Pueblos originarios de Argentina temen por desalojos tras la derogación de la emergencia territorial indígena en el país
Por Betiana Fernández Martino, CNN en Español
En medio de la ola de desregulaciones que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei, algunas comunidades indígenas de Argentina han expresado su preocupación de que una nueva medida oficial deje desprotegidos a los pueblos originarios.
El anuncio del decreto de necesidad y urgencia 1083/24 firmado a comienzos de diciembre declaró el fin de la emergencia de la posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, dispuesta en la Ley 26.160.
Según explica el fundamento de la norma, se deroga la emergencia ya que “impide el libre ejercicio de las actividades productivas y recreativas sobre las tierras involucradas, así como también limita el derecho a la disposición” de esos bienes.
Además, aduce que “el conflicto por la toma y usurpación de tierras, en muchos casos ejerciendo violencia, ha llevado a que se vean amenazados o restringidos los derechos de los ciudadanos legitimados con respecto a la titularidad de la tierra y a la libre circulación, se han bloqueado el desarrollo de inversiones y las obras de infraestructura para el desarrollo de servicios públicos, e inclusive se ha vulnerado el derecho a la tierra de familias que pertenecen a los mismos pueblos originarios”.
Diego Morales, director de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que la ley de emergencia, sancionada en 2006, se aprobó “en un contexto en el que en Argentina se había desarrollado ampliamente la promoción de la extensión de la frontera agrícola ganadera, donde los commodities internacionales estaban muy altos y Argentina era un proveedor de esas materias primas”. Este auge, según el abogado de la entidad defensora de derechos humanos, “provocó lentamente en esos años situaciones de desalojos, situaciones de desplazamiento de las comunidades indígenas y ampliación de las áreas de extensión para la agricultura “. Por este motivo, la ley declaró la emergencia como un reconocimiento del Estado de que las comunidades indígenas vivían una situación de emergencia territorial. “Era un mandato hacia todos los jueces de Argentina para que se suspendieran los desalojos de las comunidades originarias”, agrega.
Por su parte, Orlando Carriqueo, werken —autoridad del pueblo mapuche— y referente indígena de Río Negro, hace hincapié en que “hasta 2006, las comunidades eran corridas de las tierras y se incorporaba el título privado. La 26.160 fue una ley de emergencia que viene ligada al reconocimiento de los derechos de los pueblos. El reconocimiento de la preexistencia de una problemática que tiene más de 100 años en la Argentina”, asegura.
Según la ley, ahora derogada, el Estado debía llevar adelante un relevamiento territorial para conocer cuántas comunidades indígenas hay en Argentina y qué territorios ocupan. Según los últimos datos disponibles que publica el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en diciembre de 2023, de las 1.870 comunidades identificadas por la dirección de tierras, solo el 68% habían sido relevadas.
Por la demora en esta tarea, gobiernos de diferentes signos políticos prorrogaron la norma. Desde Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, hasta Alberto Fernández, buscaron que esta ley continúe vigente mientras el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) finalizaba el relevamiento.
Sin embargo, el gobierno de Milei puso fin a esta prórroga. Diferenciándose de sus antecesores, anunció a través de su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el fin de la emergencia ya que “el presidente estableció al derecho de propiedad como el primer punto del Consejo de Mayo”, dijo a través de un mensaje en X.
Morales afirma que “Argentina tiene una obligación no solo por la Constitución, sino porque ratificó el Convenio 169” de la Organización Internacional del Trabajo, al que adhirió el país, sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales. de reconocer la propiedad comunitaria de las tierras”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, subraya el experto del CELS, “le ordenó a Argentina tener una ley de propiedad comunitaria indígena”, pero ahora “la herramienta que existía para evitar desalojos de esas tierras indígenas ya no existe más”.
CNN se contactó con las autoridades del INAI, dependiente del Gobierno, para saber su postura respecto de esta derogación. Desde el INAI explicaron que “el Decreto deroga fundamentalmente la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas, atento a que la extensión de la emergencia (18 años) ha desvirtuado los fundamentos de la misma —y agregan que— ninguna emergencia puede perdurar en el tiempo, menos si los motivos que la motivaron no pudieron ser subsanados por la misma, ocultando las deficiencias para resolver las situaciones que le dieron origen”.
El presidente del INAI, Claudio Avruj, aseguró que “como gobierno estamos obligados a ordenar, transparentar y ser eficientes para todos los argentinos”.
