El arco de Trump, listo para su aprobación definitiva dos días después de la contundente derrota electoral del presidente
Por Isabelle Khurshudyan y Sunlen Serfaty, CNN
La votación final para aprobar el arco de triunfo propuesto por el presidente Donald Trump, prevista para este jueves, amenaza con desencadenar una nueva serie de disputas legales a medida que se intensifican las gestiones en los tribunales para detener su construcción.
Se espera que la Comisión de Planificación de la Capital Nacional (NCPC, por sus siglas en inglés) —una de las dos agencias federales que supervisan los cambios arquitectónicos y de diseño en Washington— dé luz verde al monumento de 250 pies (unos 76 metros) de altura durante su reunión de este jueves, a pesar de las abrumadoras críticas del público.
Más de 130 personas se inscribieron para intervenir en la reunión. Casi todos los que hablaron durante las primeras horas expresaron su oposición al arco, y se esperaba la participación de muchos más. Los detractores calificaron la estructura como un proyecto de vanidad de Trump y cuestionaron su planificación, la cual no contó con la aprobación del Congreso.
Sin embargo, el presidente de la NCPC se comprometió a aprobar la medida, incluso si la reunión se prolonga más allá de la medianoche. La administración de Trump ha afirmado que podría iniciar la construcción ese mismo día.
La aprobación por parte de la comisión —integrada mayoritariamente por partidarios designados por Trump— supondría el paso final para sacar adelante a toda costa uno de los proyectos clave en el intento del presidente de transformar el paisaje de Washington; una iniciativa que la Casa Blanca desea impulsar antes de que un nuevo Congreso controlado por los demócratas asuma el poder en enero.
Trump ha declarado que el objetivo es completar el arco antes de dejar el cargo dentro de dos años.
No obstante, es probable que este ambicioso calendario se vea complicado por temas legales, incluida una demanda de gran repercusión presentada por veteranos y defensores de la preservación histórica. Los opositores argumentan que la escala y la ubicación del monumento alterarán la línea visual de una serie de monumentos nacionales —entre ellos el Monumento a Lincoln, Arlington House y el Monumento a Robert E. Lee— y que la imponente estructura romperá la solemnidad de los funerales en el Cementerio Nacional de Arlington.
Sostienen que el proyecto es ilegal por carecer de la aprobación del Congreso, citando la Ley de Obras Conmemorativas (Commemorative Works Act), que exige autorización legislativa para nuevos monumentos en Washington.
Este miércoles, la jueza de distrito Tanya Chutkan —designada por Obama y encargada de supervisar el caso— ordenó que se la notifique de cualquier decisión de la comisión de planificación en un plazo máximo de una hora. Asimismo, la administración debe avisar con 30 minutos de antelación antes de emprender cualquier acción relacionada con la construcción.
Sin embargo, dicha orden no impediría, en principio, el inicio de las obras, y la administración de Trump ya ha eludido anteriormente restricciones impuestas por los tribunales para llevar a cabo sus acciones.
Durante toda la jornada hubo protestas en las inmediaciones del lugar. “Esta abominación monumental nacida del ego de un solo hombre falta al respeto a todos los militares allí enterrados”, declaró el jueves por la mañana el representante demócrata Don Beyer —cuyo distrito abarca el Cementerio Nacional de Arlington— durante una protesta en la que participaron veteranos y otros firmes opositores al proyecto.
Sin embargo, antes de la reunión, el presidente de la comisión anunció que votaría a favor de aprobar el proyecto, calificándolo de “gestión histórica” por parte de Trump.
El arco es solo un ejemplo de las iniciativas del presidente por dejar huella en Washington. Los proyectos de construcción y renovación en la capital —desde el estanque reflectante del Monumento a Lincoln hasta el Centro Kennedy— han ocupado un lugar destacado en su segundo mandato; labores que sus críticos han calificado de “proyectos de vanidad”.
No obstante, este miércoles —tras la estrepitosa derrota electoral sufrida por su partido en los comicios de mitad de periodo—, el presidente inició su primera aparición pública celebrando los avances en la construcción de otra obra de gran envergadura: el salón de baile de la Casa Blanca.
