Organismo de control interno del DHS investiga el manejo de contratos de la agencia cuando Kristi Noem era secretaria
Por Priscilla Alvarez, Gabe Cohen y Michael Williams, CNN
El inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puso en marcha una exhaustiva investigación sobre la forma en que se han solicitado y gestionado los contratos en la agencia, incluido el involucramiento en el tema de la exsecretaria Kristi Noem y de su jefe de Gabinete “de facto”, Corey Lewandowski, según dos fuentes familiarizadas con la pesquisa.
La gestión de los contratos por parte de Noem dentro del DHS fue uno de los principales catalizadores de su destitución por parte del presidente Donald Trump a principios de este mes. La microgestión del departamento por parte de Lewandowski —incluida su intervención en los contratos— fue una fuente persistente de tensión con los funcionarios de la Casa Blanca, según ha informado CNN.
La Oficina del Inspector General anunció previamente una auditoría sobre las subvenciones y contratos del DHS adjudicados “por cualquier medio distinto a la competencia plena y abierta durante el año fiscal 2025”, según consta en su sitio web. El inspector general, Joseph Cuffari, se quejó ante el Congreso a principios de marzo de que la cúpula del DHS había estado obstaculizando parte de su labor.
Una de las fuentes familiarizadas con el asunto afirmó que la investigación del inspector general que abarca a Noem y Lewandowski es independiente de la auditoría anunciada con anterioridad. Dicha fuente indicó que los investigadores han ordenado a docenas de funcionarios del DHS que preserven los registros como parte de la nueva pesquisa.
En un comunicado dirigido a la CNN, un portavoz de la Oficina del Inspector General (OIG) del DHS declaró que su oficina no confirma ni desmiente la existencia de ninguna investigación, y señaló que la auditoría sobre ciertas subvenciones y contratos del DHS cuenta con un mandato del Congreso y es de carácter anual obligatorio. No está claro qué contratos específicos son objeto de la investigación del inspector. La auditoría de la OIG, añadió el portavoz, se encuentra en pausa debido a que el equipo encargado de la misma fue suspendido temporalmente como parte del cierre parcial del DHS.
“Una vez que se restablezca la financiación, se reanudará esta auditoría”, rezaba el comunicado.
CNN ha intentado contactar a Lewandowski, a través del número de teléfono y la dirección de correo electrónico registrados a su nombre, para recabar sus comentarios sobre la investigación del inspector general. El Departamento de Estado —donde Noem ejerce actualmente como enviada especial centrada en la lucha contra el narcotráfico— remitió la solicitud de comentarios nuevamente al DHS.
Durante un par de audiencias celebradas en el Congreso a principios de este mes, varios legisladores —incluidos algunos republicanos— se mostraron especialmente críticos con los contratos publicitarios por valor de US$ 220 millones que se adjudicaron para promover la misión de la agencia y en los que la figura de Noem aparecía de manera destacada.
Noem defendió dicho gasto argumentando que esos anuncios lograron convencer a inmigrantes indocumentados de abandonar Estados Unidos. Pero ella también afirmó que Trump había aprobado ese gasto publicitario, algo que el presidente negó posteriormente.
Noem también instituyó una política que exigía su aprobación para cualquier subvención y contrato superior a los US$ 100.000, lo que, por consiguiente, requería que ella fuera informada sobre múltiples contratos federales.
Esa política suscitó amplias quejas dentro de la agencia —donde la mayoría de los contratos superaban dicha cifra— y provocó cuellos de botella en la financiación de ayudas de vital importancia tras una serie de desastres naturales ocurridos el año pasado, según informó previamente CNN.
Durante el primer año del mandato de Trump, el DHS recibió una cantidad de fondos sin precedentes para llevar a cabo la agenda de deportaciones del presidente, un objetivo fundamental de su Gobierno y un tema que utilizó con éxito durante su campaña presidencial.
El año pasado, la agencia recibió una inyección de US$ 165.000 millones proveniente de la megaley de política interna de Trump, de los cuales US$ 65.000 millones se destinaron exclusivamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Dichos fondos se están utilizando para todo tipo de fines, desde la contratación de miles de agentes adicionales de ICE hasta la construcción de vastos centros de detención para albergar a los inmigrantes detenidos por la agencia.
En una carta dirigida al Congreso, enviada poco antes de la destitución de Noem a principios de este mes, Cuffari afirmó que la agencia había “obstruido sistemáticamente” su labor durante los últimos meses, negando, entre otras cosas, el acceso a registros e información internos. La carta continúa enumerando 11 casos en los que la OIG (Oficina del Inspector General) denunció haber sufrido obstrucciones, incluido uno relacionado con “una investigación penal con implicaciones para la seguridad nacional”.
El actual secretario del DHS, Markwayne Mullin, se comprometió durante su audiencia de confirmación a cooperar con el inspector general en la medida en que la ley así lo exija.
“Haré todo aquello que la ley y las políticas que ustedes me dicten me exijan”, declaró Mullin. “Conmigo no habrá zonas grises”.
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