Informe de la ONU renueva críticas al gobierno de Ortega por la situación de los DD.HH. y documenta violaciones
(CNN Español) –– La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el desconocimiento del Estado de Nicaragua de su responsabilidad en las múltiples violaciones de derechos humanos cometidas desde el inicio de las protestas antigubernamentales en 2018 «ha perpetuado la impunidad y ha fomentado la repetición de dichas violaciones».
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Esa conclusión pertenece a un informe que será presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU este jueves. El reporte abarca del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2020.
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El Alto Comisionado señala en un reporte de 16 páginas que en los tres años que pasaron desde el estallido de la crisis sociopolítica y de derechos, ese organismo, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, documentaron múltiples formas de represión y violencia que dejaron más de 300 muertos y 2.000 heridos en el contexto de las protestas, y al menos 1.614 personas arbitrariamente privadas de su libertad.
En esos tres años, más de 100.000 nicaragüenses han solicitado asilo en terceros países, dice el informe. Entre ellos, unos 25.000 durante los cinco meses que abarca el reporte, según indica.
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El Alto Comisionado señala que ante sus pedidos de información, el gobierno de Daniel Ortega ha respondido en enero de 2020 que «no se han producido ataques o actos de intimidación contra los defensores de derechos humanos, los dirigentes comunitarios, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, ni contra ninguna persona que critique al gobierno, y que su labor está protegida».
Pese a la posición expresada por el gobierno, la agencia afirma que a finales de 2019 y a lo largo de 2020 documentó 83 casos de persecución, acoso y amenazas contra esos actores de la sociedad civil. En particular estudiantes, campesinos y defensores de derechos humanos, incluidas personas miembros de organizaciones de víctimas y de mujeres.
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Esas acciones, dice el informe, «incluyeron al menos a cuatro mujeres y tres hombres que habrían sido objeto de represalias o intimidación debido a su cooperación con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos».
De acuerdo al reporte, al 7 de diciembre de 2020 al menos 110 manifestantes opositores estaban detenidos arbitrariamente. Además, 13 de ellos permanecían en prisión desde 2018. Algunos de los detenidos habrían sido presuntamente sometidos a torturas o malos tratos, dice el Alto Comisionado.
La situación humanitaria en el país se ha agravado, dice el documento. Según explica, esto a raíz de la pandemia de covid-19 y los dos huracanes que azotaron la región noviembre de 2020.
Preocupación por leyes aprobadas
El informe expresa además preocupación por la aprobación de leyes como la de Regulación de Agentes Extranjeros, la de Ciberdelitos, la de Defensa de la independencia, la Soberanía y la autodeterminación. Así como el establecimiento de cadena perpetua para los llamados crímenes de odio y la detención de hasta 90 días por investigación. Legislaciones que, según la oficina de la ONU, afectan negativamente las libertades de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de participación política. Lo que ocurre justo un año electoral y representa un riesgo de aplicación selectiva para reprimir voces disidentes.
«El gobierno debe adoptar urgentemente reformas electorales efectivas y establecer un diálogo genuino e inclusivo con todos los sectores de la sociedad, para allanar el camino hacia unas elecciones creíbles, transparentes y pacíficas el próximo 7 de noviembre, recuperar la confianza ciudadana y garantizar que nadie quede atrás», afirma el documento.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua se pronuncia
Sobre esa misma línea, en su mensaje pastoral por el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Nicaragua expresó el 17 de febrero: «En este año, como pastores, nos unimos a la aspiración de los nicaragüenses, sobre las necesarias reformas electorales que garanticen un proceso de elecciones libres y transparentes. Hacemos votos para que este año se supere cualquier tipo de confrontación y descalificación y acciones que vayan en contra de ese ejercicio cívico y democrático, que todo nicaragüense tiene derecho de ejercer».
Las delegación oficial de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha rechazado los informes de la oficina del Alto Comisionado. De acuerdo a lo que argumenta, se basan en reportes de organismos civiles que participaron en lo que el gobierno considera un «intento de golpe de Estado».
CNN buscó una reacción del gobierno de Nicaragua a través del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, coordinado por la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo. Sin embargo, aún no responden a nuestra solicitud.
El presidente Daniel Ortega reapareció el 22 de febrero en cadena de televisión, pero ignoró el tema de las reformas electorales. En ocasiones anteriores, Ortega ha advertido que quienes piden sanciones contra su gobierno no merecen ser nicaragüenses y perdieron su derecho a aspirar a cargos públicos.
