Otorgan libertad plena y cierran caso de María Lourdes Afiuni, jueza venezolana cuyo proceso penal se extendió más de 16 años
Por Uriel Blanco, CNN en Español
Las autoridades judiciales de Venezuela otorgaron a la jueza María Lourdes Afiuni Mora, una de las presas políticas más antiguas del chavismo, su libertad plena y cerraron su caso de manera definitiva, informaron este viernes la familia de la juzgadora y su representación legal.
El cierre del caso llega luego de más de 16 años de haber iniciado. El 10 diciembre de 2009, Afiuni fue detenida y acusada de abuso de autoridad, corrupción propia y favorecimiento para la evasión tras haber concedido libertad condicional al banquero Eligio Cedeño —acusado de extracción de fondos y fraude en 2007—, quien huyó del país poco después rumbo a Estados Unidos. Antes de la detención de Afiuni, el entonces presidente Hugo Chávez —fallecido en 2013— dijo que a la jueza se le debía imponer la “pena máxima” por liberar a Cedeño. “Es mucho más grave un juez que libere a un bandido que el bandido mismo”, agregó Chávez en aquel entonces. Desde el arresto, la defensa rechazaba los cargos, decía que la jueza fue víctima de graves violaciones a los derechos humanos en detención y la propia Afiuni declaró en su momento que no se arrepentía de la medida otorgada a Cedeño.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo en el pasado que la medida de Afiuni en el caso de Cedeño fue dictada “de conformidad con una decisión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria”, mientras que la organización venezolana de derechos humanos Provea explicó el viernes que el proceso de Afiuni continuó a pesar de que “la fiscal del caso dejó constancia en el expediente de que no existió contraprestación alguna, requisito para que ese delito (corrupción) se configure según la ley venezolana”. La organización Foro Penal, que ha acompañado numerosos casos de presos políticos, señaló que “la libertad plena de María Lourdes Afiuni era una deuda pendiente desde al menos 2019”, cuando le dictaron cinco años de condena por corrupción.
“Este desenlace representa el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso. Durante años, la jueza Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela”, dijeron Nelson Afiuni Mora, hermano de la jueza, y Thelma Fernández, representante legal de la familia, en un comunicado publicado el viernes.
Ambos consideraron que el cierre del caso “no borra el sufrimiento vivido ni borra, por sí solo, los daños ocasionados”.
“El caso de la juez María Lourdes Afiuni permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad. Ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber, aplicar la ley o dar cumplimiento a decisiones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Una justicia independiente solo puede existir cuando sus jueces pueden decidir libres de intimidación, presiones o represalias”, agregaron en el comunicado.
CNN contactó al Gobierno de Venezuela para obtener sus comentarios respecto de la libertad plena de Afiuni y está en espera de respuesta.
Hace unos días, Nelson Afiuni y Fernández informaron que a la jueza Afiuni se le detectaron tres lesiones tumorales en distintas partes de su cuerpo, lo cual requiere “atención médica inmediata”. Además, citaron sus problemas de salud como “consecuencias acumuladas de un prolongado proceso de persecución”, y dijeron que la familia busca que Afiuni se atienda en Estados Unidos, donde reside su única hija desde hace más de 10 años.
Nelson Afiuni indicó que su familia recibió la notificación de la libertad plena el viernes por la tarde. Al momento de recibir la notificación, la jueza estaba siendo atendida en una clínica, dijo su hermano.
El hermano de la jueza publicó en redes sociales la notificación en donde se constata la libertad plena para ella. El documento anuncia “la extinción” de la pena de cinco años dictada contra la jueza por el delito de corrupción propia y, con ello, la extinción de su responsabilidad en el caso.
El caso, sin embargo, dista de tener cinco años de antigüedad. La detención en 2009 fue el primer episodio del largo proceso en contra de Afiuni. En febrero de 2011, las autoridades le concedieron a la jueza llevar su proceso bajo detención domiciliaria por problemas de salud, según registros de la organización Amnistía Internacional. Durante los 14 meses que estuvo en prisión, tanto Afiuni como su defensa afirmaron que la jueza fue sometida a violaciones de derechos humanos. En junio de 2013, Afiuni obtuvo la libertad condicional bajo ciertos requisitos, como presentarse cada 15 días ante el tribunal, no salir del país, no hablar con medios de comunicación ni escribir en redes sociales. El caso volvió a dar un giro completo en marzo de 2019, cuando un tribunal de Caracas condenó a Afiuni a cinco años de prisión por el delito de corrupción.
Tras la condena de 2019, la ONU calificó la decisión como “deplorable” y dijo que Afiuni seguía siendo víctima de una “detención arbitraria”.
También en 2019, la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informó que el Gobierno venezolano había liberado a varios detenidos, entre ellos la jueza. No obstante, la representación legal de la jueza negó estos informes y dijo que el proceso en contra de Afiuni continuaría.
La libertad plena otorgada a Afiuni es el caso más reciente sobre liberaciones de presos políticos en el actual Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Desde que tomó el cargo, luego del derrocamiento de Nicolás Maduro en enero de este año derivado de un ataque militar estadounidense en Caracas, la administración de Rodríguez ha liberado a cientos de presos políticos, entre ellos algunos casos de personas que llevaban más de 20 años detenidas.
La puesta en libertad de presos políticos fue una de las exigencias de EE.UU. tras la captura de Maduro; en tanto, la oposición también ha exigido liberaciones de presos políticos como un paso necesario hacia la transición democrática. Por su lado, el Gobierno de Venezuela ha anunciado periódicamente liberaciones de detenidos, aunque sus cifras suelen ser más altas que las confirmadas por organizaciones de derechos humanos como Foro Penal, que afirma que en Venezuela todavía hay más de 380 presos políticos.
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