Un alumno denuncia que sus compañeros lo abusaron en un autobús. El caso expone la crisis de violencia sexual escolar en Perú

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
A plena luz del día. Frente a varios testigos, sin esconderse, en un autobús en el que el equipo escolar volvía de un torneo de fútbol. Un viaje relativamente corto en una zona acomodada de Lima, pero que ya cambió la vida de un grupo de adolescentes y especialmente de uno de ellos, que denunció ante las autoridades haber sido agredido sexualmente por sus compañeros.
La Fiscalía de Perú investiga la presunta violación de un joven de 16 años a manos de otros alumnos del Liceo Naval Almirante Guise, donde estudian, en su mayoría, hijos de oficiales de la Marina. Es un caso que ha causado conmoción y expone el aumento de la violencia sexual entre estudiantes en el país.
Un juzgado de familia de Lima dictó, como solicitó la Fiscalía, el plazo máximo de cuatro meses de internamiento preventivo en un centro juvenil para seis de los 10 adolescentes que inicialmente fueron “retenidos en flagrancia”. Los investigadores intentan determinar qué nivel de participación pudo haber tenido cada uno de los involucrados en el episodio del martes 15 en un autobús que trasladaba al equipo estudiantil.
Una vez conocido el caso, la Marina de Guerra, que hasta la semana pasada estaba a cargo de la administración del colegio (que pasó a manos del Ministerio de Educación por decisión del Gobierno), anunció la separación de algunos empleados y directivos de la institución mientras se realizan las investigaciones y dijo en un comunicado que “rechaza tajantemente todo acto de violencia, maltrato o vulneración de la integridad de todos los estudiantes”.
Los episodios de violencia escolar en Perú se han mantenido relativamente estables en los últimos años, según datos de la Defensoría y del Ministerio de Educación (Minedu). Sin embargo, los reportes de violencia sexual entre estudiantes aumentaron un 35 % en los primeros ocho meses de 2026 (1.198) respecto del mismo período de 2025 (885), según el sistema SíseVe del Minedu. Esa categoría incluye tocamientos, actos de connotación sexual, acoso, acoso digital y violación.
Para el investigador Eduardo Cárcamo, especialista en género y masculinidades, el caso del liceo “es la punta del iceberg de una situación de violencia que vive el país”. Cárcamo indicó a CNN que esas estadísticas muestran “un descontrol o una desconexión” con la realidad en los centros educativos. “Las cifras nos hablan de un mecanismo interno en los colegios que no desean involucrarse en el tema, porque además van a encontrar una respuesta negativa por parte de algunos padres y madres. Tampoco van a encontrar ninguna respuesta del Estado: los políticos han luchado tanto por bajarse la educación sexual integral (ESI) en los colegios que se olvidaron de fortalecerla”, señaló.
En mayo, el Minedu derogó los Lineamientos de Educación Sexual Integral para la Educación Básica aprobados en 2021 y publicó los nuevos Lineamientos para la Educación Sexual “con base científica, biológica y ética”, en cumplimiento de una ley impulsada por la mayoría conservadora en el Congreso. El cambio todavía es reciente como para vincular el aumento de casos con las directrices vigentes.
La madre de la víctima enfatizó el pedido de justicia “sin odio ni venganza”. En una entrevista con el canal peruano Panamericana en la que no se reveló su identidad, expresó que su hijo “fue violentado, porque eso no fue agresión física ni broma; eso fue una violación, una agresión sexual”.
Sus comentarios se produjeron luego de que el padre de uno de los adolescentes retenidos matizara lo ocurrido en declaraciones a la prensa. “Estaban en el bus jugando; se les fue de las manos”, exclamó. Luego, afirmó que los responsables “tienen que pagar” y que la víctima “tiene toda la razón”, pero pidió a los medios que no arruinen la vida de los señalados como sospechosos.
Cárcamo se refirió a los intentos de bajar el tono a lo sucedido: “Más que escalofriante, lo complejo es la normalización de la situación, que tiene que ver no solamente con la sociedad, que ha subido sus niveles de violencia, sino con elementos alrededor de ellos”.
El analista aseguró que no se trata de una situación aislada: “Es exactamente lo mismo que hacen los hombres con las mujeres; siempre hay una situación de poder y de control sobre el otro”.
Además, puso el foco en el concepto de masculinidad que aprenden muchos adolescentes y en cómo eso se plasma en acciones. “Hay una particularidad en torno a la manera como nos han enseñado a ser hombres: es siempre demostrarlo constantemente. Y una forma es controlando al otro. Los hombres hemos aprendido que si podemos opinar sobre el cuerpo, también podemos tocarlo. Si podemos opinar y tocarlo, también podemos violentarlo y podemos violarlo”.
La psicoterapeuta Giselle Silva, doctorada en psicopatología de niños y adolescentes, dijo a CNN que la denuncia se enmarca en un problema sistémico.
“Esta situación habla de todos en el país. El marco es una cultura de violencia en la cual lo que está en cuestión es la construcción de las masculinidades”, comentó Silva, fundadora del centro psicológico comunitario Casita de los Picaflores, en Cusco. Sobre los presuntos agresores, dijo: “Son expresión de los adolescentes en general. Ser masculino es someter al otro, donde también hay un sistema donde se pierde la empatía por el sufrimiento del otro y el cuerpo del otro se vuelve un objeto”.
