Texas fue un aliado leal en la política inmigratoria de Trump. Ahora, se enfrenta a una nueva prueba
Por Priscilla Alvarez y Michael Williams, CNN
El gobernador republicano Greg Abbott situó a Texas en el centro del debate inmigratorio durante años, impulsando iniciativas estatales agresivas para restringir los cruces fronterizos y enfrentándose a los demócratas al trasladar en autobuses a miles de inmigrantes hacia ciudades gobernadas por el Partido Demócrata en todo el país.
Sin embargo, la elección de la demócrata Gina Hinojosa como gobernadora ha dado un vuelco a esta dinámica, y es probable que haya llegado a su fin la etapa en la que Texas actuaba como un aliado incondicional del aparato inmigratorio del presidente Donald Trump. Lo que venga a continuación servirá para poner a prueba cómo gobiernan los demócratas un estado que, precisamente, definió la estrategia republicana en materia de seguridad fronteriza, según señalan funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Seguridad Nacional, legisladores demócratas y defensores de los inmigrantes.
“Es un cambio fundamental”, afirmó Jason Houser, quien se desempeñó como jefe de gabinete en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante la administración Biden. “Esto marcará la pauta de nuestras acciones en materia de seguridad fronteriza a nivel nacional. La gobernadora tiene ante sí una hoja en blanco que le permite ejercer un liderazgo real”.
La victoria demócrata en la mayoría de los principales centros de poder de Texas —la gobernación, la fiscalía general y la Cámara de Representantes estatal— plantea una interrogante que trasciende los límites de Austin: ¿cuánto perdurará la extensa colaboración en materia inmigratoria entre el estado y el Gobierno federal?
Hinojosa ha calificado de costosa la operación Estrella Solitaria, la iniciativa fronteriza de Abbott, aunque aún no ha precisado qué cambios introduciría. Por su parte, el fiscal general entrante ha señalado que examinará con espíritu crítico los acuerdos que el estado mantiene con el ICE.
No obstante, el hecho de que el Senado estatal siga bajo control republicano —sumado a una ley que obliga a los sheriffs a suscribir dichos acuerdos— sugiere que este giro podría resultar complejo. Especialmente si se considera que Trump y Stephen Miller —artífice de la política inmigratoria del Gobierno y su nuevo secretario general— probablemente presionarán para que continúen las detenciones.
“Es demasiado pronto para saberlo”, comentó un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional a CNN al ser consultado sobre si cabe esperar cambios en las operaciones inmigratorias dentro del estado.
Aun así, es posible que ya estemos viendo un adelanto. El viernes, el alcalde de Houston, John Whitmire, firmó una nueva directiva que limita la cooperación entre el ICE y las fuerzas del orden locales durante las paradas de tráfico. La medida llega tras la indignación desatada en julio por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un trabajador de la construcción mexicano que falleció tras recibir disparos de un agente del ICE. “Hago esto para iniciar un proceso de sanación y reducir el miedo y la ansiedad en toda nuestra comunidad”, dijo Whitmire durante una conferencia de prensa. “Lo he dicho muchas veces: las elecciones importan”.
Los resultados electorales supusieron un revés para la administración Trump, que desde el principio vio en Texas un referente para orientar su estrategia de control inmigratorio y establecer pautas sobre la coordinación a nivel estatal y local. Trump incorporó a asesores de Abbott a su administración e incluso adoptó algunas de las ideas del gobernador.
Según estrategas tanto demócratas como republicanos, el giro hacia los demócratas en Texas fue, en parte, un rechazo a las duras políticas inmigratorias de Trump. No obstante, muchos de los votantes que apoyaron a Hinojosa tenían otras prioridades, como su promesa de limitar la construcción de centros de datos en el estado. Por otro lado, una encuesta a votantes de CNN reveló que, entre quienes consideraron la política de control inmigratorio como un factor decisivo para su voto, Abbott obtuvo una ventaja de 17 puntos porcentuales.
