Delcy Rodríguez anunció el “fin de la Ley de Amnistía”: cuántos detenidos políticos aún permanecen en prisión

Por Uriel Blanco, CNN en Español

Tras poco más de dos meses de su aprobación, la histórica Ley de Amnistía que buscaba, según sus impulsores, consolidar la paz y la convivencia con la excarcelación de presos políticos llegó a su fin, anunció este jueves Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela.

La ley, que llegó después de la captura de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense en Caracas a inicios de enero y luego de que el oficialismo anunciara la liberación de “un número importante” de personas días después, fue ampliamente cuestionada por organizaciones civiles de derechos humanos y por un sector de la oposición debido a su alcance: dejaba fuera a militares y a personas que hubieran participado en acciones armadas o de fuerza contra el país, además de que los hechos sujetos a la amnistía se limitaban a 13 momentos específicos de crisis política ocurridos desde 2002.

Foro Penal, organización no gubernamental que ha asistido a miles de personas en sus procesos de excarcelación y que ha sido una de las principales críticas de la Ley de Amnistía, dio a conocer sus cifras más actuales sobre pesos políticos en Venezuela unos días antes del fin de la legislación.

Con corte al 20 de abril, la organización registraba un total de 473 detenidos por motivos políticos (427 hombres y 46 mujeres), entre ellos, un adolescente de entre 14 y 17 años. De ese total, Foro Penal aún desconoce el paradero de dos personas.

Si bien la gran mayoría son venezolanos, la organización dice que 43 son extranjeros.

Del total de presos políticos, 286 son civiles y 187 militares.

Como se señaló, la Ley de Amnistía no cubría a militares. En varios casos, presos políticos militares llevan años detenidos y sin juicio. El jueves, mismo día del fin de la ley, Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, anunció la excarcelación de un coronel de la Guardia Nacional Bolivariana de 65 años que estuvo detenido 11 años sin juicio. “Se encuentra muy enfermo. Estaba recluido en la cárcel 26 de Julio, en San Juan de los Morros, estado Guárico”, dijo Romero en X.

Desde el 8 de enero, cuando el oficialismo anunció el proceso para liberar a “un número importante de personas”, Foro Penal ha registrado 768 excarcelaciones de presos políticos.

De estas, 186 fueron por la Ley de Amnistía, es decir, 24,21 % del total, según la ONG.

“Si el Gobierno tiene otros datos, con gusto los verificamos, pero no se ha publicado un informe oficial con la lista de los favorecidos por la amnistía”, dijo el miércoles Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal.

Ese mismo día, el diputado oficialista Jorge Arreaza, presidente de la comisión que velaba por el cumplimiento de la Ley de Amnistía, dijo en su cuenta de X que 8.616 personas que se encontraban detenidas o con medidas cautelares sustitutivas de prisión recuperaron su libertad desde la entrada en vigor de la ley hace dos meses.

De esas 8.616 personas, 314 estaban privadas de la libertad en prisiones, afirmó Arreaza. Por tanto, la cifra oficial supera en 128 personas excarceladas a la que registró Foro Penal (186).

Luego de anunciar el fin de la legislación, la presidenta encargada señaló que “para aquellos casos que no estaban contemplados o, mejor dicho, estaban excluidos expresamente en la Ley de Amnistía, hay otros espacios donde se pueden canalizar”.

Rodríguez explicó que los casos no contemplados en la ley podrán ser atendidos a través del Programa de Convivencia Democrática y Paz, así como de la recién instalada Comisión Nacional para la Reforma de la Justicia Penal.

No obstante, más allá de estos mecanismos, Foro Penal criticó la manera súbita de acabar con la Ley de Amnistía.

“El artículo 218 de la Constitución dice claramente que las leyes sólo pueden ser derogadas por otras leyes y sólo se abrogan por referendo. El Poder Ejecutivo no puede privar de su vigencia a ninguna ley de la República. La Ley de Amnistía es un acto dictado por la Asamblea Nacional actuando como cuerpo legislador (artículo 202 de la Constitución). Sólo un acto de la misma naturaleza, emanado de la Asamblea Nacional, o un referendo abrogatorio (en el que el pueblo decide) puede privarla de su vigencia”, dijo Himiob en X.

Contrario a lo que dice Himiob, la Ley de Amnistía no podría haber sido derogada por un referendo abrogatorio, ya que el artículo 74 de la Constitución de Venezuela indica que “no podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes (…) de amnistía”.

Sin embargo, es correcto lo que dice Himiob con base en el artículo 202 y 218: solamente la Asamblea Nacional, mediante un acto legislativo, podría abrogar la Ley de Amnistía.

Otro punto que critica Himiob es que “la Ley de Amnistía no estaba limitada, en lo que respecta a su aplicación, en el tiempo. Se estableció desde cuándo comenzaba su vigencia (desde su publicación en Gaceta Oficial), pero no se le impuso ‘fecha de caducidad’”.

Y es verdad. La Ley de Amnistía estableció en su texto que su aplicación cubría el período entre 1999 y 2026 (aunque en la práctica su alcance se limitó a 13 momentos específicos de crisis política ocurridos desde 2002). Sin embargo, la legislación nunca estableció una fecha límite ni fecha de caducidad, como dice Himiob.

“Si la Ley de Amnistía de 2026 ha tenido un alcance limitado eso ha sido, en primer lugar, porque ni la Asamblea Nacional ni el Poder Ejecutivo le prestaron atención a las recomendaciones y críticas que, desde el inicio, se hicieron sobre el texto de la misma y, en segundo lugar, porque los órganos de la administración de justicia, que son parte del mismo sistema represivo que hizo necesaria una amnistía, nunca tuvieron en realidad la disposición ni la capacidad de aplicar la Ley de Amnistía respetando su sentido o los principios que en ella están contenidos”, agregó.

El diputado Jorge Arreaza dijo este viernes en X que, a pesar de lo que señaló la presidenta encargada, la ley “no pierde vigencia. Las solicitudes se seguirán recibiendo”. Agregó que la norma ha beneficiado a casi todas las personas a quienes podía beneficiar y que, por ello, Rodríguez abrió “mecanismos alternos para revisar casos por otras vías”.

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Con información de Rocío Muñoz-Ledo, de CNN.