La reforma electoral en México: ¿gran legado de Sheinbaum o arma de autodestrucción?

Análisis por Mario González, CNN en Español

En México estamos en una batalla política, por la discusión de una reforma constitucional. Es una esas batallas por cambios electorales que se dan de vez en cuando, como sucedió en los lejanos 1977, 1990 y 2014.

El escenario es distinto y las motivaciones también: es la primera reforma electoral propuesta por el oficialismo y esto no solo es anecdótico porque, sin excepción, todas las anteriores reformas político-electorales fueron impulsadas por la oposición en la búsqueda de apertura democrática, que se fue consiguiendo paso a paso desde aquel hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dominó por 70 años el escenario político del país. Entonces, las pujantes fuerzas opositoras presionaban por cambios y el grupo gobernante cedía espacio a cambio de gobernabilidad.

Por eso, llama la atención que la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, venga de un movimiento político que formó parte de esa oposición. Aquellos que lucharon por el cambio hoy pretenden cambiar las reglas con las que finalmente lograron acceder al poder. Y, más todavía, cuando muchas de las propuestas que se están planteando parecería que pretenden retomar aspectos del pasado.

Aquí al parecer hay una propuesta de cambio, pero sin mucho que ofrecer a las fuerzas políticas opositoras e incluso aliadas, que también serían afectadas con la iniciativa.

Claudia Sheinbaum ha cuestionado varias veces los análisis que se hacen sobre la reforma cuando en realidad ésta todavía no ha sido presentada. De hecho, se espera que el 5 de febrero se publique la iniciativa, en coincidencia con el día en que se conmemora en México la Constitución de 1917.

Efectivamente aún no hay iniciativa sobre la mesa pero existen muchos elementos centrales expuestos por la propia presidenta Sheinbaum y las anteriores propuestas que culminaron en fracasos.

El argumento central de la iniciativa es reducir el costo de la democracia en México que, según sus impulsores, es de las más costosas del mundo. En efecto, cada año el Instituto Nacional Electoral recibe un presupuesto de unos mil millones de dólares para su funcionamiento, pero casi la mitad se destina a los partidos políticos. De entrada, la mayoría de los ciudadanos aplaudiría una reducción de presupuesto que financiamos todos los mexicanos con nuestros impuestos, tomando en cuenta además que existe un divorcio creciente entre los partidos políticos y la ciudadanía.

Por eso, en primer lugar, se plantea un recorte al presupuesto público de los partidos. En México los institutos políticos operan bajo el financiamiento del presupuesto público que se calcula con base al porcentaje obtenido en su última elección. El financiamiento privado es mínimo y muy fiscalizado.

También se propone reducir el número de legisladores en el Congreso (en el Senado son 128 actualmente y en la cámara baja 500) y finalmente recortar el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (pasar de 11 a 9 consejeros).

Hay otros temas de reingeniería electoral, como la reasignación de diputados y senadores por la vía de representación proporcional (voto porcentual, no directo) y la eliminación del fuero (o inmunidad) a legisladores, que en general son bien vistos por la ciudadanía.

A lo largo de los últimos meses he conversado con líderes de los aliados Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en ambos casos la postura es no acompañar a Morena en la reforma si se mantienen los recortes a los escaños y al presupuesto público, entre otras cosas, que representan la parte central de la propuesta.

Dentro de los partidos opositores, Acción Nacional y PRI, el rechazo a la propuesta es rotundo y van más allá al sostener que el sentido de la propuesta es dar más poder al ejecutivo, en un camino de regresión autoritaria.

La batalla no es fácil para la impulsora de la nueva iniciativa, la presidenta Sheinbaum. Viene precedida de dos propuestas anteriores del mismo grupo gobernante, pero que fueron gestadas por el su antecesor Andrés Manuel López Obrador, líder fundador del partido Morena y del movimiento de la Cuarta Transformación.

Fueron tres intentos de reforma y tres fracasos, llamado el plan A, el B y C. Uno de ellos, el plan A, encontró freno en la discusión legislativa y el B por la suprema Corte de Justicia que consideró que el procedimiento legislativo fue inconstitucional. El plan C fue más bien un planteamiento que lanzó López Obrador antes de dejar la presidencia como una especie de herencia para su sucesora.

Pero hoy el problema para la reforma no es la oposición en el Congreso, ni la Suprema Corte de Justicia. Hoy el problema son los aliados de la Morena y la cuarta transformación: el PT y el PVEM.

Por eso para la presidenta Sehinbaum, el riesgo es mucho mayor y por eso hemos visto varias de reuniones entre los dirigentes partidistas “aliados” y funcionarios designados por la presidenta Sheinbaum para elaborar la iniciativa y negociarla, con los distintos sectores sociales y fuerzas políticas, desde el segundo semestre de 2025.

Una ruptura del oficialismo con sus aliados por este tema podría marcar el rumbo de la administración hacia los comicios intermedios de 2027.

En México toda reforma constitucional requiere de una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso (las dos terceras partes de los legisladores presentes), que Morena no tiene por sí misma. Requiere de los votos de todos los integrantes de sus dos partidos aliados y los propios, por supuesto.

Una canción del extinto compositor mexicano Juan Gabriel, conocido como El Divo de Juárez, forma parte de la vida cotidiana de los mexicanos y se ha incrustado en la política, como pocas frases de la cultura popular lo han hecho… “¿Pero qué necesidad? ¿para qué tanto problema?” dice la estrofa que repiten algunos líderes partidistas, como el coordinador del PT en la cámara de diputados Reginaldo Sandoval, quien cuestionó la iniciativa: “tenemos el poder ejecutivo, tenemos el legislativo, tenemos por la vía de elecciones al poder judicial ¿habrá necesidad de una reforma? dijo el legislador.

Para la presidenta Sheinbaum la reforma es parte central de sus compromisos de campaña con el electorado. Sin embargo, el problema es que avanzar con la reforma implica un arma de doble filo: si la iniciativa se modifica para satisfacer sus aliados, sería una reforma descafeinada y sin sentido, donde la presidenta derrocha capital político. Si por el contrario intenta imponerse en sus términos, sería una ruptura con los aliados en el congreso y un nuevo fracaso de reforma electoral para la Cuarta Transformación. El cuarto intento frustrado de reforma electoral de la Cuarta Transformación.

¿Pero qué necesidad?.

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