Desde Haití y El Salvador hasta Venezuela: el TPS está en riesgo y pone en peligro a más de un millón de inmigrantes

Por Uriel Blanco, CNN en Español

José Palma es salvadoreño. Llegó a Estados Unidos en 1998, cuando tenía 23 años. “(Vine para) buscar trabajo, tratar de aprender el idioma, tratar de insertarnos en la sociedad estadounidense y estudiar, preparar nuestra familia”, cuenta Palma a CNN. Desde 2001, es beneficiario del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa de inmigración que lo ha protegido de la deportación y que le ha dado permiso para trabajar. Hoy, ese programa que lo mantiene con un estatus legal en EE.UU. cuelga de alfileres ante la ofensiva inmigratoria de la administración de Donald Trump, lo que amenaza con dejar desprotegidas a más de 1 millón de personas que llegaron de países que atraviesan guerras y desastres naturales.

Con el TPS, dice Palma, ha logrado lo que él visualizó como “el sueño americano”: formó una familia, tiene cuatro hijos –todos nacidos en Estados Unidos– y una esposa, también salvadoreña; se preparó académicamente y ha construido un patrimonio; y ahora es un destacado activista por los derechos de los inmigrantes, que se encuentra en la primera línea de defensa del Estatus de Protección Temporal en su rol como coordinador nacional de la Alianza Nacional del TPS.

“Aunque ha sido temporal, tengo que renovarlo cada año y medio, pagar lo que cuesta el registro. El TPS me ha provisto oportunidades como tener empleo, vivir con tranquilidad, poder uno prepararse académicamente. Entonces el sueño americano se logra, aunque sea de a poco, con el TPS”, dice Palma.

Su historia es la de muchos inmigrantes más que están en EE.UU. para construir comunidad y vivir mejor.

Es el caso de Viles Dorsainvil, beneficiario del TPS de Haití y demandante en uno de los casos que recientemente llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, así como cofundador y director ejecutivo del Haitian Support Center. “Estamos aquí porque sabemos lo que está en juego. Sabemos lo que significa luchar con la incertidumbre de no saber qué sucederá mañana. La cuestión que tiene ante sí la Corte no es solo jurídica, sino también moral. Instamos a que se tome una decisión que refleje nuestros valores. Seguiré firme, abogando por una solución permanente y digna para todos aquellos que consideran a este país su hogar”, dice.

O también Francis García, beneficiaria del TPS de Honduras, quien lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos: “Años de labor sindical me enseñaron el significado de la solidaridad, y mi liderazgo en la Alianza Nacional del TPS ha profundizado mi compromiso de proteger, con fuerza y determinación, a las familias que viven y trabajan en este país. Perder nuestro estatus no es para nosotros una idea abstracta; significa vivir con una incertidumbre constante, con el miedo a la separación y con el peso de ser empujados hacia las sombras, a pesar de las vidas que hemos construido aquí junto a nuestras familias. Y, sin embargo, incluso ante esa realidad, nuestra resiliencia permanece inquebrantable. Somos padres que crían a sus hijos, trabajadores que sostienen a sus comunidades y vecinos que se niegan a desaparecer. Los beneficiarios del TPS formamos parte del presente y del futuro de esta nación, y seguimos adelante con la convicción de que nuestras familias merecen estabilidad, nuestras vidas merecen reconocimiento y nuestras voces no serán silenciadas”.

El miércoles 29 de abril, el TPS llegó al máximo tribunal de Estados Unidos a través de dos demandas que involucran a los beneficiarios sirios y haitianos de ese programa.

Si bien la discusión del miércoles en la Corte Suprema se originó a partir de la cancelación de las protecciones del TPS para miles de ciudadanos de Haití y Siria por parte del Gobierno de Trump, lo que realmente estuvo en el centro del debate fue el futuro de este programa. Mientras que la administración estadounidense considera que el terminar con las designaciones del TPS para cada país no puede ser revisable en el sistema judicial, los defensores de los inmigrantes señalan que el proceso ejecutivo para cancelar los beneficios del programa no ha seguido la legislación vigente, lo que, a su parecer, sí tendría que ser impugnable ante jueces.

Para cancelar una designación de la manera correcta, con base en la legislación, “tienen que consultar con agencias que son expertas sobre las condiciones (de vida) de otros países, para nosotros esto es el Departamento del Estado, y no hicieron eso”, dice a CNN Guadalupe Aguirre, subdirectora de Litigio del International Refugee Assistance Project (IRAP), organización no gubernamental que forma parte de la defensa legal en el caso de los ciudadanos sirios.

