Escepticismo en la Corte Suprema por decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento
Por John Fritze, Tierney Sneed y Devan Cole, CNN en Español
El impulso del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía automática por derecho de nacimiento se topó el miércoles con una Corte Suprema suspicaz, con jueces progresistas y conservadores planteando preguntas difíciles sobre replantear la manera en que la ciudadanía se ha entendido en Estados Unidos durante más de un siglo.
A lo largo de más de dos horas, con el propio Trump presente durante aproximadamente 75 minutos, los jueces fueron desmenuzando los argumentos planteados por el abogado del Gobierno —el procurador general D. John Sauer— sobre si los redactores de la 14.ª Enmienda pretendían excluir de la promesa de ciudadanía, por el hecho de nacer en suelo estadounidense, a los niños nacidos de un amplio abanico de inmigrantes indocumentados y documentados.
Si Trump esperaba que su presencia pudiera influir en los jueces, no pareció funcionar.
Si la decisión refleja los argumentos, marcará la segunda gran política del Gobierno Trump en caer a manos de una Corte Suprema conservadora en la que tres de los nueve jueces fueron nombrados por el propio presidente. El tribunal también anuló este año los amplios aranceles globales de emergencia de Trump.
Aquí están las conclusiones de los históricos alegatos ante el tribunal:
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, marcó el tono de los duros alegatos para Trump cuando le preguntó a Sauer cómo los ejemplos “peculiares” e “idiosincráticos” de quiénes todos coinciden en que estaban excluidos de la ciudadanía por derecho de nacimiento podían aplicarse a una clase mucho más amplia de personas nacidas en suelo estadounidense, como Trump sostiene ahora.
Trump y Sauer dijeron que la orden pretende poner fin al “turismo de parto”, pero Roberts cuestionó cómo los redactores de la 14.ª Enmienda podrían haber previsto que sus palabras se usarían de esa manera, dado que en ese momento no existía tal concepto.
“Ahora estamos en un mundo nuevo”, dijo Sauer. Ocho mil millones de personas, añadió, “están a un viaje en avión de tener un hijo que sea ciudadano estadounidense”.
“Bueno, es un mundo nuevo”, replicó Roberts. “Es la misma Constitución”.
La jueza progresista Elena Kagan acusó al Gobierno de basarse en “fuentes bastante oscuras” para sostener sus argumentos. El juez Neil Gorsuch, a quien Trump designó para el tribunal, presionó a Sauer sobre si la interpretación de Trump de “domicilio” —y su supuesta aplicación para decidir quién califica para la ciudadanía por derecho de nacimiento— habría tenido sentido en el siglo XIX, cuando se redactó la enmienda, especialmente porque las restricciones actuales a la inmigración no existían entonces.
La jueza Amy Coney Barrett, otra designada por Trump, por su parte, cuestionó cómo la adopción por parte del Gobierno de una teoría sobre la lealtad de los padres se habría aplicado a los hijos de esclavos recién liberados. Algunos de esos niños habrían tenido padres esclavos que solo recientemente habían sido traídos de África y, por tanto, aún podrían haber sentido lealtad hacia las tierras de las que fueron traficados, dijo. ¿Cómo puede ser, preguntó a Sauer, que la enmienda se aplicara a todos los esclavos y a sus hijos, si existían las excepciones propuestas por Trump en torno a una teoría de la lealtad de los padres?
Sauer sugirió que, en ese momento, se entendía ampliamente que los esclavos tenían domicilio en Estados Unidos.
“Si se mira las fuentes del siglo XIX, lo que se ve es que, aunque su entrada pudo haber sido ilegal, el derecho anterior a la Guerra Civil en el siglo XIX nunca trató su presencia como ilegal”, dijo Sauer.
Varios de los conservadores del tribunal, incluidos Gorsuch y Brett Kavanaugh, otro designado por Trump, sugirieron que el caso podría resolverse sin siquiera abordar los amplios argumentos constitucionales que está planteando el Gobierno de Trump. Eso se debe a que el Congreso, décadas después de que se ratificara la 14.ª Enmienda, aprobó leyes que reflejaban el lenguaje de la enmienda de la era de la Reconstrucción.
El argumento es el siguiente: a mediados del siglo XX, el Congreso entendía que la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda se estaba interpretando de manera que abarcaba a prácticamente todos los nacidos en el país. Si los legisladores querían una interpretación diferente, entonces no tendría sentido que incluyeran en la ley un lenguaje idéntico al de la enmienda.
