Una ley establece un límite de 60 días para las guerras no autorizadas. ¿La respetará Trump?

Análisis de Zachary B. Wolf, CNN

Una ley posterior a la guerra de Vietnam impone un plazo de 60 días para el uso de la fuerza militar sin autorización del Congreso.

La guerra en Irán, para la cual la administración Trump no solicitó aprobación, cumple ese plazo de 60 días el 1 de mayo, según el texto de la ley, la Resolución de Poderes de Guerra, pero no está nada claro qué sucederá cuando ese día llegue.

La ley establece un cronograma para las guerras no declaradas:

Primero, 48 horas. El presidente debe notificar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al despliegue de las fuerzas armadas y explicar el alcance, la justificación y la probable duración de la operación.

En su notificación al Congreso sobre Irán, Trump, al igual que otros presidentes, afirmó que comprometió tropas en virtud de la autoridad inherente al presidente, según la Constitución, para “conducir las relaciones exteriores de Estados Unidos”.

Segundo, 60 días. El Congreso debe autorizar el uso de la fuerza dentro de los 60 días posteriores a la recepción de dicha notificación o, según la ley, el presidente debe dar por terminada la acción militar.

En tercer lugar, existe la posibilidad de una prórroga de 30 días. Trump puede extender el plazo de 60 días por otros 30 días si argumenta que la acción militar continua es necesaria para garantizar la seguridad de los militares durante la retirada de la guerra. Trump ha declarado que no se dejará presionar para llegar a un mal acuerdo que ponga fin a la guerra.

Existe cierta confusión en el Congreso sobre la fecha exacta del plazo de 60 días fijado por la Casa Blanca, ya que los abogados de ambos partidos argumentan que existen diversas interpretaciones de la ley federal.

Algunos creen que el plazo de 60 días comenzó a contar desde la fecha de inicio de las hostilidades (lo que situaría la fecha límite el 29 de abril), mientras que otros citan el texto de la ley para argumentar que son 60 días naturales a partir de la fecha en que la Casa Blanca notificó oficialmente al Congreso (lo que situaría la fecha límite el 1 de mayo).

Pero muchos legisladores republicanos creen que el período de alto el fuego no cuenta para el plazo de 60 días. Incluso algunos demócratas dijeron que el alto el fuego podría complicar el cronograma.

“No se pueden castigar los altos el fuego. Queremos que se sienten a dialogar”, dijo el representante republicano Brian Fitzpatrick a CNN.

Fitzpatrick dijo estar listo para forzar una votación sobre la Ley de Poderes de Guerra si el alto el fuego termina.

Los legisladores pueden revocar los poderes de guerra de un presidente en cualquier momento, pero los intentos demócratas de hacerlo en esta ocasión han fracasado hasta ahora. La senadora republicana Lisa Murkowski, quien ha criticado la forma en que Trump ha manejado la guerra, ha hablado de impulsar una autorización para establecer límites a la forma en que se lleva a cabo la guerra, pero aún no lo ha hecho.

Varios presidentes, incluido Trump, han argumentado que la ley en sí es inconstitucional. Richard Nixon vetó la legislación cuando se aprobó por primera vez, argumentando que limitaba la capacidad de los presidentes para proteger al país. El Congreso anuló su veto.

Una resolución para limitar el poder de Trump en Venezuela fue rechazada en el Senado únicamente por el voto decisivo del vicepresidente J. D. Vance. Sin embargo, Vance declaró en enero, antes de la guerra con Irán, que la Resolución sobre los Poderes de Guerra no afectaría la forma en que Trump gobernaba el país.

“La Ley de Poderes de Guerra es fundamentalmente una ley falsa e inconstitucional”, afirmó Vance. “No va a cambiar en absoluto nuestra política exterior en las próximas semanas ni en los próximos meses. Y seguiremos actuando de la misma manera”.

A pesar de que varias administraciones han mantenido esta postura, la ley nunca se ha utilizado para poner fin a una acción militar y los tribunales se han abstenido de intervenir. A lo largo de los años, se han presentado numerosas demandas por parte de miembros del Congreso que impugnan el uso de la fuerza en virtud de la Resolución sobre los Poderes de Guerra, pero los tribunales no se han pronunciado sobre la constitucionalidad de la ley. Presidentes anteriores han encontrado maneras ingeniosas de prolongar sus intervenciones militares más allá de los 60 días, a pesar de la clara redacción de la ley, pero ninguna alcanzó la magnitud de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, como han documentado el Centro Nacional de la Constitución y el Servicio de Investigación del Congreso.

Y, a diferencia de administraciones anteriores, la Casa Blanca de Trump no ha hecho ningún esfuerzo público por conseguir apoyo en el Capitolio.

