La falta de insumos golpea a hospitales de Ecuador y complica la atención de pacientes: “Nos piden hasta guantes quirúrgicos”

Por Ana María Cañizares, CNN en Español

Recorrer los exteriores del hospital público Eugenio Espejo, en Quito, es encontrarse con una realidad diaria que angustia a decenas de familiares de pacientes que deben comprar de forma independiente medicamentos e insumos que el centro hospitalario no puede cubrir en diferentes tratamientos. Este es uno de los grandes problemas que siguen afectando el sistema de salud de Ecuador mientras los enfermos imploran un trato más humano y justo.

A María del Carmen Sigcho la encontramos sentada en una de las gradas del ingreso principal del hospital, junto a otras personas que esperan a la intemperie noticias de sus seres queridos. Cuenta que su familiar lleva dos meses internado debido a una pancreatitis y que su tratamiento obliga a la familia a comprar medicinas costosas casi a diario porque el hospital no las tiene.

“La situación económica es crítica. A veces hay, y a veces no hay, pero tenemos que hacer todo lo posible para darle la medicación que necesita. Casi a diario nos piden las recetas. Me sorprende que no tienen guantes quirúrgicos y debemos traer. Es un estado crítico, todo compramos afuera”, comenta Sigcho.

Pocos minutos después, llegó Denis Arévalo con una bolsa de una farmacia privada que contenía medicamentos para su pariente que sufre de lupus, una enfermedad autoinmune crónica en la que el sistema inmunitario ataca por error sus propios tejidos y órganos, según los Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. “Algunas de las medicinas más costosas toca ir a comprar afuera. Gasté hoy US$ 66; son gastos que no estaban previstos a inicio del mes”, cuenta Arévalo Denis.

A la preocupación por la salud de sus familiares se suma el impacto económico de cubrir los gastos que el sistema público no puede. Es una cuestión de vida o muerte, de recuperarse o empeorar un cuadro clínico. Algunos dejan sus trabajos y sus ocupaciones para atender los requerimientos de los pacientes y del propio hospital.

“La vida que tenemos no alcanza. Me piden comprar ampollas. Fui a cuatro farmacias y no hay nada, solo en las que ellos dicen”, afirma Guido Muñoz, un jubilado cuyo familiar empezó un tratamiento de quimioterapia para la leucemia.

Muñoz y otras personas afuera del hospital muestran a CNN unos papeles informales que contienen listas de medicamentos e insumos como inyecciones, pañales, guantes quirúrgicos y cánulas que el hospital pide comprar de forma privada. Con estos papeles escritos a mano recorren diversas farmacias de Quito hasta conseguir lo que allí se les solicitan. Esta misma situación ha sido reportada ampliamente en otros hospitales del país.

“Pedimos más humanidad. Cada semana gasto US$ 200 o US$ 300 dólares en las recetas”, agrega Muñoz.

El abastecimiento promedio de medicamentos, dispositivos y bienes a escala nacional en Ecuador llega en promedio a apenas al el 34 %, según datos oficiales que se remontan a febrero. CNN envió a esa cartera de Estado, a la Presidencia y a la Secretaría de Comunicación varias consultas sobre la crisis de salud en el país sudamericano, pero no obtuvo respuesta.

Por decreto, el presidente Daniel Noboa dispuso en mayo la creación de una empresa estatal con “autonomía presupuestaria” para centralizar el abastecimiento de medicamentos, así como la infraestructura y los sistemas informáticos de los hospitales del Ministerio de Salud. El objetivo es que esta empresa se encargue de la provisión de medicamentos, equipos, dispositivos médicos y otros bienes. La Federación Médica Ecuatoriana apoyó la decisión, pero exigió al gobierno la participación de actores sociales que garanticen un buen funcionamiento. Además, ha expresado preocupaciones por algunos aspectos, como la compra de medicinas a la India.

“(Daremos nuestro apoyo a la decisión) siempre que venga con transparencia, eficiencia, planificación técnica y rendición de cuentas”, precisó el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, Santiago Carrasco, quien ve en la creación de esta empresa una “oportunidad” para fortalecer la capacidad operativa del Estado y mejorar la gestión de recursos.

En los bajos del Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano, varias agrupaciones de pacientes renales hacen plantones constantemente para exigir al Gobierno más atención y eficiencia en la cobertura de sus tratamientos de diálisis. Sienten que es una manera de hacer escuchar su voz para que no se conviertan en una mera estadística.