“Si usted está en el Congreso en 1940 y 1952 y quiere… eliminar la ambigüedad, ¿por qué repite el mismo lenguaje en lugar de elegir algo diferente?”, preguntó Kavanaugh en un intercambio particularmente notable durante los alegatos.
Sauer respondió argumentando que el Congreso solo estaba incorporando a la ley una “línea de base” de quién tendría derecho a la ciudadanía por nacimiento, sin abordar todas las posibles excepciones.
Pero el ida y vuelta sobre ese punto fue notable porque la pregunta de Kavanaugh reflejaba un argumento clave que estaba planteando la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés). Si el Congreso no pretendía cubrir a los inmigrantes, ha argumentado la abogada de la ACLU Cecillia Wang, lo habría dicho.
Gorsuch, en un momento, pareció estar de acuerdo.
“Es agua pasada” entre la enmienda y la ley, dijo.
Gorsuch pareció, sutilmente, ofrecerle a Sauer perder el caso por la ley en lugar de por la Constitución. Un resultado así igualmente anularía el decreto de Trump, pero le daría al Gobierno la oportunidad de intentar impulsar un cambio en la ley. Un fallo que dijera que la 14.ª Enmienda impedía el decreto de Trump tendría mucha más permanencia.
Sauer pareció rechazar la oferta de una derrota limitada al negar que el tribunal pudiera leer una diferencia entre el estatuto y la Constitución.
“¿Lo que usted quiere de este tribunal es un fallo constitucional directo: gane, pierda o empate?”, preguntó Gorsuch.
“Creemos que el estatuto y la Constitución significan lo mismo”, dijo Sauer. “Si el tribunal discrepa, obviamente, preferiríamos un fallo adverso —si el tribunal va a hacer eso— sobre una base estatutaria (más) que sobre una base constitucional”.
Cuando Wang, que alegaba en nombre de un grupo de inmigrantes que impugnaba el decreto de Trump, comenzó a responder preguntas de los nueve, quedó claro que sus argumentos en defensa de la tradición, sostenida desde hace mucho tiempo en EE.UU., de la ciudadanía por nacimiento se enfrentaban a un estrado menos escéptico.
“Pregúntele a cualquier estadounidense cuál es nuestra regla de ciudadanía y le dirán: todos los nacidos aquí son ciudadanos por igual”, dijo Wang durante su declaración inicial.
Aun así, Wang recibió algunas preguntas difíciles de jueces en ambos extremos del espectro ideológico. La presionaron sobre el hecho de que el precedente emblemático del siglo XIX que ella cree que debería decidir el caso actual a su favor plantea algunos problemas para su postura.
Uno de los principales argumentos del Gobierno es que US v. Wong Kim Ark, que concedió la ciudadanía a un hombre de ascendencia china en el siglo XIX, recalcó repetidamente la idea de que, para tener derecho a la ciudadanía por nacimiento, una persona debe tener la intención de vivir permanentemente en el país; en otras palabras, estar domiciliada.
El Gobierno de Trump y la ACLU lucharon encarnizadamente sobre si se aplicaba un requisito de domicilio y quién calificaría.
“Usted descarta el uso de la palabra ‘domicilio’”, le dijo Roberts a Wang. “Aparece en la opinión 20 veces diferentes”.
“¿No es, al menos, algo de lo que habría que preocuparse?”, dijo.
Más tarde, Gorsuch preguntó qué debería hacer el tribunal con el hecho de que, después de que se decidiera Wong Kim Ark, la comunidad jurídica del país estaba profundamente dividida sobre lo que significaba estar domiciliado en el contexto de la ciudadanía. Gorsuch describió ese desacuerdo como un “desastre”.
“Sé que usted también tiene muchas cosas buenas de su lado. Pero, ¿qué hacemos con el hecho de que muchas, muchísimas autoridades jurídicas sólidas pensaban que seguía siendo una cuestión abierta?”, preguntó.
Incluso la jueza Elena Kagan, miembro del ala progresista del tribunal, preguntó en un momento sobre la decisión de 1898: “¿Qué hacen ahí esas 20 palabras de domicilio?”
Wang se mantuvo firme en su afirmación de que esas palabras no eran centrales para el fallo en ese caso y, por lo tanto, no eran un asunto del que el tribunal de hoy deba preocuparse.
Apenas unas semanas después de que despotricara contra varios miembros del tribunal (llamando a quienes votaron en contra de sus aranceles globales una “vergüenza para sus familias”), Trump hizo historia al presentarse en persona para plantarse ante los jueces que tienen en sus manos el destino de su política de ciudadanía por derecho de nacimiento.
