Cruzó a Texas para hacer compras con su bebé. Tras 7 horas de revisión, dice que le quitaron la visa
Por Rocío Muñoz-Ledo y Valeria León, CNN en Español
Elia Isabella García Rivera cruzó el a mediados de agosto desde Piedras Negras hacia Eagle Pass, Texas, con su bebé de tres meses y una sobrina para comprar artículos para remodelar su cocina. Según contó a CNN, fue enviada a una segunda inspección, donde agentes la interrogaron sobre el nacimiento de su hijo y, tras unas siete horas, le revocaron la visa.
“Yo iba a pasar porque quiero empezar unas remodelaciones en mi casa y pues aparte venían unos familiares y tenían que empezar a comprar cosas para mi cocina y pues obviamente ahí es un poco más barato”, dijo.
Al llegar al cruce, un agente de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) le dijo que sería enviada a una revisión adicional.
“Y me dijo: ‘¿Sabe qué, ma’am? La voy a mandar a revisión’. Y yo dije: ‘¿Por qué? Pues no tengo nada’. Pero yo pensé: ‘Bueno, pues el que nada debe, nada teme’”, contó García Rivera.
Según su relato, los agentes comenzaron a preguntarle por su bebé, nacido en Estados Unidos, y por las circunstancias del parto: dónde había dado a luz, cuánto había pagado y qué había declarado al ingresar al país. García Rivera llevaba documentos que, según dijo, demostraban que había pagado el parto por adelantado.
Un portavoz de CBP dijo en un comunicado enviado a CNN que el 13 de agosto de 2026, García Rivera “admitió ante agentes de CBP que previamente había tergiversado el propósito de su viaje en marzo de 2026 para poder ingresar a Estados Unidos”.
Además, el portavoz señaló que los viajeros deben demostrar que cumplen con los requisitos de admisibilidad y las condiciones de su visa, y que los agentes evalúan “la totalidad de las circunstancias”, incluidas sus declaraciones, documentos e historial de viajes. “Las tergiversaciones y/o declaraciones falsas previas pueden afectar la admisibilidad de una persona en futuros viajes”, añadió.
El caso ocurrió en Piedras Negras, pero refleja una realidad que se repite en distintas ciudades fronterizas mexicanas: para muchas familias, cruzar a Estados Unidos forma parte de la vida cotidiana, ya sea para comprar, visitar familiares o recibir atención médica.
Esa dinámica se encuentra ahora bajo un nuevo nivel de escrutinio por la ofensiva del presidente Donald Trump contra el llamado “birth tourism”, o turismo de parto: el ingreso a Estados Unidos con una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz.
El 6 de agosto, Trump firmó el decreto 14419, que instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a adoptar medidas contra quienes viajen a Estados Unidos con una visa de no inmigrante con ese propósito y contra quienes faciliten esos viajes. El decreto contempla negar o revocar visas, impedir la entrada al país y, en algunos casos, ordenar la remoción de una persona.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció además nuevas restricciones de visa contra quienes, según el gobierno estadounidense, faciliten el turismo de parto, incluidos operadores de estas redes, intermediarios que asesoren a solicitantes para cometer fraude y algunos proveedores médicos extranjeros.
“Las redes comerciales extranjeras de turismo de parto han explotado el sistema migratorio de EE.UU. para vender la ciudadanía estadounidense con fines de lucro. Estas redes se anuncian y entrenan a extranjeros para mentir en sus solicitudes de visa de EE.UU. y cobran decenas de miles de dólares para organizar partos en territorio estadounidense con el único propósito de obtener la ciudadanía estadounidense”, dijo Rubio en un comunicado al anunciar la medida.
Estados Unidos ya había endurecido esta política durante el primer mandato de Trump. En enero de 2020, el Departamento de Estado estableció que los funcionarios consulares podían negar una visa de visitante a una persona que, según su evaluación, viajara principalmente para dar a luz en Estados Unidos con el objetivo de obtener la ciudadanía para su hijo.
La inspección de García Rivera se prolongó durante unas siete horas. Según contó a CNN, los agentes tomaron sus huellas y fotografías, realizaron una prueba de ADN mediante un hisopo en la mejilla y revisaron su teléfono.
“Me revisaron también el teléfono, revisaron mis conversaciones, mis redes sociales, no sé si fotografías, solamente sé que estuvieron revisando mi teléfono como 1 hora”, dijo.
Durante la revisión, cuenta que su bebé comenzó a llorar. La leche se estaba terminando y también quedaban pocos pañales.
“El bebé empezó a llorar mucho y pues tuve que acudir a darle pecho y el oficial se tuvo que salir y pues otra hora ahí sentada esperando a que regresaran”.
García Rivera explicó que los agentes primero le dijeron que estaban haciendo todo lo posible para no retirarle la visa, pero que después le comunicaron que tendrían que hacerlo “por la nueva ley”.
“Yo me quedé pensando, pues cuál nueva ley”, dijo la mujer de 24 años. En su comunicado, el portavoz de CBP no respondió directamente a la pregunta sobre si la revocación de la visa de García Rivera estaba relacionada con el nuevo decreto.
