Delcy Rodríguez promete viviendas para fin de año a los damnificados por el sismo. Especialistas dudan que sea posible
Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español
Con un panorama desolador para miles de personas que quedaron sin un techo en Venezuela por los terremotos, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que habrá soluciones habitacionales antes de fin de año, una promesa que para analistas consultados por CNN no tiene fundamentos por los desafíos de la economía del país.
Rodríguez afirmó el lunes pasado que el Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos “en el menor tiempo posible para atender la situación” y agregó que “hay miles de soluciones antes de que finalice el año”, durante la instalación de un comité para atender este aspecto de la crisis. No detalló si se refiere a campamentos, refugios o viviendas definitivas para las familias damnificadas. CNN contactó al Gobierno para pedir más información sobre cómo sería un plan de reconstrucción.
El Gobierno reportó el domingo hay más de 17.000 personas sin vivienda.
Entre estimaciones preliminares de los daños, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo los proyectó en US$ 6.700 millones. Por su parte, la consultora venezolana Econalítica dijo que se acercan a los US$ 8.000 millones, un 7 % del PIB, y apuntó que la reconstrucción requerirá al menos el doble. “Un esfuerzo financiero colosal que exigirá esquemas de gestión inéditos, eficientes y transparentes”, subrayó la firma.
“Venezuela en líneas generales no tiene la holgura fiscal y financiera para hacer frente a las necesidades de la reconstrucción”, dijo a CNN el economista Asdrúbal Oliveros, que calculó que el proceso llegaría a unos US$ 12.000 a US$ 15.000 millones y supera con creces la capacidad del Estado venezolano.
El país “tiene que darse en primer lugar con un plan, un acuerdo donde participe el Gobierno, la comunidad internacional, el sector privado, incluso la oposición, para hacer frente a esa reconstrucción que es bastante alta o que demandan muchos recursos”, dijo el investigador de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
El mismo 24 de junio, horas antes de los terremotos, el Banco Interamericano de Desarrollo había anunciado que reiniciaba formalmente relaciones con Venezuela, congeladas desde 2019, un paso clave para que Caracas pueda acceder a nuevos instrumentos de préstamo. En los últimos días el organismo anunció algunas ayudas económicas para la emergencia, así como otros países e instituciones internacionales, pero por ahora son montos minúsculos para la magnitud del desafío.
Oliveros también advirtió que el proceso “va a generar mucha inestabilidad interna” con la crisis de damnificados y desplazados, con sus respectivas ramificaciones, como el factor sanitario y todo con el trasfondo de las dificultades económicas que arrastra el país. “Es una economía más debilitada por las pérdidas que esto va a dejar sobre todo en el sector privado, además de los problemas logísticos”, comentó.
Las personas que quedaron sin techo esperan una pronta respuesta. “Todavía no hemos pensado en el futuro, no sabemos qué viene adelante (..) Que nos ayuden para poder sobrevivir. Si Dios lo permite, que nos den un lugar donde estar establecidos. Ahora no tenemos dónde vivir”, dijo a CNN Luis Enrique González, un damnificado que está durmiendo en las carpas que fueron instaladas en Parque del Este, en Caracas.
El tema habitacional plantea desafíos multidimensionales. “En el estado La Guaira (el más golpeado por los terremotos), si a la par de construir no tienes una planificación urbana tras la tragedia, puedes volver a tener a la vuelta de la esquina problemas de vulnerabilidad frente a los daños”.
Pero el escenario arrastra problemas de larga data.
La urbanista Zulma Bolívar, docente de la Universidad Central de Venezuela, subrayó que el último censo oficial fue realizado en el 2011, y trabajar con datos de hace 15 años puede conducir a errores. “Lo primero de lo que tenemos que tener conciencia es el estado de desinformación que tenemos. Hoy no sabemos cuántos somos, dónde estamos y qué necesitamos”, expresó. “El tema de control catastral, que ha debido tener establecido el gobierno local, hubiera permitido tener un diagnóstico del desastre. En cambio, el levantamiento de datos de edificios, el número de departamentos, las alturas, ha tenido que ser con imágenes satelitales y colaboración ciudadana”, explicó.
