Gobierno de Trump intensifica la disputa sobre el registro de votantes con amenazas a funcionarios electorales de California
Por Jeremy Herb, Tierney Sneed y Evan Perez, CNN
La administración de Donald Trump amenazó con emprender acciones legales contra los funcionarios electorales de California si no revisaban en un plazo de 48 horas una lista de supuestos no ciudadanos en el censo electoral de Los Ángeles, según una carta del Departamento de Justicia del martes, obtenida por CNN.
La carta, firmada por el segundo funcionario de mayor rango del Departamento de Justicia, representa una escalada en los intentos del Departamento por ejercer presión para que se realicen purgas electorales con boletas ya enviadas en algunos estados, luego de que los tribunales rechazaran repetidamente los intentos del Gobierno de inmiscuirse en la organización de las elecciones.
Se trata de la medida más reciente de la campaña gubernamental para detectar fraude electoral en medio de las acusaciones infundadas del presidente Donald Trump sobre un supuesto fraude generalizado en las elecciones.
El Departamento de Justicia exige que los funcionarios electorales se nieguen a enviar las boletas a los presuntos votantes no ciudadanos y solicita que los funcionarios electorales separen las papeletas de los votantes que figuran en la lista hasta que se confirme su ciudadanía.
El secretario de Justicia adjunto interino, Trent McCotter, escribió en la carta que si los funcionarios electorales del condado de Los Ángeles no toman medidas para identificar a los presuntos votantes no ciudadanos, el Departamento de Justicia “no tendrá más remedio que solicitar medidas cautelares de emergencia”.
McCotter escribió que el departamento proporcionó una memoria USB protegida con contraseña que contiene nombres que el Gobierno “cree que probablemente corresponden a personas no ciudadanas” a quienes se les envió una boleta electoral por correo este año. Solicita que los funcionarios electorales colaboren con el Departamento de Seguridad Nacional para cumplir con sus exigencias.
La carta fue publicada inicialmente por Reuters.
Los portavoces de la secretaria de estado de California, Shirley Weber, y del registrador del condado de Los Ángeles, Dean Logan, no respondieron de inmediato a las preguntas de CNN sobre las últimas exigencias de la administración.
Se desconoce qué vía legal podría utilizar el Gobierno para obligar a los funcionarios electorales de California a tomar las medidas que solicita. La Constitución otorga a los estados la responsabilidad principal de organizar las elecciones, aunque también permite al Congreso aprobar algunas regulaciones al respecto.
A principios de este verano, el Departamento de Justicia envió cartas advirtiendo que procesaría a los funcionarios electorales que no tomaran las medidas adecuadas para eliminar a los no ciudadanos de los registros de votantes, pero los funcionarios estatales de ambos partidos desestimaron la amenaza.
No está claro por qué el Departamento de Justicia envió la carta ahora, ya que los funcionarios electorales consideran que el plazo para cambiar los protocolos expiró.
“Las listas de votantes de California son públicas, y esta administración ha tenido 21 meses con el control total del Gobierno federal para revisar esas listas públicas”, dijo David Becker, exabogado de la sección electoral del Departamento de Justicia que ahora asesora a los administradores electorales.
“California envió boletas por correo a todos los votantes el 5 de octubre. Cabe preguntarse por qué el Departamento de Justicia violaría sus propias normas sobre la investigación de elecciones cercanas al día de las elecciones, y más de una semana después de saber que el estado ya había enviado las boletas por correo, sobre todo cuando sus señalamientos anteriores han estado plagados de errores”, dijo Becker.
El Departamento de Justicia defendió el envío de las cartas.
“La ley federal es clara: solo los ciudadanos estadounidenses pueden votar en las elecciones federales. El Departamento tomará todas las medidas legales necesarias para proteger la integridad electoral y garantizar el cumplimiento de la ley federal”, afirmó la portavoz del Departamento de Justicia, Kiersten Pels.
La administración de Trump ha alegado que hay cientos de miles de personas no ciudadanas inscritas en los registros electorales. En agosto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) había identificado a 250.000 personas no ciudadanas registradas para votar en cuatro estados —entre ellos California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada— tras comparar los registros electorales públicos con los registros federales de inmigración.
Pero esas afirmaciones han sido objeto de un escrutinio exhaustivo y, en algunos casos, no se han sostenido. En Nevada, por ejemplo, el DHS reconoció ante los funcionarios estatales que su afirmación inicial de 15.900 personas registradas como no ciudadanas era un hallazgo preliminar no verificado, y que solo había “confirmado” 185 de ellas mediante una revisión manual. El mes pasado, los funcionarios de Nevada informaron al DHS que su propia revisión posterior determinó que las 185 personas eran ciudadanas, una conclusión que el DHS refuta.
La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia también solicitó a los estados datos completos del padrón electoral estatal como parte de su búsqueda de personas no ciudadanas inscritas en él. El departamento ha demandado a 30 estados exigiendo estos datos, pero ha perdido todos los casos en los que un juez ha dictado sentencia hasta el momento, incluido el de California.
Otros intentos del Gobierno por controlar cómo los estados gestionan las elecciones también han sido rechazados por los tribunales. La Corte Suprema de EE.UU. bloqueó una directriz de Trump para que el Servicio Postal de EE.UU. examinara las papeletas de voto por correo, y un decreto del presidente de 2025 que buscaba aumentar los requisitos de prueba de ciudadanía para el registro de votantes también fue suspendida por los tribunales.
Las iniciativas de Trump por implementar esos requisitos mediante legislación fracasaron en el Congreso este año. Un reciente fallo judicial que desestimó un proceso judicial contra un votante no ciudadano presentado por lel Gobierno en Florida también ha planteado interrogantes constitucionales sobre la ley federal que prohíbe el voto a personas no ciudadanas.
La administración logró una importante victoria legal cuando la Corte Suprema aprobó un sistema federal de datos de inmigración que Trump ha alentado a los estados a utilizar para verificar la ciudadanía de sus votantes registrados. Los funcionarios electorales de más de la mitad de los estados utilizan el sistema de forma voluntaria. Sin embargo, incluso los funcionarios electorales republicanos se han opuesto a las propuestas del Departamento de Justicia que los obligarían a eliminar de las listas a los votantes que el Gobierno considera no elegibles, especialmente dadas las dudas sobre la precisión de las herramientas de datos del Gobierno federal.
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Con información de Gabe Cohen, de CNN.
