El allanamiento en la casa de Ilhan Omar encaja en un patrón muy político por parte de Trump y su Departamento de Justicia

Análisis de Aaron Blake, CNN

Queda por ver qué tipo de pruebas tiene el Departamento de Justicia de Trump contra la representante demócrata por Minnesota, Ilhan Omar, cuya vivienda en el área de la ciudad de Washington fue registrada por agentes federales el lunes.

Sin embargo, cabe destacar que ella ha sido un blanco frecuente de Trump, quien a menudo ha dirigido su Departamento de Justicia contra sus enemigos políticos. Trump afirma no haber participado en el registro, pero resulta muy inusual que el Departamento de Justicia lleve a cabo medidas de investigación tan agresivas tan cerca de unas elecciones.

Este episodio completa un patrón cada vez más llamativo: indulgencia con los republicanos del Congreso condenados por delitos y acciones legales contra los demócratas del Congreso, a menudo basadas en pruebas bastante débiles.

He aquí un dato revelador:

• Trump ha indultado a 9 de los últimos 11 congresistas republicanos condenados por delitos federales.
• Su Departamento de Justicia ha imputado, intentado imputar o emprendido medidas de investigación conocidas contra al menos 13 miembros demócratas del Congreso desde que regresó al cargo.

Los indultos abarcan a la gran mayoría de los republicanos condenados desde 2010: los exrepresentantes George Santos, Chris Collins y Michael Grimm (Nueva York), Steve Buyer (Indiana), Robin Hayes (Carolina del Norte), Duncan Hunter (California), Steve Stockman (Texas), Rick Renzi (Arizona) y Mark Siljander (Michigan).

Los únicos congresistas republicanos condenados desde 2010 a los que Trump no indultó fueron el expresidente de la Cámara de Representantes Dennis Hastert —condenado en 2015 en un caso de pago para silenciar a víctimas relacionado con presuntos abusos a atletas de secundaria (Hastert falleció la semana pasada)— y el exrepresentante David Rivera (Florida), condenado en mayo y sentenciado la semana pasada a 10 años de prisión por una campaña secreta de cabildeo a favor de Venezuela.

Rivera, amigo desde hace mucho tiempo del secretario de Estado, Marco Rubio, ya ha solicitado un indulto.

Por otro lado, el Departamento de Justicia de Trump ha puesto en el punto de mira a muchos miembros demócratas del Congreso.

Algunos casos podrían deberse a motivos legítimos; la ahora exrepresentante Sheila Cherfilus-McCormick dimitió del Congreso en abril tras determinarse de forma bipartidista que había cometido infracciones éticas, y ha sido imputada (ella se ha declarado inocente).

Sin embargo, las pruebas contra otros han sido escasas. Entre ellos figuran los seis miembros demócratas del Congreso a quienes el Departamento de Justicia de Trump intentó —sin éxito— imputar por grabar un video en el que instaban a los militares a no obedecer órdenes ilegales (a pesar de que esa es una instrucción que los miembros de las Fuerzas Armadas ya reciben).

En total, el Departamento de Justicia de la administración Trump logró la imputación de dos miembros demócratas: Cherfilus-McCormick y la representante LaMonica McIver, de Nueva Jersey, acusada de agredir a agentes de inmigración durante un incidente caótico en un centro de detención de inmigrantes, el año pasado. (La acusación formal no sostiene que los agentes resultaran heridos y ella se ha declarado inocente).

El Departamento de Justicia no llegó a imputar a otros seis miembros: los senadores Mark Kelly (Arizona) y Elissa Slotkin (Michigan), y los representantes Jason Crow (Colorado), Chris Deluzio y Chrissy Houlahan (Pensilvania), y Maggie Goodlander (Nueva Hampshire).

Asimismo, emprendió medidas de investigación (de diversa índole) contra: Omar, el senador Adam Schiff (California), el senador Ruben Gallego (Arizona), el representante Robert García (California) y el representante Eugene Vindman (Virginia).

En cuanto al desglose partidista de los indultos de Trump, hay pocas excepciones entre los miembros del Congreso.

Trump indultó a dos ex miembros demócratas del Congreso. Sin embargo, uno de ellos fue el exrepresentante y exgobernador de Illinois Rod Blagojevich, quien participó en el programa de telerrealidad de Trump “The Apprentice” y se convirtió en un firme aliado suyo. El otro fue el representante Henry Cuellar, de Texas, a quien el presidente parece haber indultado con la esperanza de que cambiara de partido.

En lo que respecta a las investigaciones contra republicanos en el Congreso, prácticamente la única de gran relevancia parece ser la que afecta al representante Cory Mills, de Florida, quien —según informaron algunos medios en julio— estaba siendo objeto de escrutinio. Sin embargo, sus problemas parecen ser de tal magnitud —perdió las elecciones primarias en medio de acusaciones en su contra— que al Departamento de Justicia le resultaría difícil pasarlos por alto. (Tras la derrota del congresista, Trump incluso afirmó haberle instado a retirarse de la contienda).

El Departamento de Justicia bajo la administración Trump también ha desistido de investigaciones o casos preexistentes que involucraban al representante Andy Ogles (Tennessee), al exrepresentante Jeff Fortenberry (Nebraska) y, según se ha informado, a la senadora Susan Collins (Maine), de acuerdo con un importante informe reciente de ProPublica.

Algunos republicanos han respaldado el enfoque de Trump de aplicar dos raseros distintos al escrutinio legal, argumentando que es justo devolver el golpe, dado que el Departamento de Justicia investigó a numerosos republicanos durante la presidencia de Joe Biden.

No obstante, existen muchas menos pruebas que sugieran que dichas investigaciones fueran fruto de presiones políticas provenientes de la Casa Blanca de Biden. Por otro lado, el Departamento de Justicia bajo el mandato de Trump ha acumulado un número extraordinario de acusaciones fallidas contra adversarios políticos (a pesar de que el umbral probatorio para formular una acusación formal es bajo).

Asimismo, a diferencia de las pruebas poco sólidas presentadas contra figuras como los seis congresistas demócratas, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el exdirector del FBI, James Comey, la gran mayoría de los aliados de Trump que fueron acusados formalmente terminaron siendo condenados.

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