Sobre el objetivo de la presidenta encargada de tener soluciones en seis meses, comentó: “Lo veo como una promesa vacía, una intención, un deseo, que ojalá lo pueda hacer. Si en 25 años no han sido capaces de producir las viviendas que necesitamos y la planificación per se como instrumento o política de Estado ha estado en el olvido, retomar todo lo que no se hizo, en un deseo, una declaración que no me parece confiable”.
Bolívar dijo que no se trata de ofrecer soluciones milagrosas. “No hay tecnología que pueda atender el tema vivienda con la urgencia que la necesitamos. De las miles de personas que no tienen vivienda, algunas podrán quedarse con un familiar, pero es un problema de Estado salvaguardar la vida”, apuntó.
El Gobierno de Venezuela había dado a conocer en mayo el inicio de un proceso para reestructurar la deuda pública externa del país y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), lo que Rodríguez calificó como un “nuevo capítulo” para su economía.
Venezuela no difunde estadísticas oficiales sobre sus pasivos, aunque según estimaciones previas de Reuters, la deuda rondaría los US$ 160.000 millones, incluyendo préstamos bilaterales, laudos arbitrales y obligaciones de la petrolera estatal. El proceso, así como los planes de reconstrucción, cuenta con el apoyo de EE.UU. en su nueva relación con Caracas, un factor clave para conseguir financiamiento por su influencia en los organismos prestamistas, pero todavía no queda claro el grado de respaldo que le brindará la Casa Blanca ante esta catástrofe.
Rodríguez adelantó el jueves que mantiene conversaciones con Washington y con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para “recuperar recursos” para la reconstrucción, entre ellos US$ 200 millones que anunció para un fondo destinado a la infrestructura.
El economista Oliveros enfatizó que Venezuela no va a poder afrontar un plan de reconstrucción sin resolver el problema de la reestructuración de deuda: “Va a seguir siendo un elemento central porque Venezuela necesita atraer capital internacional, capital de los organismos multilaterales, inversión extranjera. El peligro que yo veo con esto es hacer una reestructuración de la deuda sin tener un plan de reconstrucción, un plan de ordenamiento macroeconómico, sin el apoyo y el acompañamiento de los organismos multilaterales”.
Oliveros agregó que la reestructuración es un tema complejo que hay que ver con sumo cuidado. “Sigue siendo urgente, pero creo que tiene que enmarcarse dentro de un plan que lamentablemente en este momento no estoy viendo”, agregó.
Además, comentó que las dificultades financieras se suman a “otros problemas que ya arrastra el país”, como el déficit en su infraestructura. “El tema eléctrico también tiene que resolverse”, comentó.
Sobre ese punto, el ingeniero José De Viana, miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, comentó sobre las dificultades de atender en paralelo dos temas de tanta urgencia como la crisis de vivienda y del servicio eléctrico.
“El problema primario del país es vivienda. Mucha gente perdió la casa. Es un tema terrible. Pero lo más determinante son servicios públicos. Tienen que comenzar por el principio con el servicio eléctrico. Hay países que se desarrollan sin petróleo, pero sin electricidad, ninguno”, dijo.
En cuanto a la promesa de la presidenta encargada, De Viana no dudó en calificarlo como “una farsa”. “Detrás de eso no hay viabilidad”, sostuvo. El especialista dijo que el proceso de reconstrucción será “muy intenso y lento”, pero que es difícil ponerle un plazo. “Con la experiencia de otros terremotos, va a durar años”, aseguró.
La urbanista Bolívar indicó que el deterioro de infraestructura que ya sufría Venezuela por falta de inversión y mantenimiento, así como la ausencia de una planificación urbana, “condiciona totalmente” la fase de recuperación, pero también apunta a la falta de credibilidad de las autoridades. “Es la mayor angustia de los ciudadanos. La falta de institucionalidad, la precariedad de servicios públicos y de instancias responsables y competentes por ley de llevar a cabo estas diligencias, y uno dice ‘en mano de quién estamos’”.