Consultada por el caso, la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, dijo que “es muy grave”, pidió cuidar a la víctima y a su familia y exigió “una investigación rigurosa y rápida” para determinar las responsabilidades. Sobre los presuntos abusadores, dijo que debe recaer “todo el peso de la ley”. Bajo la normativa vigente, los sospechosos menores de edad no pueden ser juzgados como adultos y deben ser procesados en el sistema penal juvenil.
Jorge Petrozzi, abogado de la familia de la víctima que denunció el abuso, dijo a CNN que los acusados podrían recibir, de ser considerados responsables, una medida de internación de “entre seis y ocho años”. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes establece una pena de más de seis años cuando se trate de una violación sexual de un menor “seguida de muerte o lesión grave”, pero eso aplica solo a adolescentes de entre 14 y 16 años. Además, la internación continuaría en un centro juvenil aun después de cumplir la mayoría de edad.
El abogado también indicó que tomarán acciones penales y civiles “contra todos los responsables”, en referencia tanto a los adultos presentes como a las autoridades educativas. Los adultos acompañantes que estaban en el autobús en el momento de la agresión no han sido identificados públicamente y aún no está claro cuál fue su rol en los hechos, si es que tuvieron alguno.
“Los adultos tienen responsabilidad penal como autores del delito de violación, bajo la figura de comisión por omisión, al no haber detenido el acto, teniendo la obligación jurídica de custodia, garantía y protección del agraviado”, dijo Petrozzi, y añadió que en el caso de los directivos del colegio, de la Dirección de Bienestar de la Marina y de las propias instituciones la responsabilidad.
El director de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), Cornelio Gonzáles, señaló a la prensa una presunta negligencia de los directivos del centro educativo, ya que, sostiene, no comunicaron el hecho a la Policía ni remitieron el acta a otras autoridades como indican los protocolos.
CNN se comunicó con el liceo para solicitar comentarios sobre esas declaraciones y está a la espera de una respuesta. En un comunicado dirigido a los padres, la institución dijo días atrás que actuó “de manera inmediata” y que viene colaborando con las investigaciones. “De comprobarse responsabilidades, se aplicarán las medidas disciplinarias que correspondan”, añadió.
El ministro de Educación, José Antonio Chang, reveló en entrevista con El Comercio que el Liceo Naval registra 50 denuncias por hechos de violencia entre escolares en los últimos dos años, de las cuales 12 corresponden a presuntas conductas sexuales, como hostigamiento, tocamiento o agresión. CNN envió una consulta al ministerio sobre las cifras.
Para la psicóloga Silva, la comunidad educativa, incluidos los directivos y los padres, tiene “mecanismos defensivos frente a aquello que resulta insoportable de reconocer”, lo que conlleva intentos de minimizar los casos de violencia.
Sobre las dificultades para imponer disciplina a hijos de influyentes oficiales, Silva indicó que, aunque la problemática se da en diferentes grupos sociales, “se agrava cuando se trata de instituciones donde sobre todo hay una caracterización de privilegio, de grupos de poder, donde hasta hay una sensación de impunidad”.
La analista habló sobre la imagen de rigor que hay en los centros educativos vinculados a las Fuerzas Armadas, un concepto similar al usado para propuestas de retomar el servicio militar obligatorio (que fue suprimido en Perú en 1999) como método para combatir la criminalidad. Silva ve características de “un sistema plagado de machismo, sometimiento y estructuras verticales que van distorsionando y haciendo eco de la construcción de la masculinidad, que me parece el tema central”, ahondó.
A su vez, Cárcamo expresó que las características del liceo no lo hacen una excepción. “Puede ocurrir en este colegio, que es de clase A, pero también puede ocurrir en colegios de otras zonas, o en zonas rurales. (…) Mientras no trabajemos con los niños y adolescentes varones en que existen otras formas de vinculación, de tener vínculos sanos, de demostrar afecto, de poder decir lo que sienten sin que la violencia sea el eje de nuestras vidas, es ahí donde vamos a ver un cambio real”, destacó.
El analista indicó que es necesario “un trabajo muy de lupa, constante con los niños y adolescentes para trabajar el tema de que existe otra forma de ser hombre alejada de la violencia”. Sin embargo, dijo que ese abordaje en Perú “ni siquiera está en pañales”.
En tanto, Silva lamentó la falta de trabajo de prevención en un entorno que “cada día está más insoportablemente violento”. Según señaló, ello responde a la destrucción del sentido de comunidad y de los lazos solidarios.
También dijo que los menores están “muy solos” y “absorbiendo valores de imposición de poder”, por lo que el trabajo preventivo debería apuntar no solo a la educación sexual, sino también a un mayor compañerismo y solidaridad. ” Eso depende de la comunidad adulta, no de los niños y adolescentes, que simplemente están reflejando lo que se ha ido cocinando desde que eran pequeños”.
En los últimos días, a raíz de la denuncia, se han compartido en redes sociales varias publicaciones de adultos que recuerdan episodios de violencia, acoso y bullying, con llamados a la reflexión. Para Silva, si bien es una oportunidad para dimensionar el tema, también suele haber un análisis reduccionista.
“No soy muy optimista. ¿Quién debe tomar el toro por las astas para este problema de violencia tan sistémica? Tendría que haber una política de abordaje sincera, honesta y de reconocimiento. Esto no va a mejorar, sino que va a seguir empeorando en la medida en que no haya esta cultura de reconocimiento, empezando por las más altas esferas: nuestros dirigentes y nuestros líderes a todo nivel”, lamentó.
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