Victoria para Trump: Corte Suprema reactiva herramienta sobre datos de ciudadanía para auditorías de votantes
Por Tierney Sneed, CNN
En una importante victoria para los esfuerzos del presidente Donald Trump por identificar a votantes que no son ciudadanos, la Corte Suprema dictaminó el viernes que los estados pueden utilizar una controvertida herramienta de recopilación de datos de ciudadanía para revisar los padrones electorales.
La opinión del tribunal, emitida sin firma, desestimó los argumentos de que la administración probablemente infringió la ley al facilitar a los funcionarios el uso del sistema de datos para verificar el estatus de ciudadanía de los votantes.
No obstante, la opinión hizo hincapié en el uso del programa para verificaciones “individualizadas” de la ciudadanía de los votantes a medida que se acercan las elecciones, al tiempo que sugirió que la ley federal prohíbe las depuraciones masivas de los padrones cerca del día de los comicios.
Los tres magistrados de tendencia liberal expresaron su desacuerdo con el fallo.
La orden revoca una decisión anterior que había bloqueado el uso del programa conocido como Systematic Alien Verification for Entitlements (Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, o SAVE, por sus siglas en inglés). La jueza de distrito Sparkle Sooknanan había concluido previamente que la administración violó la ley federal de privacidad al modificar el programa de datos para permitir su uso en revisiones exhaustivas de los padrones electorales estatales.
Según la ley federal —señaló la mayoría—, “el gobierno federal tiene la obligación de responder a las solicitudes de los funcionarios electorales estatales y locales que buscan verificar la ciudadanía de los votantes”. La orden del tribunal inferior, afirmó la Corte Suprema, “impide que el gobierno federal utilice el programa que considera más adecuado para esta tarea”.
Los tres magistrados liberales discreparon del fallo.
“El daño causado al imponer cargas o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legítimos supera el daño inexistente que experimenta el gobierno cuando se le impide tomar una medida para la que probablemente carece de autoridad”, escribió la magistrada Ketanji Brown Jackson en una disidencia a la que se unieron las magistradas Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
La opinión mayoritaria hizo referencia a las prohibiciones de la Ley Nacional de Registro de Votantes que prohíben la eliminación “sistemática” de votantes dentro de los 90 días previos a una elección y afirmó que el impacto inmediato de reactivar el programa era limitado debido a dicha “moratoria”.
Sin embargo, la administración Trump también ha argumentado que la denominada prohibición de 90 días sobre las eliminaciones masivas sí se aplica a las purgas dirigidas a no ciudadanos, y en los próximos meses, la Corte Suprema revisará un caso que considera estos argumentos. Una nota al pie de página en la opinión del viernes mencionaba el caso y señalaba que la corte “no necesitaba decidir” la cuestión “en este caso”.
Se trata de una victoria para los republicanos en la sesión de emergencia del Tribunal Supremo tras dos importantes derrotas en los últimos días: el rechazo por parte del tribunal de las nuevas normas sobre el voto por correo y el intento del Partido Republicano en Misuri de atacar un distrito de la Cámara de Representantes con sede en Kansas City, actualmente en manos de un demócrata.
Los funcionarios electorales estatales y locales han utilizado durante mucho tiempo el programa SAVE para verificar la ciudadanía de sus votantes caso por caso. Sin embargo, la ampliación del programa por parte de la administración generó impugnaciones legales, ya que la herramienta de datos puede producir resultados erróneos que identifican erróneamente a votantes elegibles como no ciudadanos, aumentando el riesgo de privación del derecho al voto para aquellos cuyas inscripciones se cancelan debido a la revisión de SAVE. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que administra el programa, ha reconocido que sus resultados no siempre son precisos.
Los demandantes —grupos de defensa del votante, un grupo de protección de la privacidad de datos y votantes individuales— culpan al gobierno federal por crear “temerariamente” “una base de datos maestra de ciudadanía plagada de errores que pone en peligro la privacidad y el derecho al voto de millones de estadounidenses”.
Sin embargo, la administración argumentó en su apelación de emergencia ante la Corte Suprema que los estados son los culpables si los votantes son excluidos indebidamente cuando los funcionarios electorales utilizan el programa, especialmente porque el DHS insta a los estados a realizar una investigación adicional de las coincidencias.
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