La investigadora indicó que “sería irresponsable” estimar plazos cuando todavía no cuenta con toda la información, entre la que mencionó hacer estudios de suelo, ver cómo se han movido las placas y analizar los niveles de estabilidad.
En cuanto al financiamiento, dijo que además de la necesidad de cooperación internacional, se precisa “generar nuevos sistemas de gestión de suelo”.
Consultados por los errores que el Gobierno debería evitar, Bolívar y De Viana coincidieron en que el proceso debe estar asesorado por expertos en la materia y no cerrarse a temas partidarios.
“El primer error sería no escuchar, darle la espalda a quienes tienen el conocimiento de soluciones factibles, al empresariado que tiene la voluntad, compromiso y músculo económico para colaborar”, dijo Bolívar. En ese sentido, recordó que tras el fatídico deslave de 1999, también en La Guaira, “hubo muchos estudios y proyectos que no se concluyeron, propuestas a las que no se hizo caso”.
“Le pediría casi de rodillas al Gobierno entero y las comisiones que están creando para esta reconstrucción nacional que se sienten con los expertos en el área. Hay personas muy comprometidas con una causa política, pero no están formadas en temas urbanísticos o no tienen la experiencia. (…) El amiguismo causó muchos malos diseños, hoy estamos pagando con vidas la falta de conocimiento”, afirmó
De Viana comentó: “Para hacer el plan de reconstrucción tienen que llamar a la gente más talentosa del país, y una característica de ellos (el Gobierno) es que el talento no existe. En los ministerios no tienes a alguien que venga de las academias. El talento está reñido con ellos”, señaló.
Cuando la presidenta encargada anunció la conformación del Estado Mayor para la Creación de los Campamentos Transitorios, encargado de atender a las familias desamparadas por los terremotos, nombró como presidente a su hermano, Jorge Rodríguez. La secretaría ejecutiva quedó en manos del vicepresidente sectorial Héctor Rodríguez y también formarán parte ministros de carteras relacionadas y gobernadores de estados afectados. En el anuncio no nombró a universidades o institutos especializados. “Estamos en reuniones con expertos internacionales, organismos internacionales, que están brindando opciones de soluciones habitacionales inmediatas y también a mediano (plazo)”, agregó.
“Los desastres son una prueba máxima de la capacidad gerencial de los gobiernos”, comentó De Viana. Bolívar afirmó que la experiencia de investigadores internacionales de países como Japón, México o Chile, también azotados por terremotos, es fundamental para definir los planes y ajustar sus proyectos al terreno venezolano. “No tenemos tiempo de inventar el agua tibia. Dentro de la premura, hay que tener consistencia y conocimiento”, señaló.
La urbanista remarcó que hay grandes diferencias entre reconstruir rápido y reconstruir bien. “Hay una gran brecha. Debemos contar con la información necesaria, no la tenemos en este momento. Sería irresponsable proponer cualquier cosa sobre dónde sí y dónde no se puede construir”, dijo. También resaltó que el enfoque debe tener un enfoque integral. “No solo es vivienda, también son lugares de trabajo, hay que dar a las familias oportunidad de recuperarse. Tiene que ser social, económica, política, físico-espacial. Sería un gran error no escuchar las demandas ciudadanas reales y que empiecen a trasladar a familias enteras adonde no conocen a nadie, no tienen redes, oportunidades de trabajo”, explicó. Bolívar agregó que es grande el peligro de aprobar “planes temporales o espasmódicos”.
En tanto, el economista Oliveros consideró que cuanto mayor es la debilidad institucional, más difícil es absorber el impacto inicial de una catástrofe. “El riesgo más grande es que la reconstrucción sea incompleta y por lo tanto ineficiente, y que esa reconstrucción chucuta (deficiente) atrase aún más la capacidad de la economía de normalizarse y de mejorar”, advirtió.
The-CNN-Wire
™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.
Con información de Anabella González