Hinojosa ha calificado la operación fronteriza de Abbott de “teatro político” y ha señalado que debe ser revisada. Nathan Johnson, quien sucederá al republicano Ken Paxton como fiscal general del estado, declaró a CNN que examinará con ojo crítico los diversos acuerdos de colaboración que las agencias estatales han suscrito con el ICE a través del programa 287(g). Dicho programa contempla distintos niveles de cooperación, que van desde tareas administrativas hasta labores operativas de control inmigratorio. (Cabe destacar que, por su parte, cientos de agencias locales en Texas han firmado estos acuerdos de manera independiente).
“Si decido mantener ese acuerdo, será solo a condición de que el ICE se abra a una colaboración real, lo que me otorgaría facultades para investigar, de forma independiente, las acciones que el ICE lleve a cabo dentro de mi estado”, afirmó Johnson.
La congresista demócrata Veronica Escobar anticipó lo que describió como un enfoque de “sentido común” respecto a la seguridad fronteriza. “Es posible garantizar la seguridad pública sin necesidad de castigar a los sheriffs y a los condados por no plegarse a los dictados de la administración Trump”, declaró a CNN. “Creo que adoptaremos un enfoque mucho más práctico”.
Varias fuentes que hablaron con CNN prevén un cambio en la forma en que Texas aborda la inmigración, así como una reducción de algunas de las polémicas iniciativas de Abbott, incluida la operación Estrella Solitaria, lanzada en 2021 como desafío a las políticas fronterizas del expresidente Joe Biden en un contexto de cifras récord de cruces fronterizos.
Como parte de dicha operación, Abbott trasladó a inmigrantes en autobuses hacia ciudades gobernadas por demócratas, bloqueó el acceso de agentes federales a una parte de la frontera, instaló boyas en el río Bravo para disuadir a los migrantes y promulgó una ley que otorga a las fuerzas del orden estatales la autoridad para detener a inmigrantes, entre otras medidas.
Trump respaldó estas ideas; de hecho, llegó a nombrar a uno de los principales asesores de Abbott como jefe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y amplió algunas de las medidas estatales —como la colocación de más boyas en el río Bravo—, además de apoyarse en el estado para la detención de inmigrantes.
Hinojosa, la gobernadora electa, ha criticado la iniciativa de seguridad fronteriza que ha costado miles de millones de dólares calificándola de despilfarro, y durante su etapa en la legislatura de Texas votó en contra de la asignación de fondos para la misma.
La gobernadora electa, quien creció cerca de la frontera, en el valle del río Bravo, no ha precisado cuál será el futuro de esta iniciativa bajo su mandato.
CNN se puso en contacto con el equipo de campaña de Hinojosa para solicitar comentarios.
La posible reducción de la operación Estrella Solitaria ha inquietado a algunos aliados de Trump.
“Texas siempre fue el único estado que apostó decididamente por la inversión en seguridad fronteriza y por las políticas de deportación masiva al estilo MAGA. Se avecina un cambio importante para Texas en estos aspectos”, señaló Todd Bensman, investigador sénior sobre Seguridad Fronteriza en la Heritage Foundation y exasesor de alto nivel durante la administración Trump. Bensman expresó su preocupación ante la posibilidad de que el apoyo estatal disminuya, especialmente si surge una nueva crisis en la frontera.
“La seguridad fronteriza es más eficaz cuando cuenta con múltiples niveles”, afirmó.
El funcionario del Departamento de Seguridad Nacional también señaló que, en el pasado, el departamento ha enfrentado dificultades con gobernadores demócratas en la zona fronteriza, aunque, llegado el momento de una crisis, lograron resolver al menos algunos de esos conflictos. California, Arizona y Nuevo México —todos ellos estados fronterizos— también tienen gobernadores demócratas.
Al ser consultado el jueves sobre los cambios previstos en la frontera entre Texas y México bajo el mandato de Hinojosa, Trump afirmó: “Estoy seguro de que la nueva gobernadora querrá garantizar la seguridad en la frontera de Texas”.
“Si ellos no continúan con mi política, lo haré yo”, declaró ante los periodistas en la Oficina Oval.
