Grupos de derechos humanos piden a la Corte Penal Internacional investigar crímenes de lesa humanidad contra la presidenta de Perú y su Gobierno
Rocío Muñoz-Ledo
(CNN) — Dos grupos de derechos humanos presentaron una comunicación a la Corte Penal Internacional en la que solicitan la apertura de una investigación preliminar contra la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y miembros de su Gobierno por la muerte de 49 personas y 937 heridos durante las violentas protestas de 2022 y 2023.
Las abogadas Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), y Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (APRODEH), se reunieron este martes con miembros de la Fiscalía y presentaron documentación que afirma pruebas detalladas de crímenes de lesa humanidad entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, señala un comunicado difundido por la FIDH.
“Las personas implicadas en la comisión de los delitos de asesinato y tentativa de asesinato fueron autoridades estatales, incluyendo miembros del Ejército Peruano y de la Policía Nacional del Perú, quienes actuaron de conformidad con una política de Estado planificada o, como mínimo, aprobada por omisión, por las más altas autoridades nacionales del Perú”, concluye un informe de la FIDH y APRODEH.
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Las víctimas “formaban parte de una población civil de manifestantes o personas percibidas como tales, principalmente hombres jóvenes y pobres de zonas indígenas del país”, añade el informe.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fotografiada en San Francisco, California, el 15 de noviembre de 2023. Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP vía Getty Images.
CNN se ha puesto en contacto con el Gobierno de Perú y con el abogado que representa a la presidenta Boluarte para solicitar sus comentarios. Boluarte niega cualquier responsabilidad personal desde que se iniciaron las protestas, mientras que el ex primer ministro Alberto Otarola dijo que el Gobierno defendía “el derecho de los peruanos a la paz y la tranquilidad”.
Aparte de las víctimas, también hubo cientos de heridos “como consecuencia del uso indiscriminado de la fuerza letal por parte de los militares y de la policía encargada de patrullar las manifestaciones tras la declaración del estado de excepción”, dijo Cano a CNN.
“La mayoría fueron asesinados mientras ejercían su legítimo derecho a protestar”, añadió Cano.
Los perfiles presentados a la CPI incluyen a Leonardo Hancco, de 32 años, y Beckhan Quispe, de 18, cuyos casos fueron reportados previamente por CNN.
El movimiento de protesta del país andino, de varias semanas de duración, se desencadenó tras la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, alimentado por un profundo descontento sobre las condiciones de vida y la desigualdad en el país. Aunque las protestas se produjeron en todo el país, la mayor violencia se registró en el sur rural e indígena.
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Según un informe de Amnistía Internacional de mayo de 2023, las fuerzas de seguridad peruanas llevaron a cabo ataques generalizados contra manifestantes, incluidos jóvenes y niños.
El informe afirma que las fuerzas de seguridad participaron en “ejecuciones extrajudiciales “y “uso generalizado de munición letal” al tratar de contener las protestas. Murieron 49 civiles, y Amnistía Internacional afirma que varios de los fallecidos eran transeúntes.
“En ninguno de los casos se encontraron pruebas de que la persona fallecida supusiera un riesgo para la vida o la integridad de los funcionarios”, afirma el informe de Amnistía Internacional.
La Fiscalía de Perú abrió una investigación preliminar en enero de 2023 contra la presidenta Boluarte, el ex primer ministro Alberto Otarola y otros ministros de la época por presunto genocidio, homicidio y lesiones graves cometidos durante las protestas. Boluarte declaró en una reunión a puerta cerrada el año pasado, según reportó CNN en Español. La investigación sigue abierta.
Alberto Otarola, ex primer ministro de Perú, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno de Lima, Perú, el viernes 9 de junio de 2023. (Fotógrafo: Sebastián Castañeda/Bloomberg vía Getty Images)
También se contactó a los ministerios de Defensa e Interior de Perú. Ambos dijeron a CNN en febrero de 2023 que no podían hacer comentarios hasta que finalizara la investigación en curso llevada a cabo por la Fiscalía.
Las autoridades peruanas afirman que las fuerzas de seguridad del país actuaron en defensa propia.
El año pasado Boluarte dijo que ella y sus ministros no deciden protocolos para las Fuerzas Armadas o la Policía.
“Ellos tienen su propia ley y protocolos. ¿A quién cumplen? A sus comandantes. Nosotros no tenemos ningún poder sobre ellos. Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo mando (sobre ellas) y los protocolos los deciden ellos”, dijo.
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Yovana Mendoza, presidenta de la asociación de víctimas de Ayacucho y que perdió a su hermano Jhon Mendoza, de 34 años, dijo a CNN que esta petición a la CPI es un grito de ayuda de las familias de Perú. Ella dice que han sido olvidados e ignorados por las autoridades.
“Aquí no confiamos en el Gobierno, ya que sólo introducen leyes para protegerse a sí mismos”, dijo.
Ruth Barcena dijo a CNN que tiene esperanzas de que se haga justicia con esta petición tras la muerte de su esposo Leonardo Hancco.
Según los procedimientos de la CPI, presentar una comunicación es el primer paso para que el tribunal establezca si, con base en la información disponible, parece que se han cometido crímenes de la competencia de la Corte. Si es así, el tribunal puede proceder a abrir una investigación preliminar completa.
“Hoy en día la Corte Penal Internacional es una entidad clave en el funcionamiento de la gobernanza mundial… es una entidad en la que la sociedad civil debe confiar y que la comunidad internacional está apoyando”, dijo Reyes a CNN.
Jimena de la Quintana de CNNE contribuyó a este reporte desde Lima
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