El presidente Ronald Reagan evitó un enfrentamiento constitucional con el Congreso por la ley al llegar a un acuerdo con los legisladores en 1983. Reagan había desplegado infantes de marina en el Líbano el año anterior como parte de una fuerza internacional de mantenimiento de la paz. Pero no activó la Resolución sobre Poderes de Guerra hasta que murieron infantes de marina que formaban parte de esa fuerza y ​​Reagan autorizó a los infantes de marina a usar la “legítima defensa agresiva”.

Tras la notificación de 48 horas emitida por Reagan, se desató un acalorado debate entre la administración y el Congreso, y los legisladores finalmente autorizaron el despliegue de infantes de marina en Beirut durante 18 meses adicionales. Días después de la decisión del Congreso, un atacante suicida asesinó a 241 infantes de marina y otros miembros de las fuerzas armadas en el cuartel de la Infantería de Marina en Beirut. Las fuerzas estadounidenses se retiraron del Líbano en febrero de 1984.

El presidente Barack Obama desautorizó a los abogados de su Departamento de Justicia para mantener a Estados Unidos involucrado en la campaña de bombardeos de la OTAN en Libia en 2011 durante más de 60 días sin la aprobación del Congreso.

Sin embargo, envió a un alto abogado del Departamento de Estado, Harold Koh, a testificar sobre la decisión ante el Capitolio, donde explicó las razones por las que consideraba que la ley no se aplicaba al conflicto.

Argumentaron que la campaña militar no constituía una exposición de las fuerzas estadounidenses a “hostilidades” según la ley. Koh también argumentó que las fuerzas estadounidenses no corrían verdadero peligro, ya que la mayor parte de la acción estadounidense se realizaba con drones y que, para entonces, otras naciones de la OTAN estaban llevando a cabo la mayor parte del trabajo.

El argumento de Obama fue adoptado por la administración Trump el año pasado, cuando Trump ordenó al ejército estadounidense hundir supuestas embarcaciones de narcotráfico durante mucho más de 60 días.

Trump podría, al menos en teoría, decir ahora que, debido al alto el fuego, las hostilidades han terminado y el plazo debería reiniciarse. O podría argumentar que la ley simplemente no se aplica. Los presidentes George H.W. Bush y George W. Bush obtuvieron autorizaciones para el uso de la fuerza militar en sus respectivas guerras contra Irak, pero ambos argumentaron que no las necesitaban.

El presidente Bill Clinton mantuvo tropas en Kosovo durante más de 60 días sin obtener permiso del Congreso como parte de una misión de mantenimiento de la paz de la ONU en 1999, pero argumentó que el Congreso había dado permiso de facto al autorizar los fondos para financiar el despliegue. El Congreso también impuso límites al momento en que se podía gastar ese dinero.

Hasta el momento, la administración Trump se ha negado a revelar el costo de la guerra contra Irán o a solicitar al Congreso un proyecto de ley de asignaciones suplementarias para financiarla.

Durante el segundo mandato de Trump, se han observado numerosos ejemplos de líderes republicanos en el Capitolio cediendo poder a la administración. Esto se ha manifestado en la política arancelaria de Trump, en los recortes a programas gubernamentales previamente autorizados por el Congreso, en sus intentos de cerrar agencias creadas por el Congreso y en su negativa a gastar los fondos asignados por el Congreso.

Sin embargo, a diferencia de esas iniciativas, no está claro cómo, o si, intervendrían los tribunales si Trump finalmente impugnara al Congreso por la Resolución sobre los Poderes de Guerra.

Hasta ahora, los líderes republicanos han logrado mantener la unidad del partido y evitar deserciones en las votaciones sobre los poderes de guerra contra Irán, que los demócratas siguen impulsando en el Senado y la Cámara de Representantes. No obstante, varias fuentes republicanas han reconocido a CNN que los 60 días de mandato podrían marcar un punto de inflexión en esa unidad. Algunos republicanos institucionalistas han sugerido que el Congreso tiene la responsabilidad de votar sobre la autorización de cualquier guerra que se extienda más allá de 60 días. Esto podría resultar en una reprimenda simbólica.

Incluso los republicanos que apoyan la guerra podrían mostrarse reacios a votar en un tema que los vincularía directamente con una cuestión que corre el riesgo de convertirse en un lastre político en las elecciones de mitad de mandato.

Tampoco está claro cuántos miembros del Partido Republicano estarían dispuestos a criticar públicamente a su presidente en tiempos de guerra. Incluso algunos republicanos que han criticado la guerra se han negado a votar en contra de Trump, preocupados por cómo se interpretaría esa crítica ante los adversarios de Estados Unidos y qué tipo de represalia podría provocar por parte del presidente.

The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Sarah Ferris y Annie Grayer de CNN.