece eliminar necesariamente el fondo por completo.
Como explicó Andrew McCarthy, de National Review, los términos del acuerdo (ver nuestra anotación aquí) establecen que solo puede “modificarse mediante el acuerdo por escrito de las partes”. Eso incluye a Trump.
Por lo tanto, aunque Blanche revocó una orden independiente que él mismo redactó para crear el fondo conforme al acuerdo, el acuerdo en sí sigue vigente y, aparentemente, podría hacerse cumplir.
De hecho, Cornyn y Blanche explicaron esencialmente este punto durante un intercambio en la audiencia de confirmación de Blanche a mediados de julio, antes de acordar dar luz verde a su designación.
Cuando comenzó a presionar a Blanche, Cornyn preguntó si las partes, incluido Trump, habían modificado el acuerdo. (No lo habían hecho, respondió Blanche). Durante ese intercambio, Blanche reconoció que, incluso si prometía verbalmente eliminar por completo el fondo, el acuerdo seguía siendo un “documento exigible” y Trump podría presentar una demanda para hacer cumplir sus términos.
Blanche sostuvo que, dado que el fondo habría sido eliminado, “el resultado de ese litigio, cualquiera que fuera, no implicaría el restablecimiento del fondo”. Cornyn dio por terminado el asunto.
Pero McCarthy escribió que esa no es toda la historia.
Incluso algunos partidarios del fondo sugirieron que el documento de Blanche podría quedar sin efecto.
Blanche y sus aliados podrían argumentar que el nuevo documento haría políticamente imposible revivir el fondo, porque se vería muy mal y podría impulsar al Congreso a aprobar una ley para eliminarlo definitivamente. Pero no existe ninguna garantía de ello.
Aunque Blanche escribió que el acuerdo de inmunidad con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) estaba limitado a las partes de la demanda —aparentemente Trump, sus hijos y la Organización Trump—, tampoco está claro cuán sólido es ese argumento.
El segundo documento señala que Blanche “reitera que la interpretación del Departamento de Justicia es que la orden solo tiene efecto” para las partes de la demanda. En otras palabras, presenta esa afirmación como una aclaración y no como una modificación.
Pero el documento original parece tener un alcance mucho más amplio que solo Trump, sus hijos y la Organización Trump.
En él se establece que el Gobierno federal quedará “PERMANENTEMENTE IMPEDIDO y PROHIBIDO de procesar o presentar cualquier reclamación… que haya sido o pudiera haber sido presentada por los demandados contra cualquiera de los demandantes o personas relacionadas o afiliadas (incluidos, entre otros, familiares u otras personas que presenten declaraciones conjuntas), o entidades como fideicomisos, empresas matrices, compañías hermanas o relacionadas, afiliadas y subsidiarias…”.
Es difícil conciliar ese texto con el alcance limitado que Blanche asegura que tiene el acuerdo de inmunidad. Además, este segundo documento, a diferencia del relacionado con el fondo contra la “instrumentalización de la Justicia”, no fue firmado por Blanche. Por ello, la cuestión vuelve a ser si el nuevo documento cambia realmente algo desde el punto de vista jurídico.
Cornyn y Tillis afirmaron este lunes por la mañana, en su declaración conjunta, que el nuevo documento de Blanche constituye una “orden escrita vinculante”.
Pero incluso si ese alcance más limitado resulta válido, los términos actualizados seguirían permitiendo a Trump obtener un importante beneficio económico.
The New York Times informó que otorgarle inmunidad personal respecto de asuntos tributarios pasados podría ahorrarle una sanción fiscal de US$ 100 millones.
Además, Trump habría obtenido ese beneficio mediante un procedimiento altamente cuestionable. Esa inmunidad surge de una demanda y un acuerdo que, según un juez, equivalieron a un intento de “manipular el proceso judicial”. Ello se debe a que Trump consiguió ese acuerdo tras demandar al Gobierno federal, sobre el cual él mismo ejerce control.
En otras palabras, incluso si el fondo contra la “instrumentalización política” desaparece por completo y la inmunidad del IRS realmente queda restringida desde el punto de vista legal, Trump sigue saliendo de todo este proceso con una importante victoria personal.
El acuerdo sigue expuesto a litigios que podrían invalidar la inmunidad otorgada a Trump. Pero Cornyn, Tillis y los republicanos que votarán para confirmar a Blanche aparentemente han dado luz verde a un posible beneficio financiero millonario para Trump, un hombre que ya ha obtenido enormes ganancias económicas gracias a la presidencia, de una manera que muchos consideran descarada.
Así que sí, Blanche terminó cediendo en cierta medida. Todo esto seguramente dificulta, al menos desde el punto de vista político, que el fondo contra la “instrumentalización política” vuelva a ponerse en marcha.
Pero no se trata de un caso en el que los senadores republicanos hayan mantenido una posición firme frente a Trump y obtenido concesiones inquebrantables que lo dejaran con las manos vacías. Muy por el contrario.
“No es mucho pedir”, dijo Cornyn la semana pasada sobre sus exigencias.
En efecto.
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