Por ejemplo, en las cancelaciones del TPS para Siria y Haití, la administración estadounidense ha argumentado que “tras revisar la situación del país y consultar con los organismos pertinentes del Gobierno de los Estados Unidos, la secretaria (Kristi Noem) determinó” que ambos países ya no cumplen “las condiciones para la designación de Estatus de Protección Temporal”. Sin embargo, Aguirre argumenta que no se sabe cómo fue el proceso de consulta con las agencias expertas para llegar a esa conclusión.

“Tienen que consultar con ellos, tienen que revisar las condiciones y cómo están las circunstancias en cada país, y después basar su decisión en esa consulta, en esas condiciones”, añade la abogada de IRAP.

La mayoría conservadora de seis jueces de la Corte Suprema dio a entender el miércoles que cree que los tribunales federales quizá ni siquiera tengan la facultad de revisar impugnaciones legales cuando un gobierno activa y desactiva las designaciones del TPS. Si eso es cierto, tendría profundas implicaciones más allá de los ciudadanos haitianos y sirios que impugnaron la decisión de Trump de poner fin al TPS para sus países y podría, en la práctica, impedir demandas contra otras decisiones.

“Si ellos (los magistrados de la Corte Suprema) en su decisión fueran a decir que los jueces no tienen autoridad de revisar las decisiones del ejecutivo, eso impactaría a todos los demás casos que se están llevando en este momento y por eso es que estamos preocupados por una decisión como esa”, explica Palma.

Tras los argumentos del miércoles, la Corte Suprema parece haberse puesto del lado de Trump. Sin embargo, el máximo tribunal emitirá una decisión final del caso a finales de junio o principios de julio, dice a CNN Oscar Chacón, asesor de Estrategias de la organización no gubernamental Alianza Americas. Será entonces cuando haya más claridad sobre cuál será el destino para el TPS.

“Si la Corte Suprema respalda esa teoría (de que las cancelaciones del TPS por parte del Gobierno no son revisables en el sistema judicial), eso quiere decir que todas las decisiones hechas hasta ahora, aun cuando cortes inferiores hayan decidido poner pausas en esas medidas, quedarían sin validez y en esencia el Gobierno podría consumar su deseo de ver terminada la protección para los grupos nacionales que siguen estando protegidos hasta este día”, comenta Chacón.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo a CNN que el TPS no fue diseñado como un programa de asilo “de facto”, sino como una protección temporal.

“El T en TPS significa TEMPORAL. Nunca fue concebido como un programa de asilo de facto, pero así es como las administraciones anteriores lo han utilizado durante décadas”, dijo el portavoz del DHS en un correo electrónico.

“Estados Unidos ha tenido un programa de asilo generoso: quienes puedan demostrar la necesidad de obtenerlo deberían solicitarlo en lugar de esperar extensiones de su estatus temporal”, añadió.

Según datos del Congreso estadounidense, hasta marzo de 2025 –es decir, dos meses después del inicio del segundo mandato de Trump–, había 17 países designados bajo las protecciones del TPS: Afganistán, Myanmar, Camerón, El Salvador, Etiopía, Haití, Honduras, Líbano, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Ucrania, Venezuela y Yemen.

Las designaciones de un determinado país bajo el TPS las lleva a cabo el Gobierno de Estados Unidos con base en motivos humanitarios, pues el programa se dirige a ciudadanos cuyas naciones están atravesando guerras o desastres naturales. Los ciudadanos que busquen protección del TPS deben cumplir varios requisitos y revisiones para finalmente obtener los beneficios del programa.

Los 17 países designados para el TPS hasta marzo de 2025 sumaban casi 1,3 millones de personas protegidas, la mayoría de ellas (casi el 90 % del total) de Venezuela, Haití, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En pocas palabras, 9 de cada 10 beneficiarios del TPS provienen de países latinos, según los datos recabados por el Congreso.

Pero las designaciones de estos países han caído poco a poco desde que Trump regresó a la Casa Blanca (quien desde su campaña presidencial en 2024 prometió terminar con los beneficios del TPS).

De los 17 países bajo el TPS, cinco ya no tienen beneficios luego de que la administración Trump cancelara sus designaciones. Se trata de Afganistán, Camerún, Honduras, Nepal y Nicaragua. Por su parte, Venezuela es un caso particular al tener una cancelación parcial del TPS. De esa nación sudamericana, hay dos designaciones: un primer grupo de 2021 y uno más de 2023. La designación del 2021 fue cancelada y la del 2023 sigue vigente para algunos venezolanos hasta octubre de 2026.

Hay otros países cuyas designaciones ya fueron canceladas, como Haití, Siria, Somalia, Myanmar, Etiopía y Sudán del Sur, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS, por sus siglas en inglés). Las protecciones para esas naciones siguen vigentes, pero en el limbo judicial por ser casos activos.

