Estos presidentes llegan a la ONU alineados con Trump. Para ellos, gobernar es más difícil que llegar al poder
Por Iván Pérez Sarmenti, CNN en Español
Un mismo guion parece repetirse con variaciones en varios países de América Latina: candidatos outsiders que supieron capitalizar el hartazgo con los gobiernos anteriores ganaron elecciones con promesas de ajuste, mano dura y ruptura con lo anterior. Pero, apenas asumido el poder, empezaron a chocar con una realidad más resistente de lo que sus campañas anticipaban. Para estos líderes, todos alineados con Donald Trump y muchos de ellos presentes ahora en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, llegar a la presidencia les resultó, en varios casos, más sencillo que sostener un gobierno funcional.
Figuras como Javier Milei en Argentina, Daniel Noboa en Ecuador, José Antonio Kast en Chile u otros referentes electos en el continente articularon discursos donde la sustitución de los resultados tangibles por la satisfacción emocional de derrotar a un “enemigo político” funcionó con precisión quirúrgica en la arena electoral. Pero, una vez en el sillón presidencial, esa polarización constante no siempre alcanza para amortiguar el descontento ciudadano. Las calles y los propios gabinetes se lo están recordando.
Para la politóloga argentina Antonella Marty el fenómeno responde a una estrategia definida: “Lo que están logrando es canalizar la bronca a través de una política de la venganza, bajo la lógica del ‘amigo-enemigo’. Y esa promesa de vengarse de un enemigo la vienen cumpliendo poco a poco”.
Sin embargo, esa “batalla cultural” encuentra límites frente a los problemas cotidianos de la población. Como señala la colombiana Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Pares: “No es que esta nueva derecha tenga mejores resultados; la diferencia es que sustituyen la necesidad del resultado por una especie de satisfacción emocional de curar lo que no hicieron los partidos anteriores”. El riesgo es que, al centrarse en acciones de espectáculo para sus bases, el margen para entregar mejoras socioeconómicas sostenibles se reduce.
El caso de Noboa, en Ecuador, es ilustrativo. Reelecto en 2025 para un mandato completo, su gobierno declaró en enero de 2024 un “conflicto armado interno” y calificó por decreto a 22 organizaciones criminales como terroristas, habilitando a las Fuerzas Armadas a combatirlas. Pese a esa militarización, 2024 fue uno de los años más violentos en la historia reciente del país, con 7.033 homicidios intencionales, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), que procesa datos del Ministerio del Interior y la Policía Nacional.
“Ecuador pasa de ser un país muy pacífico a ser un país donde pasan de 2 a 22 grupos del crimen organizado, donde se quitan libertades a cambio de una promesa de seguridad que nunca llega del todo. Se termina mandando más gente a la cárcel, donde en vez de rehabilitarse terminan conformando más grupos armados”, señala Bonilla.
Además, lo que empezó como un rechazo puntual a la eliminación del subsidio al diésel, impulsada bajo presión del FMI, se transformó en un movimiento de protesta más amplio liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). El referéndum de noviembre de 2025, con el que Noboa buscaba habilitar una Asamblea Constituyente y perdió, fue una primera señal de que ese apoyo tiene límites.
Milei, el prototipo regional del outsider libertario, está a mitad de camino de su mandato. Pero bajar la inflación, su promesa insignia, sigue lejos de la meta anunciada, mientras el desempleo sube, los salarios no logran recuperar terreno y varios de sus proyectos encuentran resistencia en el Congreso. El deterioro golpea especialmente a un espacio que se presentó como “anticasta”: los focos de presunta corrupción, que van desde la investigación judicial por sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el colapso del token $LIBRA, hasta la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, en junio de 2026, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, de lo que él se ha declarado inocente.
Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia el 8 de noviembre de 2025 con la promesa de “capitalismo para todos”, tras poner fin a veinte años de gobiernos del MAS y el breve interinato de Jeanine Áñez. El impulso electoral chocó rápido con la economía heredada: apenas asumir, eliminó buena parte del subsidio a los combustibles vigente por dos décadas —con alzas de 86% en la gasolina y 163% en el diésel—, y el país siguió sufriendo escasez y filas en los surtidores, agravadas por denuncias de combustible contaminado que forzaron la renuncia de su primer ministro de Hidrocarburos. En mayo una ley que habilitaba la hipoteca de tierras detonó protestas de mineros, campesinos, docentes y transportistas que Paz anuló a los pocos días, pero que igual escalaron hacia bloqueos de rutas, un cerco a la sede de gobierno en La Paz y choques con la policía, con un saldo de al menos siete muertos y más de cien detenidos. El Ejecutivo atribuyó la ola de protestas a un “intento de desestabilización” de sectores afines al expresidente Evo Morales, quien las calificó de “sublevación popular” contra un programa que tildó de neoliberal.