Después de varias horas de inspección, García Rivera dice que pidió que la dejaran irse. “Me tuvieron con el niño en brazos, o sea, se me acabó la leche, los pañales se me estaban acabando también, el niño ya estaba muy necio porque obviamente él no quería estar o sea en brazos tanto tiempo porque todo el día lo tuve en brazos. A mí ya me dolía demasiado la espalda, tengo un problema en la espalda”, contó.
Según su relato, los agentes revisaron su caso y finalmente le permitieron salir.
Ella sostiene que había pagado el parto en Estados Unidos unas dos semanas antes del nacimiento y que los agentes tenían los documentos que acreditaban el pago.
“Bueno, si dijeran: ‘Usted, este, no pagó’, o qué está bien. Pero no sé qué fue lo que pasó. Ellos tenían los papeles donde yo sí había pagado el hospital y lo había pagado por adelantado (…) Y no sé si eso fue lo que no les gustó y me dijeron: ‘¿Sabes qué? Pues no te vamos a dar tu visa de nuevo (…) Puedes pedir perdón en un año y la puedes intentar tramitar otra vez’”, añadió.
A unos cientos de kilómetros al oeste, en Tijuana, Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, describe una dinámica similar en la que algunas familias, principalmente de clase media y alta, han utilizado durante años servicios médicos en San Diego, incluidos hospitales privados para dar a luz.
“Es un fenómeno cultural normal para nosotros”, explicó Clark a CNN sobre las familias que han cruzado con visas de turista para tener a sus hijos del lado estadounidense.
Según Clark, las familias fronterizas cruzan para comprar, visitar parientes y recibir atención médica, y las nuevas medidas están generando mayor cautela entre quienes cruzan con visas de turista. “Está provocando una atmósfera de incertidumbre”, señaló.
Los cruces relacionados con servicios médicos, agregó, tampoco se limitan al embarazo o al parto. Incluyen consultas, tratamientos, procedimientos de fertilidad y atención para madres y bebés.
El ginecólogo Fabián Walters Arballo, presidente del Baja Health Cluster, una red de profesionales y prestadores de servicios médicos enfocada en el turismo de salud en Baja California, señala que también existen situaciones en las que una mujer puede encontrarse en trabajo de parto sin haber planeado dar a luz en Estados Unidos.
“Una paciente embarazada puede ser que, pues no tenga ninguna intención, pero tiene 37 semanas y se le rompió la fuente”, dice Walters.
El médico también habló de personas que cruzan para recibir atención médica y pagan por esos servicios en Estados Unidos. “Es como el aprovechar que estamos aquí pegados y yo voy y pago mi parto, me atiendo, me dan un servicio como cualquier otro”, dijo.
El decreto de agosto define el tursimo de parto como el ingreso de una persona extranjera a Estados Unidos mediante una visa de no inmigrante con el propósito de dar a luz en el país, o los esfuerzos para facilitar ese tipo de ingreso.
Walters dijo que no ha observado hasta ahora un aumento claro de nacimientos en Tijuana como consecuencia de las nuevas medidas estadounidenses. Los hospitales privados de la ciudad, agregó, tienen capacidad para atender un eventual incremento.
No está claro cuántos nacimientos corresponden al llamado “turismo de parto”. Steven Camarota, del Center for Immigration Studies, dijo en un testimonio ante el Congreso a principios de septiembre que una estimación anterior situaba el fenómeno entre 20.000 y 26.000 nacimientos al año, basándose en datos de 2016 y 2017. Sin embargo, reconoció que esa metodología ya no permite producir una estimación actual confiable.
Los registros de nacimientos de 2024 muestran 8.698 nacimientos de madres nacidas en el extranjero que proporcionaron una dirección fuera de Estados Unidos, pero Camarota advirtió que ese dato por sí solo no demuestra que se trate de turismo de parto.
La falta de datos recientes dificulta establecer cuánto del tránsito fronterizo relacionado con embarazos corresponde realmente a viajes cuyo propósito principal era dar a luz.
El decreto dedicado a combatir el turismo de parto es además distinto de otro decreto firmado por Trump el mismo 6 de agosto sobre ciudadanía por nacimiento, la cual ha enfrentado impugnaciones judiciales por parte de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y otros grupos.
El 2 de septiembre, la jueza federal Deborah Boardman bloqueó la aplicación de esa orden a la clase certificada en el caso, al considerar que probablemente era inconstitucional respecto de ese grupo.
Para García Rivera, la pregunta ahora es cómo atender a su hijo. Dice que quiere consultar a un abogado de inmigración para conocer sus opciones y saber cómo podrá continuar llevando a su hijo a sus controles médicos.
“Quisiera buscar un abogado de inmigración para saber en qué puedo llegar a hacer por mi niño. Porque como le digo, está muy pequeño y todavía necesita sus vacunas”, dice.
El próximo control de vacunación del bebé está previsto para dentro de un mes. “No sé qué es lo que voy a hacer”, admite.
Sobre las aproximadamente siete horas que, según cuenta, permaneció en inspección, García Rivera dijo: “A mí sí se me hizo muy inhumano, la verdad (…) Si me iban a quitar la visa, la verdad es que me la hubieran quitado desde un principio”.
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