“Este sitio es emblemático porque hemos hecho plantones y no recibimos respuesta. Hemos agotado todos los recursos. Queremos que el Estado garantice un tratamiento continuo e integral de diálisis”, dice a CNN Kevin Valdez, vocero del Frente de Pacientes Renales.

Valdez comenta que decenas de pacientes no pueden acceder a medicamentos e insumos completos para la diálisis y deben adquirirlos de forma privada. “Nos piden alcohol, gasas, agujas. Estamos cansados de mendigar un derecho constitucional. No hay bolsillo ecuatoriano que pueda palear esta crisis”, agrega Valdez.

El Estado ecuatoriano arrastra una compleja deuda con decenas de centros de diálisis privados en el país y eso ha impactado en los tratamientos de los pacientes, que en algunos casos han tenido que reducir los días de diálisis o buscar por fuera del sistema público insumos y medicinas. De acuerdo con la Asociación de Clínicas Dializadoras la deuda del Estado con centros privados asciende a cientos de millones de dólares.

“No es justo que los pacientes renales, por la burocracia y los trámites del Estado, tengamos que pagar las consecuencias. No tenemos tiempo, cada diálisis perdida es menos vida para nosotros, dependemos de una máquina para vivir, ya no tenemos la función renal como tal y una máquina hace ese trabajo”, sostiene.

Valdez, que es un docente en inglés y francés, agrega que no se le ha hecho fácil encontrar un empleo en su campo, pues afirma que las empresas lo “descartan” cuando señala que tiene insuficiencia renal. “Lamentablemente, el paciente renal es totalmente marginado y vive discriminación laboral y social”, insiste. Cree que se debe reforzar la promoción de la donación de órganos pues sostiene que en muchos casos no se cumple la voluntad de ciudadanos fallecidos que en vida aceptaron ser donantes.

El recrudecimiento de la compleja situación de salud en Ecuador, que ya sufrió un duro golpe durante la pandemia de covid-19, ha estado acompañado por el argumento gubernamental de que al interior de varios hospitales existen redes de corrupción y mafias que usan a los centros clínicos como herramienta para negocios ilegales y extorsión a gerentes, directores médicos y contratistas.

En los últimos años varios directores de hospitales públicos y de la seguridad social han sido asesinados y detrás de estos crímenes los dos últimos gobiernos han señalado el crimen organizado como responsable.

En marzo pasado, tras la muerte violenta de un funcionario hospitalario, el presidente Daniel Noboa calificó de “cobardes” a quienes intentan someter al sistema de salud a los intereses del crimen organizado. “Se negó a firmar contrataciones para mafias que operan detrás de supuestos servicios de limpieza. Así es como el crimen organizado intenta infiltrarse en el sistema de salud: capturando contratos, presionando autoridades y usando la violencia cuando no logran imponerse”, señaló el mandatario.

Para el exministro de Salud y consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), José Ruales, la corrupción no puede ser el argumento que frene al sistema de salud público y cuestiona que durante el gobierno de Daniel Noboa se haya nombrado a ocho ministros de salud en menos de tres años que no han podido dar continuidad a las políticas públicas en el sector.

“La corrupción es un problema a nivel del sector público y un problema que está relacionado con prácticas desde el sector privado. Yo creo que a la corrupción hay que enfrentarla e identificar donde se produce. El hecho de tener tantos cambios de ministros de salud que vienen con cambios de equipo, muchos de ellos no conocen de salud pública. Eso ha ido deteriorando la continuidad de los programas”, precisa Ruales.

Ruales ve con preocupación las cifras de desabastecimiento de medicamentos y exhorta a mejorar la gestión de la salud con funcionarios capacitados y experimentados. “Se observa una improvisación en los procesos de gestión pública, de liderazgo del sector salud, de objetivos claros y en la fijación de metas contundentes. Hay una reducción del presupuesto. Hay un recorte fiscal importante”, afirma.

El exministro de Salud hace un llamado al Gobierno para que evalúe y revise los planes de salud que han sido diseñados en años anteriores en los que se marcan las necesidades y advertencias para el futuro de la salud pública. Ruales cree que, mientras no se superen las dificultades de abastecimiento en los hospitales, el golpe al bolsillo de los ciudadanos afectará su calidad de vida.

“Eso rompe con el concepto del sistema de salud que es generar una red de protección social, que proteja a las familias de la catástrofe financiera cuando un miembro de la familia se enferme”, enfatiza.

Y mientras el Gobierno apuesta a su octavo ministro de Salud en menos de tres años, los familiares y pacientes viven la angustia que no solo es médica sino también financiera desde la calle, a la intemperie y con zozobra

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