Hasta dónde llega la propuesta de ley de amnistía en Venezuela: estas son las claves
Por Anabella González y Gonzalo Zegarra, CNN en Español
La Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría chavista, realizará esta semana la segunda discusión de un proyecto de ley de amnistía promovido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, tras aprobarlo en primera instancia el jueves por unanimidad.
El viernes en la noche, la Asamblea publicó oficialmente el texto de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, que consta de 13 artículos y plantea que es deber del Poder Legislativo “dictar medidas que sirvan para reparar” las “heridas profundas” que ha dejado la confrontación política en la sociedad venezolana.
“La amnistía general propuesta busca la convivencia y la paz entre los venezolanos y las venezolanas, permitiendo la coexistencia desde la diversidad y la pluralidad, siempre con respeto a la ley y a la justicia”, afirma la propuesta de ley.
Ahora, el proyecto pasa a consulta pública y luego tendrá que someterse a una segunda discusión parlamentaria para ser aprobado.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió este viernes que “todos los detenidos” saldrán en libertad en cuanto la ley sea aprobada en la segunda discusión, y estimó que esto ocurrirá “entre el martes que viene y a más tardar el viernes”.
El Gobierno venezolano plantea que con esta ley busca establecer la paz nacional y superar “los ciclos de confrontaciones estériles”. También califica la iniciativa como “un acto de clemencia soberana que priorice el futuro y el respeto al Estado de derecho”.
El documento reafirma, tal como señaló la mandataria encargada al anunciar la medida, que el objetivo es promover la reconciliación y alejarse de “la venganza y la revancha”.
En el mismo tono se refirió al tema Jorge Rodríguez, quien dijo el jueves: “Pedimos perdón, porque lo digo con claridad, a mí no me gustan los presos”.
Para la consulta pública, se designó una comisión especial, presidida por el diputado chavista Jorge Arreaza e integrada por otros 18 diputados.
El proyecto de ley propone que la amnistía general alcanzaría a todas las personas que hayan sido procesadas o condenadas por la presunta o comprobada “comisión de delitos políticos o conexos” entre el 1 de enero de 1999 al 30 de enero de 2026.
En ese rango de fechas, plantea 10 casos y contextos en los que se contempla la amnistía.
Entre ellos menciona el golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas; los hechos de violencia por motivos políticos “en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero” de diciembre de 2002 a febrero de 2003; los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en febrero y marzo de 2004 y en agosto de 2004.
El proyecto también incluye los hechos de violencia por motivos políticos situados en mayo de 2007, así como los ocurridos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013 y los hechos de violencia por motivos políticos entre febrero y junio de 2014.
En esta amnistía se incluirían, además, los hechos por los mismos motivos ocurridos entre marzo y agosto de 2017, al igual que los sucedidos entre enero y abril de 2019, y finalmente los presuntos hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en el marco de las últimas elecciones presidenciales de julio de 2024.
Tras la captura del presidente Nicolás Maduro en un operativo llevado a cabo por Estados Unidos y a un mes de que las autoridades de Venezuela anunciaron que “un número importante” de personas serían liberadas, se han producido más de 400 excarcelaciones en el país, según el recuento de la organización no gubernamental Foro Penal, que afirma que aún hay unos 600 presos políticos en Venezuela y exige su liberación.
Organizaciones no gubernamentales y otros actores políticos ven con buenos ojos que en el país se lleve a cabo una amnistía, pero piden que se tomen en cuenta las observaciones de la ciudadanía y que a la par de ese proceso continúe la excarcelación de los presos políticos.
“No es necesaria una amnistía para liberar a todos los presos políticos. La liberación de los presos políticos debe continuar. La amnistía debe ser una garantía de libertad plena hacia el futuro, no una condición para liberar a quienes hoy están detenidos arbitrariamente”, dijo en X Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal.
Según plantea el artículo 7 del proyecto de ley, quedan excluidos de esta amnistía las personas que estén procesadas o condenadas por la comisión de una serie de delitos.
Entre ellos mencionan las violaciones graves a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y también los casos de homicidio intencional, de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, con pena mínima aplicable superior a nueve años de prisión.
Por último, quedan excluidas las personas procesadas o condenadas por delitos contra el patrimonio público.
De acuerdo con la normativa, una vez que esté en vigencia la ley “cesará cualquier medida de coerción personal y las medidas alternativas a la privación de libertad que hayan sido acordadas”, lo que implica que se extinguirán “todas las acciones penales, administrativas, disciplinarias o civiles” que se encuentren en trámites judiciales y procedimientos, incluso las solicitudes de extradición relacionadas con hechos vinculados a la amnistía.
Será el Tribunal a cargo de cada caso quien verificará las amnistías y decretará el sobreseimiento de los procesos en curso o la revisión de la sentencias firmes para su anulación, dice el proyecto. Ese proceso se dará “a solicitud del Ministerio Público o de la persona procesada o condenada”.
Con esta normativa, las autoridades policiales, administrativas y militares darán por finalizados los procedimientos y averiguaciones relativos a los casos y se eliminarán los registros y antecedentes relacionados. Esto último puede ser de oficio o bien ante la solicitud de la persona interesada o de la Fiscalía, según detalla el texto.
La ley entraría en vigencia en Venezuela una vez que sea aprobada y publicada de manera oficial, lo que, según Rodríguez, ocurriría esta semana.
Varias organizaciones participaron el sábado en una reunión de consulta ante la Comisión Parlamentaria que evalúa el proyecto para presentar sus observaciones y propuestas. Al encuentro asistieron representantes Foro Penal, Provea, Acceso a la Justicia y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), entre otros.
“Planteamos con mucho detalle y de manera fundamentada todos los aspectos que consideramos relevantes. Siendo justos, muchos fueron bien recibidos, otros no tanto, pero al menos se mostró la disposición necesaria a su debida consideración”, indicó Foro Penal. La ONG detalló que mencionó aspectos técnicos que “deben ser corregidos” y propuso que la supervisión de la ley no quede solo en manos del Poder Ejecutivo.
Por su parte, Provea y Clippve detallaron en un comunicado una serie de planteamientos, entre los que destacó que la medida no debe ser concebida como una medida de gracia por parte del Estado ni obstaculizar “el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a la verdad, a la justicia y la reparación”.
Las organizaciones señalaron que circunscribir la amnistía a “delitos políticos o conexos” genera ambigüedad y dejaría un amplio margen de interpretación, lo que potenciaría decisiones arbitrarias sobre los beneficiarios. Además, indicaron que el artículo 6, que especifica los contextos de tensión política en los que enmarca los casos, es “limitativo e inapropiado”.
También remarcan que la extinción de las acciones “relacionadas con los hechos comprendidos en la amnistía” no deben excluir las responsabilidades penales o de otra índole relativas a los posibles delitos vinculados a violaciones a derechos humanos sufridas por los beneficiarios de la amnistía en virtud de su privación de libertad u otros hechos lesivos de sus derechos.
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Con información de Rocío Muñoz-Ledo y Mauricio Torres, de CNN.
