Departamento de Justicia denuncia supuesto sesgo de jueces en casos migratorios
Por Tierney Sneed y Hannah Rabinowitz, CNN
El Departamento de Justicia presentó una queja por mala conducta judicial contra casi todos los jueces federales de Minnesota, anunció el miércoles el secretario de Justicia Todd Blanche, lo que intensifica las tensiones entre el Gobierno de Trump y el poder judicial.
La exigencia de la administración de que los jueces sean apartados de los casos relacionados con inmigración surgió a raíz de un artículo reciente del New York Times, en el que seis jueces federales describieron el incumplimiento de las órdenes judiciales por parte del Departamento de Justicia —durante un aumento en las operaciones de control migratorio— como una grave amenaza para el Estado de derecho.
En sus comentarios, los jueces se centraron en cómo la escasez de personal del Departamento de Justicia parecía obstaculizar la capacidad de la administración para cumplir con sus órdenes, algo similar a lo que ya habían expresado anteriormente en contextos legales. Sin embargo, Blanche afirmó el miércoles que los comentarios eran “abiertamente políticos”, violaban las normas judiciales y reflejaban un “sesgo evidente” contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
Mientras la queja ética está pendiente de resolución ante el tribunal federal de apelaciones que supervisa a los jueces federales de Minnesota, Blanche está instando a los jueces de distrito a que se inhiban de conocer casos relacionados con el DHS.
No obstante, es posible que esta exigencia no tenga gran repercusión, dado que intentos y quejas públicas anteriores no prosperaron, y el umbral para apartar a un juez de un caso es muy elevado.
El Gobierno de Trump ha empleado diversas tácticas para arremeter contra jueces a quienes considera hostiles a la agenda del presidente Donald Trump. Entre ellas figura una demanda infructuosa del Departamento de Justicia —presentada contra todo el cuerpo de jueces federales de Maryland— para impugnar una orden judicial que limitaba la capacidad de la administración para expulsar rápidamente a migrantes que estaban apelando sus órdenes de deportación.
También ha incluido la disposición de altos funcionarios del Gobierno de Trump a utilizar un lenguaje excepcionalmente duro para señalar públicamente, por su nombre, a jueces cuyas decisiones les desagradaban.
A medida que los tribunales de todo el país se enfrentaban a críticas públicas agresivas por parte del presidente y sus aliados debido a fallos que bloqueaban iniciativas políticas de Trump, los jueces han expresado su preocupación por cómo esta retórica incendiaria ha hecho surgir el riesgo de amenazas e intimidación.
“Estos jueces hablaron con los medios de comunicación, o al menos con el New York Times, sobre casos —algunos de los cuales siguen en curso— de una manera que el departamento considera una clara violación de sus deberes éticos”, declaró Blanche.
Esta última campaña del Departamento de Justicia contra el tribunal federal de Minnesota se enmarca en un debate dentro del ámbito jurídico sobre si es apropiado que los jueces critiquen las acciones de la administración en comentarios realizados fuera del contexto de un procedimiento legal.
Las extraordinarias disputas legales derivadas de las medidas sin precedentes adoptadas por Trump y sus colaboradores al inicio de su segundo mandato dieron lugar a casos notables en los que jueces expresaron —tanto en declaraciones oficiales como en entrevistas anónimas con medios de prensa— su preocupación ante lo que consideraban un ataque a las normas democráticas. En ocasiones, sus comentarios no solo apuntaban al Gobierno de Trump, sino también a la Corte Suprema por la frecuencia con la que ha revocado fallos de tribunales inferiores contrarios a dicha administración, ofreciendo escasas explicaciones al respecto.
El senador Chuck Grassley (Iowa) y el representante Jim Jordan (Ohio) —presidentes republicanos de las Comisiones Judiciales del Senado y de la Cámara de Representantes, respectivamente— instaron al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, a poner freno a la práctica de que los jueces hablen con la prensa (especialmente de forma anónima). En su carta, destacaron las críticas de jueces de tribunales inferiores sobre cómo la Corte Suprema revocaba sus fallos contra Trump sin apenas dar explicaciones.
La comisión de conducta de la Conferencia Judicial —un órgano que establece normas para los jueces federales y que está bajo la supervisión de Roberts— terminó ofreciendo unas directrices más matizadas.
Una directriz ética emitida para jueces en febrero señalaba que, en “algunas circunstancias”, cabía la posibilidad de que ofrecieran una “defensa mesurada de sus colegas judiciales frente a formas ilegítimas de crítica y ataques que amenazaran con socavar la independencia judicial o el Estado de derecho”.
El documento indicaba que la violencia, la intimidación, la desinformación y las amenazas de desacatar órdenes judiciales eran ejemplos de actividades “ilegítimas” sobre las que los jueces podían pronunciarse. No obstante, también instaba a los jueces a considerar el “tono, el contexto y la forma” de sus declaraciones, incluso en situaciones en las que un juez hablara de forma anónima con la prensa.
El pequeño grupo de jueces citados en el reportaje del New York Times habló abiertamente y no de forma anónima, aunque el artículo señalaba que el medio había conversado con siete jueces en total. Uno de ellos, nombrado por Trump durante su primer mandato, pareció hacer referencia a la reciente directriz ética.
“Tenemos permitido pronunciarnos sobre la independencia judicial”, declaró la jueza Nancy E. Brasel al New York Times. “Y debemos hacerlo para preservarla”.
Sin embargo, el miércoles, Blanche argumentó que los comentarios tenían un carácter político y abordaban casos aún pendientes, lo cual infringía las normas judiciales. La queja del Departamento de Justicia se dirigía contra los seis jueces en activo que participaron en el reportaje; un séptimo juez en activo del tribunal no habló con el Times.
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