Dos agentes muertos, una renuncia y tensiones entre gobiernos: así ha sido la controversia por presencia de la CIA en México
Por Mauricio Torres, CNN en Español
Hace dos semanas, un operativo de seguridad para desmantelar laboratorios clandestinos para fabricar drogas sintéticas en el estado de Chihuahua, ubicado en el norte de México y fronterizo con Estados Unidos, derivó en una controversia que hasta ahora aún no tiene un final a la vista.
La revelación de que dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) estuvieron en esa operación, y después murieron en un accidente automovilístico, ha hecho que el Gobierno de México pida explicaciones tanto al Gobierno de Chihuahua como al de Estados Unidos, al tiempo que el fiscal de Chihuahua renunció al cargo y muchos especialistas se preguntan de qué tamaño es la presencia de agencias extranjeras en territorio mexicano.
Así es como llegamos hasta aquí.
Entre el viernes 17 y el domingo 19 de abril, elementos de la Fiscalía de Chihuahua e integrantes del Ejército participaron en un operativo para desmantelar laboratorios clandestinos para fabricar drogas en el municipio de Morelos, ubicado en la zona serrana del estado.
La noche del 19 de abril, el entonces fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, informó en una rueda de prensa que, durante la madrugada de ese día, cuando el convoy viajaba de regreso a Chihuahua capital, un vehículo se volcó.
En ese accidente, dijo, murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Pedro Román Oseguera Cervantes, su escolta Manuel Genaro Méndez Montes y dos funcionarios estadounidenses, a quienes identificó como instructores de la Embajada de Estados Unidos.
El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, lamentó lo sucedido. “Esta tragedia es un solemne recordatorio de los riesgos que enfrentan los funcionarios mexicanos y estadounidenses dedicados a proteger a nuestras comunidades, y fortalece nuestra determinación de continuar su misión y avanzar en nuestro compromiso compartido con la seguridad y la justicia, para proteger a nuestra gente”, publicó en X.
El lunes 20 de abril, en su conferencia de prensa mañanera, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó la muerte de los estadounidenses, pero también aseguró que su Gobierno no estaba enterado sobre su presencia en Chihuahua.
Por esta razón, dijo, pidió información tanto al Gobierno de Chihuahua como al de Estados Unidos, con el propósito de aclarar si hubo una posible violación a la Constitución de México y a Ley de Seguridad Nacional, que establecen límites a la cooperación que autoridades mexicanas pueden tener con agencias extranjeras.
Entre otros puntos, esta legislación señala que los agentes extranjeros deben recibir una acreditación del Gobierno federal para permanecer en el país de forma temporal, deben enfocarse en labores de intercambio de información y deben reportar mensualmente las gestiones que realicen. En tanto, la Constitución establece que México no permitirá que instituciones extranjeras realicen “investigación y persecución” de delitos sin que haya “autorización y colaboración expresa”.
El martes 21 de abril, CNN y otros medios reportaron que los dos estadounidenses que murieron en Chihuahua eran agentes de la CIA. Fuentes con conocimiento del caso dijeron a CNN que se trataba de personas que trabajaban con autoridades mexicanas en la ampliación de operaciones antidrogas en México.
La revelación generó numerosas reacciones en México, incluyendo cuestionamientos a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, quien milita en el opositor Partido Acción Nacional (PAN).
Al día siguiente, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, una cámara donde el oficialista partido Morena es mayoría, acordó invitar a Campos y al fiscal Jáuregui a una reunión para dar información sobre el caso.
El jueves 23 de abril, mientras la presidenta continuaba con su llamado a investigar y esclarecer los hechos, Campos se reunió en privado con el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, según reportaron medios locales. Autoridades en ese momento no dieron más información sobre el encuentro.
Al día siguiente, Campos publicó una foto suya junto con García Harfuch y dijo en un comunicado que coincide con Sheinbaum en que “los gobiernos, independientemente de su filiación partidista, deben trabajar juntos por la seguridad de las familias mexicanas y la integridad soberana de nuestro país, en el marco de nuestras leyes y en un ambiente de confianza y coordinación institucional”.
Por la noche, además, Campos anunció la creación de una unidad especial de la Fiscalía de Chihuahua para investigar cómo se dio la presencia de los agentes de la CIA en el estado. Al frente de este organismo nombró a la fiscal Wendy Chávez.
El sábado 25 de abril, el gabinete de seguridad del Gobierno federal informó que, según los registros migratorios, uno de los agentes estadounidenses fallecidos entró a México como visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, mientras que el otro lo hizo con un pasaporte diplomático. El gabinete enfatizó que ninguno estaba acreditado para participar en tareas operativas en territorio mexicano.
“La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional. La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación”, dijo entonces.
El lunes 27 de abril, en medio de la controversia por el caso, Jáuregui renunció a su cargo como fiscal de Chihuahua. Reconoció que hubo “omisiones” en la información sobre cómo se gestionó el contacto con los agentes estadounidenses y dijo que asumía esa “responsabilidad política”.
A la par, la unidad especial de la Fiscalía de Chihuahua dio su primer informe sobre lo ocurrido.
En un mensaje a los medios, la fiscal Chávez señaló que, según las primeras indagatorias, cuatro personas ajenas a la Fiscalía se sumaron al convoy que viajó al municipio de Morelos para el operativo contra los laboratorios clandestinos. Dos de ellas eran los agentes de la CIA que murieron. No dio detalles sobre los otros dos, pero la Fiscalía dijo después a CNN que presumiblemente también eran ciudadanos estadounidenses.
Chávez también informó que estos hombres iban vestidos de civil, no traían placas de alguna institución de seguridad ni armas y llevaron el rostro cubierto la mayor parte del tiempo. Agregó que, de acuerdo con testimonios recabados, no participaron en reuniones con mandos militares, su trato directo era con el fallecido director de Investigación y posiblemente tenían una colaboración “de carácter extraoficial”.
El martes 28 de abril, la presidenta Sheinbaum dijo en su conferencia matutina que envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos “pidiendo explicación sobre este caso y diciendo que el Gobierno federal no estaba informado, y también diciendo que esto no puede ocurrir”.
A la par, la gobernadora Campos declinó acudir a la reunión a la que la había invitado el Senado y a la que legalmente no estaba obligada a presentarse.
Mediante un comunicado, el Gobierno de Chihuahua dijo que la decisión “responde a la necesidad de salvaguardar el adecuado desarrollo de las investigaciones que se llevan a cabo, evitando comprometer información de carácter confidencial, o clasificada, así como garantizar la debida conducción institucional de la información y el respeto a la seguridad nacional”.
Horas más tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abrió dos investigaciones por este caso: una por el hallazgo de los laboratorios clandestinos y otra por la presencia de los agentes de la CIA.
“Esta institución establece que, a partir de lo ocurrido, se investiga la comisión de posibles delitos de competencia de la FGR, con el fin de esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades de cualquier persona que haya participado. Los avances y resultados de las indagatorias se comunicarán de manera transparente y oportuna, observando las implicaciones del debido proceso”, dijo en un comunicado.
A dos semanas de que la controversia comenzara, aún hay que esperar respuestas sobre lo ocurrido.
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