Los jueces conservadores de la Corte Suprema de EE.UU. podrían alterar significativamente las elecciones de 2026
Por Joan Biskupic, CNN
Este lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos pareció dispuesta a limitar el voto por correo, una medida que reforzaría la tendencia de los magistrados a reducir la protección de los votantes y que, en el fondo, favorece los intereses republicanos y del Gobierno de Trump.
Y en un momento en que algunos magistrados minimizan públicamente sus divisiones internas, el caso del lunes, que ponía a prueba si las papeletas de voto por correo podían recibirse después del día de las elecciones, puso de manifiesto la profunda brecha entre la izquierda y la derecha con respecto al acceso al voto.
Este caso es uno de los dos litigios más importantes ante la Corte Suprema que podrían afectar significativamente las próximas elecciones de mitad de mandato. Se espera que la Corte emita un fallo esta primavera (boreal) sobre un caso pendiente de Louisiana que involucra el alcance de una disposición de la Ley de Derechos Electorales destinada a proteger contra la discriminación racial.
Las consecuencias para la democracia de las disputas sobre la ley electoral son incalculables. Quien vota determina quién accede a un cargo público. Y quien ocupa un cargo determina las políticas, la financiación y otros beneficios gubernamentales que dan forma a la vida de todos los estadounidenses.
Este lunes, magistrados conservadores expresaron sus dudas sobre la validez de una ley de Mississippi, que permite que las papeletas con matasellos válidos se reciban dentro de los cinco días hábiles posteriores a las elecciones, según las leyes electorales federales. Dichas leyes, que datan de 1845, establecen el martes siguiente al primer lunes de noviembre como la fecha para las elecciones federales.
En la práctica, el Comité Nacional Republicano y otros opositores a la ley de Mississippi y medidas similares afirman que esas papeletas que llegan tarde generan incertidumbre y contribuyen al caos postelectoral.
Mientras tanto, los magistrados progresistas hicieron hincapié en la importancia de respetar las prácticas generalizadas de voto por correo. Alrededor de 30 estados, en mayor o menor medida, permiten que se cuenten las papeletas enviadas por correo el día de las elecciones si se reciben poco después.
Entre quienes apoyan a Mississippi se encuentran el Comité Nacional Demócrata y grupos de derechos civiles que destacan la importancia del voto por correo para personas con problemas de edad o discapacidad, responsabilidades laborales o educativas, y servicio militar. Afirman que un cambio alteraría las expectativas de millones de votantes estadounidenses que dependen del voto por correo y que, debido a las prácticas estatales vigentes, creen que una papeleta que llegue justo después del día de las elecciones será contabilizada.
Durante las intensas dos horas de debate, la frustración en el ala izquierda era palpable. “Quienes deben decidir sobre este asunto no son los tribunales, sino el Congreso”, declaró la jueza progresista Sonia Sotomayor.
Los jueces de derecha cuestionaron las afirmaciones de Mississippi y sugirieron que, históricamente, el Congreso quería que todas las papeletas se recibieran en un único día de elecciones nacionales.
El juez conservador Brett Kavanaugh se aferró a los argumentos de que las papeletas que llegan tarde generan preocupación por el posible fraude. Y, tal vez para contrarrestar las afirmaciones de los activistas de derechos civiles sobre el daño potencial a ciertas clases de votantes, en un momento dado interpeló al procurador general de Mississippi, Scott Stewart y dijo: “¿Diría usted que los estados que exigen la recepción de las papeletas antes del día de las elecciones están privando del derecho al voto a los ciudadanos?”.
Stewart respondió que no. “Un plazo razonable para votar no implica eso. Añadiría un asterisco, simplemente porque existen obstáculos prácticos para los votantes militares en el extranjero”, agregó.
Según la Constitución, los estados son responsables de las fechas, lugares y modalidades de las elecciones, pero el Congreso puede establecer o modificar dichas normas. El caso se centra en una serie de leyes federales que fijan la fecha de las elecciones para los electores presidenciales y los miembros del Congreso.
“Los estatutos del día de las elecciones establecen una regla sencilla: los estados deben elegir a sus funcionarios antes del día de las elecciones”, declaró Stewart ante los magistrados. Añadió que este requisito se cumple cuando los votantes “realizan sus selecciones individuales antes del día de las elecciones”, incluso si la papeleta enviada por correo no llega en esa fecha.