La cuestión territorial no es el único punto de las políticas de Milei que preocupa a las comunidades originarias. El 11 de noviembre, Argentina fue el único país en votar en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra un proyecto de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La declaración reconoció la protección de los derechos de comunidades originarias en cuestiones como justicia, medioambiente y preservación de creencias espirituales, conocimientos ancestrales y lenguas, entre otros.
“Es necesario reconocer, respetar, promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios, tierras y ecosistemas, salvaguardando al mismo tiempo sus tradiciones, creencias espirituales y conocimientos ancestrales, de reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales”, decía el proyecto rechazado únicamente por Argentina.
Las comunidades y los especialistas ven estos gestos como señales que llevan a una problemática mayor: la invisibilización de los pueblos originarios y la negación de sus derechos.
Según Morales, con la derogación de la emergencia “las comunidades indígenas perdieron un argumento que el propio Estado había reconocido. Acá tenemos una emergencia, entonces esto te permitía también las posibilidades de al menos pensar en un diálogo o que el juez convocara un diálogo. Pero claro, sin eso las comunidades indígenas pueden ser vistas como extranjeras”.
Carriqueo dice que “pareciera haber un plan de desarrollo extractivo… ¿dónde están los recursos que pretende explotar cualquier gobierno? ¿Dónde está el litio?, en las comunidades indígenas de Jujuy, ¿dónde está el agua, donde está el oro?, en las comunidades indígenas, ¿dónde está el uranio?, en las comunidades indígenas, ¿dónde está el agua? En las comunidades. Bueno, esa es la realidad también que presiona y por eso buscan despojar las comunidades indígenas de su territorio”.
Si bien en Argentina cada provincia es responsable de gestionar los recursos naturales y los permisos de explotación por empresas privadas, existen derechos reconocidos para las comunidades originarias en las que deben incluirlas en los procesos de consulta previa como, por ejemplo, los que se llevan adelante en las provincias del norte del país con la minería de litio.
“Esta decisión parece conectar con un modelo de desarrollo donde, las posibilidades de hacer uso de vastos territorios para industrias como la minería o incluso la forestal, requiere de territorios indígenas”, agrega Morales.
Desde el CELS advierten, también, que esta desregulación podría traducirse en una vía libre para los desalojos de pueblos originarios.
A través de las resoluciones 499/2024 y 893/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación, se forma la Unidad de Seguridad Productiva que busca hacer cumplir el régimen de excepción y la suspensión de derechos, en caso de que se intensifiquen los conflictos que involucren a empresas de determinados sectores de la economía que, según el propio Gobierno, “requieren de un cuidado especial en el proceso de elaboración o en el transporte de las mercaderías”, recalcan desde el CELS.
Además, estas resoluciones mencionan que la formación de esta unidad se realiza con el “fin de contribuir con una mejor y más eficiente organización sobre el despliegue territorial de tareas destinadas a la prevención de los delitos contra la propiedad, las personas y acciones delictivas que dañen los sectores productivos”, para evitar bloqueos y que se pueda “comercializar y distribuir libremente la producción, en zonas de producción de hidrocarburos, zonas mineras o Parques Industriales”.
Orlando Carriqueo, el referente indígena del pueblo mapuche de Río Negro, también se muestra preocupado por esta situación. “Un montón de familias indígenas históricamente fueron despojadas de los territorios, que tuvo un freno a los desalojos con la ley de emergencia”, dijo.
Al respecto, las autoridades del INAI explicaron a CNN que “desde el Gobierno Nacional, y desde el INAI en particular, entendemos que la conflictividad (si la hubiere) debe abordarse y resolverse, y no prorrogarse para dilatar situaciones que pueden devenir en mayor complejidad y escalada”, y agregaron que el decreto “deja sin efecto la suspensión de los desalojos porque se observa una colisión de derechos que debe ser subsanada en los casos pertinentes por el Poder Judicial que debe fallar para establecer un ordenamiento jurídico, o los gobiernos provinciales quienes son los que tienen la competencia para realizar un ordenamiento territorial y la regularización de las tierras“, es decir, deja los conflictos territoriales en mano de la justicia y los gobiernos provinciales.
El Ministerio de Seguridad declinó hacer comentarios ante una solicitud de CNN sobre este tema.
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