En tanto, de acuerdo con la página web de USCIS, las protecciones del TPS de El Salvador, Líbano, Sudán, Ucrania y Yemen se mantienen activas hasta este año (acaban entre mayo y octubre, dependiendo del caso de cada país). Para El Salvador, Líbano, Sudán y Ucrania, el Gobierno de Trump aún no anuncia las cancelaciones de sus designaciones bajo el TPS –pero tampoco se han dado a conocer extensiones del programa, lo que deja en la incertidumbre su continuidad–, mientras que para Yemen ya fue anunciada su cancelación, aunque se mantienen las protecciones hasta el 4 de mayo de 2026.

En este caos legal, transitando por las duras aguas del sistema de inmigración estadounidense, es en el que se encuentran más de 1,3 millones. Si llegase el fin definitivo de las designaciones, esas personas quedarían sin permisos para trabajar y volverían a su estatus de inmigración anterior, que en su mayoría, según los expertos consultados por CNN, es el de indocumentado.

En resumen, quedarían expuestos a las detenciones y deportaciones masivas que ha realizado la administración Trump en su segundo mandato. Se volverían “arrestables y deportables”, señala Chacón.

“En este sentido, lo que significa el haber cancelado programas de protección temporal es que el Gobierno de Trump tiene información reciente, información muy al día sobre el nombre, dirección física, teléfono, correo electrónico, lugar de empleo de las personas que habían sido protegidas por el TPS”, dice Chacón, lo que los vuelve aún más localizables y vulnerables ante la ofensiva de inmigración de Trump, la cual ha apuntado desde inmigrantes indocumentados con y sin antecedentes penales, inmigrantes criminales pero también otros que son pilares de sus comunidades, hasta beneficiarios de DACA e incluso ciudadanos estadounidenses.

Por estos motivos, agrega el asesor de Estrategias de Alianza Americas, han sido realistas de la actual situación en la organización de la que forma parte.

“Como dije antes, al acabarse la protección temporal, la persona regresa a la condición en la que estaba antes de ser beneficiada por el TPS. Hay más de 11 millones de personas que viven en los Estados Unidos sin autorización migratoria ni de ningún tipo y han logrado funcionar, han logrado sobrevivir en EE.UU. Hasta cierto punto tenemos que regresar a estrategias básicas de supervivencia, porque lo que es cierto es que lamentablemente las condiciones en el país de origen de casi cada uno de los grupos que han recibido protección vía TPS no son condiciones óptimas de vida”, dice Chacón.

Para Palma, no queda otra más que seguir luchando por las protecciones del TPS. De su familia de seis, solo él está en riesgo, pues el único beneficio que tiene es el Estatus de Protección Temporal. Sus cuatro hijos ciudadanos estadounidenses y su esposa residente permanente no corren el peligro por el que él pasaría si le quitan el TPS.

Esta lucha, menciona el coordinador nacional de la Alianza Nacional del TPS, tiene que ser en dos vías.

“Nosotros siempre hemos creído que hay que luchar en las dos áreas: en la legal para tratar de evitar que las personas se queden sin documentos, y en la legislativa y organizativa para buscar una solución permanente para toda la comunidad con TPS”, detalla.

La organización para exigir una solución a los legisladores, agrega Palma, es clave, pues solo una legislación bipartidista en la Cámara de Representantes y en el Senado puede dar un alivio real a los inmigrantes protegidos por el TPS.

Un resultado de este tipo, sin embargo, “es prácticamente imposible” con la actual composición del Congreso, de mayoría republicana, la cual pide “una reforma migratoria integral o nada, (lo que) nos lleva a donde estamos ahora, que es tener nada”, explica Chacón, y critica que, cuando el Partido Demócrata tuvo la oportunidad de realizar acciones que protegieran a grupos inmigrantes específicos, “se quedó corto en varios momentos de los últimos 25 o 30 años”.

El panorama es oscuro. La espera mantiene todo en suspenso. Pero Palma llama a toda la comunidad del TPS a “activarse” para exigir la defensa del programa.

“¿Qué se viene en los próximos días? Hay que esperar que la Corte Suprema tome una decisión. Pero también hay que organizarse, hay que activarse para buscar una solución legislativa. Y eso no tenemos que esperar. Eso lo tenemos que hacer ya. Y ese es el llamado a la comunidad con TPS, a la comunidad que ha estado protegida por este programa, a que no nos demos por vencidos. Si algo los inmigrantes tenemos es que somos fuertes, sobresalimos en las dificultades. Hoy todavía no es el momento para esconderse, no es el momento para tener miedo, al contrario, es el momento de mostrar que somos fuertes en el aspecto de luchar en contra de las adversidades. No está todo perdido, las esperanzas todavía existen y por eso es que yo me motivo todos los días a seguir hablando del tema”, finaliza.

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Con información de John Fritze y Devan Cole, de CNN.