Qué cambia en la industria del petróleo de Venezuela con la nueva ley de hidrocarburos que acaba de ser aprobada
Por German Padinger, CNN en Español
La era de la industria petrolera estatal y cerrada, y de las grandes nacionalizaciones de empresas, al grito de “¡Exprópiese!” lanzado por el fallecido presidente Hugo Chavez, parece estar llegando a su fin en Venezuela.
O al menos eso parece indicar la reforma de la ley de hidrocarburos que se aprobó el jueves y que abre el sector petrolero del país a inversiones extranjeras, rompiendo el control exclusivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA).
PDVSA fue fundada precisamente tras la nacionalización del petróleo venezolano en 1976, que llevó a la salida de muchas petroleras estadounidenses en un país que posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo.
Tal giro copernicano no hubiera sido concebible antes del 3 de enero, cuando fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en una operación militar en Caracas que dio inicio a una ola de cambios en el país gobernado por el chavismo desde hace 25 años.
Maduro cayó tras cinco meses de presión militar estadounidense, que movilizó frente a las costas de Venezuela a la flota más grande jamás vista en América Latina. La vicepresidente Delcy Rodríguez asumió el control apenas horas después de que los helicópteros cargados con fuerzas especiales —y con Maduro y su esposa, Cilia Flores, a bordo— abandonaron Caracas dejando un rastro de destrucción.
Rodríguez y los chavistas que siguen en pie, como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, parecen haber tomado nota: desde aquel momento el nuevo Gobierno entabló un diálogo con Estados Unidos, comenzó a liberar presos políticos y ahora reformó una ley de hidrocarburos de 2001 (modificada en 2006) que fue emblema de la Venezuela estatista y petrolera de Chávez.
El año pasado, antes del derrocamiento de Maduro, Trump ya había dicho en reiteradas ocasiones que Venezuela le había “quitado” el petróleo a EE.UU. por medio de nacionalizaciones y leyes que cimentaron el control estatal, y que EE.UU. lo quería de vuelta.
En el centro de la reforma está el artículo 22, que en la ley anterior establecía que la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos eran actividades primarias que solo el Estado venezolano y las empresas con participación estatal mayor al 50 % podían encarar.
En la reforma de ley, ese mismo artículo es modificado para habilitar a las empresas privadas sin participación estatal pero domiciliadas en Venezuela a realizar estas mismas actividades.
Este cambio permitiría la llegada de más empresas extranjeras a Venezuela para extraer petróleo en el país, y habilitaría a las pocas compañías que ya se encuentran operando con licencias especiales a expandir sus operaciones.
Tal es el caso de la estadounidense Chevron, la más importante entre las que operan en proyectos junto a PDVSA gracias una licencia especial desde 2022, además de la española Repsol y la francesa Maurel & Prom.
En tanto las británicas Shell y British Petroleum ya han mostrado interés en extraer gas de yacimientos en Venezuela y Trinidad y Tobago, según dijo el primer ministro de este país, Roodal Moonilal, a Reuters.
Por otro lado, un nuevo artículo de la reforma (el 36°) esablece que en la empresas mixtas donde la participación estatal sea mayor del 50 % los socios minoritarios no estatales podrán tener un rol preponderante en las actividades, incluso permitiendo por primera vez que empresas privadas comercialicen el petróleo.
Además, la nueva ley flexibiliza el esquema de regalías e impuestos y admite por primera vez que las dudas y controversias puedan ser resueltas mediante “mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes independientes”, además de la posibilidad de acudir a tribunales ordinarios.
La reforma fue aprobada en forma unánime por la Asamblea Nacional de Venezuela, y la presidenta encargada Rodríguez aseguró que en el nuevo texto “está la impronta del comandante Chávez” y “la visión del futuro del presidente Nicolás Maduro”.
El propio presidente de PDVSA, Héctor Obregón, dijo en un mensaje en Telegram que la nueva ley “consolida un marco jurídico fortalecido que impulsa la producción, atrae inversión y garantiza la soberanía energética”.
Tras alcanzar un récord en la producción de petróleo en la década de 1990, cuando Venezuela bombeaba unos 3 millones de barriles diarios, en la última década la producción petrolera se derrumbó a menos de un millón de barriles, en medio de acusaciones de corrupción y falta de mantenimiento.
En cambio, desde el Partido Comunista de Venezuela (PCV) señalaron que la reforma es un “retroceso histórico” que “desmantela la soberanía petrolera”.
Rafael Ramírez, exministro de Petróleo cercano a Chávez y que luego cayó en desgracia tras ser acusado por corrupción por la Fiscalía de Venezuela —cargo que rechaza—, dijo a su vez que la reforma “erradicaba” la política petrolera del chavismo.
“Efectivamente, se trata de la ‘erradicación’ de la política petrolera de Chávez y, agregaría yo, de la nacionalización de 1976 y de todo el pensamiento nacional petrolero del país”, publicó Ramírez en su cuenta en X.
¿Es la reforma de la ley de hidrocarburos la manifestación más clara del cambio de época en el país tras el ataque de EE.UU.? Aún está por verse, pero cada vez resulta más claro que, pase lo que pase en Venezuela, el crudo habrá de correr.
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