En Chile, Kast asumió el 11 de marzo de 2026 prometiendo un “gobierno de emergencia”. A poco más de dos meses, debió remover a su ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la vocera de Gobierno, Mara Sedini, en el cambio de gabinete más rápido de un presidente chileno desde el retorno a la democracia en 1990. La salida se dio en medio de cuestionamientos por la falta de resultados concretos en seguridad y coincidió con indicadores económicos oficiales en rojo: una contracción del PIB en el primer semestre de 2026,y la tasa de desempleo más alta en cinco años: 9,4%. Su primera rendición de cuentas ante el Congreso, con un ajuste fiscal de US$ 6.000 millones, derivó en jornadas de protestas estudiantiles en Santiago, con enfrentamientos con Carabineros y decenas de detenidos, según los propios organizadores.
En medio de este panorama de desgaste, la figura de Nayib Bukele suele citarse como la excepción. “El dictador más cool del mundo mundial”, como se autoproclamó en su cuenta de X, sostiene su liderazgo sobre una caída drástica de los homicidios que el Gobierno salvadoreño atribuye al Régimen de Excepción vigente sin interrupción desde marzo de 2022 y prorrogado más de 50 veces. Según cifras oficiales, más de 90.000 personas fueron detenidas bajo ese régimen; organismos como Human Rights Watch documentan más de 400 muertes bajo custodia estatal. El Gobierno de Bukele ha rechazadado en reiteradas oportunidades reportes que denuncian violaciones a los derechos humanos.
Marty relativiza que se trate de una excepción espontánea: “Su popularidad no surge de que las instituciones funcionen o de que exista un debate público sano, sino de haber concentrado tanto poder que prácticamente eliminó los contrapesos que normalmente exponen los costos de un gobierno autoritario”. Bonilla, por su parte, anticipa un límite: “Bukele está llegando a un punto límite porque los estados de excepción no son sostenibles en América Latina. Eventualmente la gente se da cuenta de que ha terminado sacrificando democracia con una promesa que se cumple parcialmente”.
La influencia estadounidense juega un papel determinante. Según Marty, el alineamiento con sectores conservadores de EE.UU. “es parte de la arquitectura misma de estos gobiernos. Si Trump pierde fuerza en las elecciones de medio término, estos aliados regionales pierden un respaldo simbólico e institucional clave”. Bonilla coincide: “El apoyo de Trump se siente en toda la región en el periodo electoral, pero no es un apoyo similar cuando está gobernando”.
Con el apoyo, en muchos casos explícito, de Trump, un nuevo grupo de mandatarios asumió en los últimos meses con un mismo signo de fragilidad: márgenes estrechísimos y sin mayoría propia en el Congreso. En Honduras, Nasry Asfura se juramentó en enero tras ganar con 40,27% de los votos contra 39,54% de Salvador Nasralla, en una elección marcada por denuncias sobre el escrutinio y el respaldo explícito de Trump. Llegó a un país con más del 60% de pobreza y un fuerte reclamo social contra la corrupción.
Tras tres intentos fallidos, Keiko Fujimori llegó a la presidencia de Perú con una diferencia de apenas 49.000 votos sobre más de 18 millones emitidos, la elección más pareja del país en dos décadas. Asumió el 28 de julio con un Congreso fragmentado que pone en juego la gobernabilidad.
En Colombia, Abelardo de la Espriella ganó el 21 de junio con una diferencia de poco más de 250.000 votos y asumió el 7 de agosto sin mayoría propia en el Congreso. Moderó su discurso confrontativo apenas conoció el resultado ajustado, consciente de que gobernar “con mano de hierro” es más fácil de prometer que de sostener sin respaldo legislativo. Tres días después de asumir, un terremoto de magnitud 7,4 —el más letal en la historia reciente del país— le impuso una agenda de emergencia que nadie había anticipado.
Hasta ahora, ganar la presidencia explotando el malestar ha sido una estrategia exitosa de esta nueva derecha latinoamericana. La pregunta es si este giro mejorará la vida de los ciudadanos y será sostenible, o si terminará siendo una fase más del ciclo pendular de la región. Sostener la gobernabilidad, preservar las libertades cívicas y ofrecer soluciones reales dentro del marco constitucional sigue siendo el verdadero examen en el que varios de estos proyectos ya muestran fisuras.
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