Aunque en ocasiones los presidentes han aparecido en la Corte Suprema para ceremonias, ningún presidente en funciones había asistido previamente a un alegato, según la Sociedad Histórica de la Corte Suprema.
Trump insinuó repetidamente que podría asistir a alegatos anteriores, solo para echarse atrás cuando llegó el momento. Las reglas y tradiciones de la Corte Suprema —incluida la prohibición de cámaras y de tecnología moderna— presentan obstáculos logísticos para una visita presidencial.
Pero Trump indicó a los reporteros en la víspera de los alegatos que consideraba el tema lo suficientemente importante como para acudir en persona. El presidente se quejó del poder judicial “ESTÚPIDO” en una publicación en redes sociales a principios de la semana, y ofreció a los reporteros en la Oficina Oval un adelanto de los argumentos de Sauer.
El presidente se sentó en la primera fila de la sección pública, un área que por lo general está reservada para miembros del Congreso y otros invitados especiales. Se fue a las 11:20 a.m., hora de Miami, después de que terminara la presentación de Sauer ante el tribunal.
“¡Somos el único País del Mundo lo suficientemente ESTÚPIDO como para permitir la ciudadanía por ‘derecho de nacimiento’!”, publicó Trump en redes sociales después de salir de la Corte Suprema.
La mayor parte del debate se centró en la historia y el significado de la 14.ª Enmienda. Se prestó mucha menos atención a los impactos prácticos de permitir que el decreto de Trump entre en vigor.
Durante los próximos 50 años, un promedio de aproximadamente 255.000 niños nacidos en Estados Unidos cada año comenzarían la vida sin ciudadanía estadounidense en función del estatus de sus padres, según una estimación del Migration Policy Institute. El decreto afectaría no solo a los inmigrantes en el país ilegalmente, sino también a personas como los beneficiarios de DACA o quienes se benefician de otros programas humanitarios y que se encuentran legalmente presentes.
Incluso los ciudadanos estadounidenses tendrían que pasar por trámites adicionales para verificar la ciudadanía de sus recién nacidos.
Los jueces no parecieron particularmente preocupados por ninguna de esas consecuencias, o al menos no las discutieron extensamente. Solo la jueza Ketanji Brown Jackson, miembro del ala progresista del tribunal, interrogó a Sauer sobre esos asuntos prácticos, preguntándole si las mujeres embarazadas tendrían que rendir declaraciones para dar fe de su deseo de permanecer en Estados Unidos de forma permanente.
“¿Está sugiriendo que cuando nace un bebé, la gente tiene que tener documentos, presentar documentos? ¿Está ocurriendo esto en la sala de partos? ¿Cómo estamos determinando cuándo o si un recién nacido es ciudadano de Estados Unidos según su regla?”, dijo Jackson.
Cuando otros jueces plantearon la mecánica de determinar la elegibilidad de una persona para la ciudadanía por derecho de nacimiento, por lo general lo hacían en el contexto de dilucidar cómo se habría desarrollado esa mecánica en el siglo XIX, mientras los jueces trataban de descifrar qué tenían en mente los redactores de la 14.ª Enmienda.
Barrett dijo que resolver disputas sobre quién tendría derecho a la ciudadanía bajo el decreto de Trump podría ser “complicado en algunas aplicaciones”.
En concreto, preguntó por los “expósitos”, niños de filiación desconocida o que fueron abandonados por sus padres. Sauer señaló la ley federal para sugerir que estarían cubiertos.
“Sí, sí, sí”, replicó Barrett. “¿Pero qué pasa con la Constitución?”
“¿Cómo adjudicaría estos casos?”, continuó Barrett. “No va a saber en el momento del nacimiento en el caso de algunas personas si tienen la intención de quedarse o no, incluidos los ciudadanos estadounidenses, por cierto”.
Sauer dijo que, en la práctica, no sería un problema porque el decreto de Trump se basa en “algo objetivamente verificable, que es el estatus migratorio”.
Todos los tribunales que han considerado la legalidad del decreto de Trump la han rechazado. En el caso en cuestión, un Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nueva Hampshire prohibió la aplicación del decreto de Trump contra cualquier bebé que se vería afectado por la política en una demanda colectiva. Trump apeló el fallo ante la Corte Suprema antes de que un tribunal de apelaciones tuviera la oportunidad de revisar el asunto.
Se espera que la Corte Suprema emita su decisión en el caso para finales de junio.
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