En octubre de 2025, mientras se planteaba por primera vez la idea de su arco triunfal, Trump presentó desde la Oficina Oval varias maquetas a escala de la estructura, concebida para convertirse en el arco más grande del mundo.
Cuando un periodista le preguntó a quién estaba dedicado el arco, Trump se señaló a sí mismo y respondió: “A mí”.
Más tarde, el presidente afirmó que el arco conmemoraría el aniversario 250 de la nación, el espíritu estadounidense, las fuerzas armadas del país y la “competencia” de Estados Unidos. Más recientemente, él ha argumentado que el arco, situado en una rotonda muy transitada cerca del río Potomac, serviría tanto de atracción turística como de complejo militar para almacenar drones y municiones.
Si bien los planos finales presentados el jueves para su aprobación por parte de la comisión de planificación no incluían los componentes militares descritos por Trump, funcionarios de la administración han señalado que estos no requerirían modificaciones estructurales y podrían integrarse plenamente en el diseño existente.
El Gobierno ya ha trazado un plan de construcción intensivo que incluiría dos turnos diarios de 10 horas, permitiendo que las obras avancen casi ininterrumpidamente. El jueves, el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), organismo que supervisa el proyecto en nombre de la administración, admitió ante el tribunal que la empresa constructora contratada había realizado marcas en el terreno sin autorización, y anunció la suspensión inmediata de los trabajos preparatorios.
Al testificar en contra del arco durante la reunión de la comisión celebrada este jueves, Michael Lemmon —demandante principal en el litigio contra la construcción— cuestionó la integridad del proceso de revisión, calificándolo de apresurado y con un resultado predeterminado.
“Hemos sido testigos de la exclusión deliberada del Congreso, de una constante flexibilización de las normas y de cómo se han ignorado las evaluaciones profesionales —incluidas las del propio NPS— sobre el impacto negativo en Arlington”.
El representante demócrata Jared Huffman, quien está llamado a presidir la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes —órgano que supervisará los asuntos del NPS—, afirmó: “Este arco deshonraría a Estados Unidos, así como a nuestros ideales y leyes. Deberíamos conmemorar el aniversario 250 de la Declaración de Independencia defendiendo los derechos del pueblo estadounidense y los votos emitidos el martes por la noche, en lugar de complacer a un presidente que se cree un rey”.
En un informe publicado por el Servicio de Parques Nacionales en agosto, la administración reconoció que el arco tendría efectos “adversos” en hasta 42 sitios históricos, concentrándose los impactos más graves en seis lugares cercanos a la estructura. Entre ellos figuran el Cementerio Nacional de Arlington, el corredor del Monumento a Lincoln y Arlington House —un monumento conmemorativo dedicado a Robert E. Lee que incluye la residencia donde vivió antes de comandar el ejército confederado—.
Respecto a los efectos adversos en los puntos de referencia circundantes, el informe concluyó que el arco alteraría la “continuidad del diseño” de entornos emblemáticos de Washington y modificaría las vistas de los monumentos vecinos. Una vez finalizado, el arco será visible desde lugares tan distantes como el Capitolio de EE.UU., la zona ribereña de Georgetown y el Pentágono, entre otros puntos de observación.
El NPS afirmó haber considerado alternativas, pero concluyó finalmente que el arco debe permanecer en el emplazamiento propuesto a orillas del río Potomac, dado que el proyecto depende intrínsecamente de esa ubicación y no es intercambiable por ningún otro emplazamiento.
Dicha evaluación, conocida como revisión de la Sección 106, está estipulada por la Ley de Preservación Histórica Nacional y exige la aprobación de grupos independientes con interés o experiencia en cuestiones de preservación histórica relacionadas con el proyecto.
En octubre, el Gobierno anunció que pondría fin a la revisión de la Sección 106 y cancelaría el proceso de consulta; en esencia, renunció a alcanzar un acuerdo, lo que permitió a Trump sortear un obstáculo importante en el proceso de aprobación para la construcción de la obra.
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Con información de Dugald McConnell, de CNN.
