Tras críticas por su gestión en la DANA, Mazón traslada parte de la responsabilidad a otros organismos estatales y reforma su estructura

Sol Amaya

(CNN Español) — El martes 29 de octubre a las 8 de la noche, hora local, miles y miles de celulares vibraron y pitaron a la vez en la Comunidad Valenciana. Se trataba de la alerta que el Centro de Coordinación de Emergencia (Cecopi) enviaba de forma masiva a la ciudadanía para advertir los riesgos que se avecinaban debido al episodio de lluvias torrenciales provocadas por una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que azotaban a la Comunidad Autónoma.

Un mensaje que, tal y como consideran muchos vecinos de las localidades afectadas por las inundaciones que hablaron con CNN, llegó tarde. El peligro era anunciado cuando muchas localidades vecinas del Barranco del Poyo ya estaban siendo arrasadas por la crecida del cauce fluvial que llevaba el agua de esas precipitaciones.

Desde ese día, las críticas por no haber gestionado mejor la emergencia se han repetido contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Unas críticas de las que el presidente autonómico ha intentado salir al paso este viernes cuando compareció ante las Cortes Valencianas (el parlamento autonómico), para rendir cuentas de su actuación.

“No voy a negar fallos porque implicaría que no hemos aprendido nada” ni “voy a eludir ninguna responsabilidad”, destacó Mazón en el inicio de su intervención.

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Mazón defendió la actuación de su ejecutivo durante la trágica jornada, asegurando que ofrecieron la mejor respuesta posible dadas las herramientas e información disponible en ese momento. Algo que acompañó con la justificación de lo extraordinario de la situación y la falta de precedentes: “no hay catástrofes naturales recientes en nuestro territorio que nos permitan comparar esta emergencia con ninguna otra”, afirmó.

No obstante, su alocución vino también acompañada de una pregunta que marcaría el resto de su intervención, en la que señaló a otros organismos estatales: “Es legítimo preguntarse si en general el sistema respondió como creíamos que debía responder. Y para esto sí tengo la primera respuesta: no lo hizo”.

Así las cosas, se detuvo a trasladar parte de la responsabilidad por los posibles errores que se pudieron cometer ese día a otros entes, como por ejemplo la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que administra y controla el dominio público de los alrededores del río Júcar.

Mazón criticó a la Confederación por no alertar ni en tiempo ni en forma las peligrosas crecidas del Barranco del Poyo, de las cuáles informaba solo a través de correos electrónicos según el presidente de la Generalitat Valenciana, y le adjudica a la CHJ un apagón informativo de dos horas y media.

CNN intenta contactar a las autoridades de la Confederación Hidrográfica del Júcar para obtener comentarios ante estos señalamientos.

“Llama la atención que ante una subida tan espectacular y dañina del caudal del Barranco, nadie de la Confederación Hidrográfica del Júcar piense que es suficiente con un correo electrónico y no alerte, llame, notifique o avise inmediatamente de las consecuencias desastrosas que puede ocasionar un nivel de cauda semejante. [..] Entre otros motivos, porque un caudal de 1686 metros cúbicos por segundo – el que el organismo notificó a la Generalitat Valenciana cerca de las 7 p.m., hora local- equivale a cuatro veces el caudal del rio Ebro y a 35 veces el caudal del Tajo-Segura”.

Unas críticas que Mazón ya había lanzado en jornadas anteriores y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rebatió este jueves ante diversos medios de comunicación al señalar que “nunca hubo un vacío informativo, sino todo lo contrario, una comunicación directa entre la Confederación Hidrográfica y la Generalitat de Valencia”.

Además, con el objetivo de responder mejor a las necesidades actuales y emergencias futuras, el presidente autonómico anunció la creación de una “vicepresidencia para la recuperación económica y social”, que funcionará “como corazón de la estrategia de recuperación”.

Una reestructuración del Gobierno autonómico en el que también se incluirá una nueva “Consellería de Emergencias e Interior”, diseñada para “proteger y velar por la seguridad de todos los valencianos”. Este departamento “no solo actuará en situaciones de crisis, poque tendrá entre sus competencias la acción de prevención, anticipación ante cualquier amenaza a nuestro bienestar y seguridad”.

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