Terminó en España la masiva regularización migratoria. Ahora empezaron las polémicas

Por Pau Mosquera, CNN en Español
El proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno español el pasado mes de abril, que culminó este martes 30 de junio, cerró con una cifra récord: 1.174.978 solicitudes. Pero no todos están contentos con la medida.
Si bien esta iniciativa extraordinaria ha recibido elogios de parte del espectro político español, asociaciones de migrantes y la propia iglesia española, no ha granjeado las mismas simpatías en la oposición política.
Algunas de las críticas más voraces han llegado desde la formación Vox, donde consideran que éste ha sido un proceso “opaco” que podría terminar teniendo un efecto llamada.
Desde el Partido Popular cuestionan si el país tiene realmente la capacidad para absorber a los nuevos migrantes a la vez que culpan a Sánchez de alimentar la migración irregular con esta medida.
Acusaciones que desde el Ejecutivo han rechazado de plano asegurando que el proceso por el que se regularizaría la situación administrativa de los migrantes tiene todas las garantías, así como que con su presencia contribuirían al crecimiento del país al incorporarse en el mercado laboral y aportar al estado del bienestar.
No obstante, una de las aristas más llamativas de esta polémica ha sido la que se materializó por la vía judicial. En abril, tanto Vox como la Comunidad De Madrid -gobernada por el Partido Popular- interpusieron recursos contra la regularización extraordinaria porque el proceso podría alterar la configuración del censo electoral y porque tendría un fuerte impacto sobre la prestación de servicios sociales, respectivamente. Los recursos fueron posteriormente rechazados por el Tribunal Supremo.
Pero no quedó ahí. El Gobierno autonómico de Valencia y el de Aragón, presididos por el Partido Popular, interpusieron otro recurso ante el mismo órgano al considerar que la iniciativa del Ejecutivo podría entrar en conflicto con el derecho europeo.
Concretamente, con el Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea que entró en vigor el pasado 12 de junio. El Tribunal Supremo abrió la puerta esta semana a paralizar este proceso extraordinario de regularización al plantear a ambos Gobiernos la posibilidad de trasladar una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la incompatibilidad de la iniciativa con las normas del bloque comunitario.
El número de solicitudes es el más elevado que ha registrado cualquiera de las siete regularizaciones masivas que se han producido en el país desde el año 1986. La anterior, liderada por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero en el año 2005, se saldó con 691.655 solicitudes, de las cuáles se terminaron concediendo 576.506.
Todo un hito para el ejecutivo de Pedro Sánchez, que en un inicio estimó que la iniciativa beneficiaría a medio millón de personas.
De este monto, el 67% corresponden a solicitudes realizadas por personas originarias de América Central y América del Sur, siendo Colombia la nacionalidad que encabeza el mayor número de peticiones presentadas al aunar el 25,9% del total, según datos del Gobierno español.
Unas cifras que no sorprenden a Álvaro Zuleta, director de la Asociación Aculco, una de tantas entidades que han colaborado con el Ejecutivo para facilitar la tramitación de solicitudes y que se dedica a la acogida y acompañamiento de migrantes, especialmente colombianos.
De las más de 3.000 solicitudes que han tramitado a través de alguna de las cinco oficinas que tienen en el país, Zuleta estima que el 30% eran de colombianos.
“Son personas de todo el mundo que vienen a integrarse, a vivir a este país y que van a ser fundamentales no solo a nivel económico, sino en la construcción de una España mucho más diversa”, detalla Zuleta a CNN.
Una idea que ha sido ampliamente defendida desde el Ejecutivo. El propio presidente español ponía de relieve esta semana que sin la llegada de nuevos migrantes España perdería un 19% de su PIB en 2050 y un 22% en 2075, lo que supondría “90.000 bares con la persiana bajada. 50.000 aulas de Primaria y Secundaria sin alumnos y la desaparición de 220.000 explotaciones agrícolas, una de cada tres”.
El reto de resolver los expedientes
Pero la recepción de solicitudes es apenas el primer paso del proceso. Ahora se debe resolver cada expediente. Y lo más importante: dirimir previamente su admisión a trámite.
Un punto de especial relevancia para cada solicitante, dado que desde que se comunica al interesado el inicio del procedimiento administrativo se le concede una autorización provisional para residir y trabajar en el país durante un año.
Una comunicación que Claudia Cortés, peruana de 28 años, todavía no ha recibido. Cortés cuenta que tramitó su solicitud con Aculco el pasado 14 de mayo. Sin embargo, desde entonces no ha recibido la notificación de admisión a trámite.
No obstante, una familiar suya que lo solicitó unos días después, el 19 de mayo, ya ha recibido este permiso temporal.
En ese sentido, Pilar Rodríguez, abogada de esta asociación, dice que en base a la experiencia de las más de 250 solicitudes que ha tramitado ella, la mayoría son admitidas a los 40 o 50 días de su presentación. “Incluso tengo algunos del mes de abril que todavía no han dictado admisión a trámite”, señala Rodríguez.
En cualquier caso, una vez que cada petición inicia su trámite administrativo, las autoridades tienen un máximo de tres meses para resolver el expediente.
El problema, agrega, es que ahora, si inadmitieran alguno de los que ha presentado, ya no tiene tiempo de subsanarlo dado que ha culminado el período para presentar nuevas solicitudes.
Más allá de esos desafíos, resta esperar también la resolución de los cuestionamientos por vía judicial al plan de regularización.
Desde el Gobierno español detallaron a CNN que están “tranquilos y convencidos de la legalidad de la regularización”. “Queremos transmitir también un mensaje de tranquilidad a las personas afectadas y garantizarles un entorno de seguridad jurídica”, dijeron.
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