Stewart, al defender una ley aprobada por la legislatura estatal controlada por los republicanos, señaló que las leyes no impiden ninguna prórroga de los plazos y que, durante décadas, el Congreso ha respetado las políticas estatales que permiten el recuento de las papeletas recibidas después del día de las elecciones.
El abogado Paul Clement, en representación del Comité Nacional Republicano y otros demandantes, dijo a los magistrados que la postura de Mississippi contraviene a la ley federal y causaría más confusión en los resultados electorales.
“Si alguien en Gulfport pregunta al día siguiente de las elecciones si ya terminaron, la respuesta lógica es que no. Siguen llegando votos”, dijo Clement. “Y si alguien pregunta quién ganó, la respuesta sincera es que aún no sabemos por que siguen llegando votos. Y podrían llegar poco a poco durante semanas o meses. De hecho, podrían llegar durante semanas o meses con o sin matasellos, de diferentes maneras y en diferentes estados. Esa realidad desmiente la idea de que tenemos un día de elecciones nacional uniforme”.
Los magistrados conservadores expresaron tales temores ante posibilidades extremas e ilimitadas.
“Usted tiene varios problemas para establecer límites”, le dijo el juez Samuel Alito a Stewart, señalando que algunos estados aceptan boletas semanas después de las elecciones. “¿Entonces no hay límite? Excepto, supongo, el día en que se designan los electores presidenciales o el día en que arranca a sesionar el nuevo Congreso”.
Alito también planteó la posibilidad de que hubiera papeletas fraudulentas.
“Algunos de los informes presentados han argumentado que la confianza en los resultados electorales puede verse seriamente socavada si el resultado aparente de la elección, al día siguiente del cierre de las urnas, cambia radicalmente debido a la posterior aceptación de una gran cantidad de papeletas que modifican el resultado de la elección”, dijo Alito.
Las acusaciones de fraude, formuladas sin pruebas concretas, han sido habituales para el Gobierno de Trump, que se opuso a la ley de Mississippi junto con el Partido Republicano. El presidente Donald Trump ha intentado acabar con la mayor parte del voto por correo y está presionando al Congreso para que apruebe un proyecto de ley de reforma electoral federal que añadiría requisitos estrictos de identificación del votante y prueba de ciudadanía.
“Obviamente, han insistido en el tema del antifraude”, dijo Stewart en respuesta a Alito, y agregó: “No han citado ni un solo ejemplo de fraude relacionado con la recepción de votos después del día de las elecciones en este siglo”.
El enfrentamiento del lunes entre los jueces liberales nombrados por los demócratas y los conservadores nombrados por los republicanos tuvo similitudes con la audiencia de octubre sobre la Ley de Derechos Electorales.
En octubre, los magistrados conservadores dieron a entender que probablemente limitarán el alcance de la Ley de Derechos Electorales de 1965, cuyo objetivo era garantizar la igualdad de acceso a las urnas para los votantes negros y otras minorías raciales. Esto reforzaría la postura del tribunal, ya que en las últimas décadas la mayoría conservadora ha eliminado múltiples protecciones amparadas por esta ley fundamental.
En el caso de Louisiana, lo que está en disputa son los distritos de “mayoría minoritaria”, utilizados para corregir los mapas electorales del Congreso que diluían el poder de voto de los votantes negros e hispanos y para darles la oportunidad de elegir a un candidato preferido.
Tradicionalmente, los tribunales federales han ordenado la creación de distritos electorales que tengan en cuenta la raza, tras constatar que una legislatura estatal discriminó al trazar los límites de los mapas electorales.
Varios magistrados del ala conservadora han dejado claro que creen que este tipo de medidas basadas en la raza, que se remontan a la década de 1960, simplemente ya no son necesarias.
El lunes surgió una división ideológica similar en las posturas enfrentadas.
Kagan cuestionó si, en caso de que Mississippi y sus aliados perdieran, las leyes federales sobre el día de las elecciones podrían posteriormente considerarse determinantes frente a otras prácticas estatales establecidas.
“Una vez que digamos que estas leyes, que no dicen nada, en realidad tienen un efecto preventivo significativo, ¿a dónde vamos a llegar?”
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