EE.UU. asegura que impondrá sanciones “al máximo” sobre Venezuela: éstas son las que ya aplicó
CNN en Español
Estados Unidos profundiza la campaña de presión sobre Venezuela y el presidente Nicolás Maduro con la amenaza de nuevas sanciones “al máximo” sobre el país.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene la intención de usar “todo el poder y la fuerza” con nuevas medidas, dijo este martes el embajador del país ante la ONU, Mike Waltz, tras el bloqueo del Gobierno estadounidense a petroleros sancionados y la interceptación de varios buques en el Caribe, sumado a numerosas sanciones ya aplicadas.
En las últimas semanas, el Gobierno de Trump sancionó tanto a Venezuela como a Maduro, e incluso a miembros de su familia. Estas acciones de EE.UU. constituyen “una amenaza directa al orden jurídico internacional y la seguridad global”, dijo Maduro.
Tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, así como otro empresario afín a Maduro, fueron incluidos en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. el 11 de diciembre.
Dos de los sobrinos sancionados habían sido condenados previamente por narcotráfico en EE.UU., y luego liberados en un intercambio de prisioneros.
En un intento de cortar la principal fuente económica de Caracas, Trump ordenó un bloqueo “completo” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. El Gobierno de Venezuela advirtió que ese bloqueo naval afectará el suministro de energía y advirtió que el mundo se encamina hacia un escenario de confrontación global.
EE.UU. también anunció nuevas sanciones a compañías navieras y buques que, según dice, ayudan a transportar crudo venezolano. El Tesoro afirmó que seis buques incurrieron en prácticas de transporte marítimo engañosas e inseguras que proporcionaron recursos financieros al Gobierno de Maduro.
Un día antes, personal estadounidense armado incautó un petrolero en aguas internacionales frente a la costa venezolana, que presuntamente había estado involucrado en una “red de transporte ilícito de petróleo” en apoyo a países como Venezuela e Irán, según la secretaria de Justicia, Pam Bondi.
A finales de noviembre, el Gobierno de Trump designó al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) y a Maduro como miembro de la organización.
De acuerdo con el Departamento de Estado, el Cartel de los Soles, en conjunto con el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa, es responsable del tráfico de droga hacia EE.UU. y Europa.
Esta designación permite a EE.UU. imponer nuevas medidas. Aunque expertos legales señalan que no autoriza explícitamente el uso de la fuerza letal, sí autoriza a Trump a imponer nuevas sanciones contra los activos y la infraestructura de Maduro.
El presidente de Venezuela ha negado en reiteradas oportunidades tener vínculos con el narcotráfico y su Gobierno niega también la propia existencia del Cartel de los Soles.
“La República Bolivariana de Venezuela rechaza de manera categórica, firme y absoluta la nueva y ridícula patraña del secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, Marco Rubio”, dijo el Gobierno de Venezuela en esa oportunidad, cuando insistió en que Washington busca un cambio de régimen. “Esta nueva maniobra seguirá la suerte de las anteriores y recurrentes agresiones contra nuestro país: fracasar”, agregó el comunicado.
Washington ha aplicado sanciones a decenas de individuos y compañías de Venezuela.
Maduro fue sancionado en 2017 y se prohibió a los ciudadanos estadounidenses hacer tratos con él, luego de las elecciones para la Asamblea Constituyente que, según denunció el Tesoro, aspiraba “ilegítimamente a usurpar el papel constitucional de la Asamblea Nacional elegida democráticamente”.
En respuesta, Maduro dijo entonces: “¿Por qué se me sanciona? Porque soy capaz de decir las verdades de las persecuciones contra los pueblos mexicano y latinoamericanos por parte del gobierno de Donald Trump, y la deportación, expulsión y abuso y tortura de miles de latinoamericanos”.
Posteriormente, el Tesoro emitió sanciones contra la esposa de Maduro, Cilia Flores, y otros miembros de su círculo cercano, en un intento de debilitar su control sobre el poder.
En agosto de 2017, el presidente Trump impuso durante su primer mandato sanciones sectoriales que prohibían a los bancos de EE.UU. comprar bonos del Gobierno venezolano y su compañía estatal petrolera PDVSA. La orden también limitaba las transacciones con bonos existentes propiedad del sector público venezolano.
En enero de 2019, cuando Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el Gobierno de Trump anunció sanciones contra PDVSA, por lo cual cualquier compra de petróleo venezolano por parte de entidades de EE.UU. haría que todo el dinero se depositara en cuentas bloqueadas.
Aunque en 2023 el Departamento del Tesoro suspendió algunas sanciones petroleras en medio de negociaciones entre Maduro y la oposición, fueron reinstauradas ante el fracaso de los acuerdos. Sin embargo, se dejó en vigor la licencia 41, concedida en noviembre de 2022, que permite a Chevron exportar crudo venezolano gracias a una asociación que mantiene con PDVSA.
El Gobierno de Trump también ha usado como presión esa licencia. En marzo, la Casa Blanca puso fin al permiso y le dio 30 días para cesar sus actividades, pero semanas después anunció una extensión. En julio, en medio de un intercambio de prisioneros entre ambos países, Maduro confirmó que la empresa recibió una licencia para seguir operando.
Trump también dijo en marzo que impondría aranceles del 25 % a cualquier país que compre petróleo a Venezuela. En respuesta, Maduro dijo que su Gobierno derrotará las sanciones internacionales impuestas al país con “trabajo, creación, inventiva, amor y patriotismo”.
Tras las elecciones presidenciales de 2024, Washington intentó presionar a Maduro para que acepte los resultados que reclamaba la oposición, luego de que el Consejo Nacional Electoral proclamara ganador al mandatario sin dar detalles de la votación.
En septiembre de ese año aplicó sanciones a 16 funcionarios “alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela, y son responsables de actos de represión”. Dos meses más tarde, el Gobierno de EE.UU. anunció nuevas sanciones individuales contra oficiales militares de la Guardia Nacional de Venezuela, la Policía Bolivariana y otras ramas del aparato de seguridad.
Días después, a finales de noviembre, Maduro promulgó una ley que establece castigos para los venezolanos que apoyen sanciones del extranjero, una legislación que desató críticas con el argumento de que es contraria a derechos como el de asociación con fines políticos.
En enero, el entonces presidente Joe Biden elevó a US$ 25 millones la recompensa por la captura de Maduro, que fue fijada inicialmente en US$ 15 millones durante el primer mandato de Trump. Biden también aumentó los montos para la detención del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y aplicó nuevas restricciones de visado para funcionarios alineados con Maduro y sanciones individuales a ocho funcionarios.
En ese momento, el Departamento de Estado reportó que había impuesto restricciones de visado a cerca de 2.000 individuos alineados con Maduro y sanciones a 187 funcionarios o exfuncionarios del Gobierno de Venezuela, así como a más de 100 entidades del país.
El Gobierno de Trump anunció en agosto de este año que duplicaría a US$ 50 millones la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de ser “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional”. El canciller de Venezuela, Yván Gil, calificó la duplicación de la recompensa como como “la cortina de humo más ridícula que hemos visto”.
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