Los defensores de los inmigrantes en el estado esperan cambios. Pero no necesariamente radicales, o al menos no de inmediato.
“Existe una sensación de novedad en esta dinámica dentro del estado, ya que ha pasado mucho tiempo desde que el equilibrio de poder fue tal como se perfila ahora”, señaló Javier O. Hidalgo, abogado y portavoz de RAICES, una importante organización con sede en Texas dedicada a la defensa y los servicios para inmigrantes.
“Creo que presenciaremos una etapa, a nivel estatal, de alineación y coordinación para definir los procesos necesarios con el fin de implementar dichas políticas”, afirmó.
Si bien los demócratas lograron una victoria contundente frente al Poder Ejecutivo —tradicionalmente un bastión republicano— y tomaron el control de la Cámara de Representantes de Texas, el Senado estatal permanece bajo dominio republicano.
Esta legislatura dividida hará que cualquier modificación a las leyes estatales sea una tarea sumamente difícil, incluidas aquellas que tipifican como delito estatal el cruce ilegal de la frontera y obligan a muchas jurisdicciones locales a colaborar con las autoridades inmigratorias federales.
El congresista demócrata Joaquin Castro declaró a CNN que espera que Hinojosa desempeñe un “papel fundamental en la forma en que se apliquen las leyes inmigratorias” en el estado, aunque necesitará la cooperación de la legislatura estatal para modificar ciertas leyes y políticas.
“Para que quede claro: seguirá habiendo aplicación de leyes inmigratorias y seguridad fronteriza. Pero, ojalá, entremos en una nueva era en la que no se recurra a la singularización racial ni se inunden las calles con agentes del Departamento de Seguridad Pública o los centros de detención con miembros de la Guardia Nacional de Texas con el único fin de montar un gran espectáculo de deportaciones masivas”, sostuvo.
Según un análisis de la organización FWD.us, las fuerzas del orden estatales y locales en Texas colaboran con el Gobierno federal de manera más estrecha y extensa que en cualquier otro estado.
Estas cifras se han visto incrementadas debido a una ley estatal, promulgada el año pasado por Abbott, que obliga a los sheriffs —quienes administran las cárceles en los 254 condados del estado— a colaborar, de una forma u otra, con las autoridades inmigratorias federales.
La mayoría ha cumplido con esta disposición, aunque algunos han expresado su preocupación sobre cómo estos acuerdos podrían afectar la confianza de la comunidad. Paxton, quien perdió la elección para el Senado de EE.UU., inició investigaciones y envió requerimientos a algunos condados que no cumplieron de inmediato.
Dicha ley exige que los acuerdos se firmen antes del próximo mes. Sin embargo, su aplicación recaerá, en gran medida, en los demócratas que asumirán sus cargos en enero.
Johnson, el próximo fiscal general, señaló que siempre ha existido una relación de trabajo respetuosa entre los sheriffs de Texas y el Gobierno federal —especialmente en la zona fronteriza, donde colaboran con frecuencia— y que formalizar esa relación resulta “innecesario, además de que resta discrecionalidad a los sheriffs locales”.
“Al mismo tiempo, hacer cumplir esa ley es responsabilidad del fiscal general”, afirmó.
Ahora, Johnson tendrá la facultad de decidir si emprende acciones legales contra quienes se resistan a firmar los acuerdos. “Y si están desafiando la ley sin una razón válida, me aseguraré de que la cumplan, aunque la ley no sea de mi agrado”, declaró.
Según indicó, podrían establecerse excepciones para aquellos agentes del orden que consideren que la ley “compromete su capacidad para garantizar la seguridad pública”.
Activistas advierten que, si los demócratas de Texas no aprovechan este cambio en el panorama político, podrían perder el impulso logrado en el estado, así como sus ambiciones más amplias a futuro. Rochelle Garza, presidenta del Texas Civil Rights Project y candidata demócrata a fiscal general del estado en 2022, señaló que los votantes no solo brindaron una oportunidad al partido, sino que también le otorgaron un mandato.
“Y, francamente —añadió—, si no se aprovecha, se puede perder”.
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