La Corte Suprema rechaza el intento de Trump de separar boletas en California

Por John Fritze y Tierney Sneed, CNN

Este lunes, la Corte Suprema puso fin rápidamente al intento del presidente Donald Trump de obligar a California a apartar potencialmente miles de boletas que, según el Departamento de Justicia, podrían haber sido emitidas por personas que no son ciudadanas. El tribunal rechazó la solicitud de emergencia de la administración pocas horas después de que fuera presentada.

La decisión, tomada con una rapidez inusual, puso de relieve que el argumento de la administración —basado en una metodología incierta— era una pretensión excesiva que ha sido rechazada por todos los tribunales que la han examinado. Además, la apelación llegó al alto tribunal en un plazo extremadamente ajustado —en vísperas de las elecciones intermedias— y cuando es probable que ya se haya contabilizado un número desconocido de las boletas por correo cuestionadas.

El tribunal no explicó sus razonamientos y se limitó a emitir una orden de una sola oración. No se registraron votos disidentes.

Decenas de millones de votantes ya han emitido su voto anticipado en todo el país.

“Esta oficina ha sido informada de que Estados Unidos ha identificado a más de 20.000 personas que parecen estar registradas para votar en California —según información disponible públicamente en el momento en que se recibió dicha información— pero que, a juicio de Estados Unidos, probablemente no sean ciudadanos estadounidenses”, declaró este lunes ante el tribunal el procurador general adjunto D. John Sauer.

Como otra señal de que la Corte Suprema no tomó la apelación con especial seriedad, los magistrados no solicitaron un escrito de respuesta por parte de California ni de otras partes antes de emitir su fallo, algo que suelen hacer en casos de gran repercusión.

Esta rápida decisión supuso otra derrota importante para Trump en casos electorales ante el alto tribunal. En septiembre, los magistrados rechazaron el controvertido plan del presidente para modificar la forma en que se envían las boletas por correo a los votantes de todo el país, desestimando una propuesta que, según advirtieron los funcionarios electorales, habría tenido consecuencias catastróficas de haberse aplicado en las elecciones de mitad de mandato de este año.

Sauer, el principal abogado de apelaciones de la administración Trump, instó al tribunal a conceder el “remedio modesto” de apartar cualquier boleta emitida por esas personas hasta que se resolvieran las acusaciones.

El Departamento de Justicia había argumentado que el Gobierno federal tenía un interés constitucional en garantizar que solo votaran los ciudadanos. También alegó que la falta de investigación por parte de California sobre los votantes registrados señalados por la administración obstaculiza la aplicación de la ley penal federal que prohíbe el voto de personas que no son ciudadanas.

California y los grupos defensores del derecho al voto replicaron que las acusaciones anteriores del Gobierno federal sobre votantes no ciudadanos no habían resistido el escrutinio, que las alegaciones actuales se basan en pruebas imprecisas que corren el riesgo de privar de su derecho al voto a ciudadanos legítimos, y que la administración Trump carece de autoridad para indicar a los funcionarios estatales cómo gestionar esta cuestión. Esos argumentos fueron acogidos por tribunales federales de instancias inferiores que fallaron en contra de Trump.

“Todos los tribunales que han conocido de este caso han rechazado el intento del Departamento de Justicia de sembrar sospechas sobre las boletas de votantes elegibles en vísperas de una elección”, declaró Uzoma Nkwonta, del Elias Law Group, firma que representó a grupos opuestos a la demanda de la administración Trump.

El viernes, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. prohibió a la administración intervenir en el recuento de votos por correo de California, concluyendo que el Gobierno federal carece de autoridad para dictar a los estados cómo organizar las elecciones.

“Si Estados Unidos considera que se requieren procedimientos distintos para las boletas enviadas por correo, creemos que debería presentar esa propuesta al Congreso, no a los tribunales”, señaló el tribunal de apelaciones en una decisión adoptada por 2 votos a favor y 1 en contra, emitida por los jueces de circuito Mark Bennett —nominado por Trump— y Gabriel Sánchez —nombrado para el cargo por el expresidente Joe Biden.

“El tribunal de distrito determinó que los riesgos de que personas que no son ciudadanas voten son, en el mejor de los casos, inciertos, y además están mitigados por los procedimientos establecidos en California para determinar la elegibilidad de los votantes”, escribió este viernes el Tribunal del Noveno Circuito. “Por el contrario, hay un riesgo real de que conceder a Estados Unidos la medida solicitada resulte en la privación del derecho al voto”.

En su voto disidente, el juez de circuito Patrick Bumatay señaló que la administración Trump solo pedía detener la mezcla de las papeletas emitidas por ciudadanos y por personas que presuntamente no lo son. Una vez procesadas dichas papeletas —hecho en el que coinciden todas las partes—, sería imposible separarlas.

“A lo largo de la historia, los tribunales federales han actuado para proteger los derechos civiles y de voto de nuestros ciudadanos, bloqueando aquellas acciones estatales que violan la ley”, escribió Bumatay, juez designado por Trump. “El sentido común también nos indica que el Gobierno federal no debería quedarse de brazos cruzados mientras un estado permite la violación de la ley federal, especialmente cuando está en juego la integridad de las elecciones federales”.

El tribunal de apelaciones también planteó una cuestión que podría resultar decisiva para la Corte Suprema. Bajo una teoría jurídica conocida como el “principio Purcell”, los magistrados han advertido reiteradamente sobre los riesgos de que los tribunales federales intervengan a última hora para modificar las reglas de una elección.

Trump ha tenido resultados dispares en los recursos de emergencia electoral presentados ante la Corte Suprema. Cabe destacar que, en septiembre, los magistrados rechazaron el intento del presidente de otorgar al Servicio Postal de EE.UU. poderes extraordinarios para retener ciertas papeletas enviadas por correo. Sin embargo, días después, el tribunal falló a favor del Departamento de Seguridad Nacional, permitiéndole seguir proporcionando datos controvertidos sobre ciudadanía a los funcionarios electorales estatales.

“El Gobierno federal sigue insistiendo en los mismos argumentos, a pesar de haber fracasado reiteradamente”, afirmó Jon Miller, director de programas de Public Rights Project, organización que forma parte del equipo legal que litiga contra el Departamento de Justicia. “Este caso ha pasado de un tribunal a otro —entre el de apelaciones y el de distrito— y, en cada ocasión, los tribunales han determinado que el Departamento de Justicia no tenía derecho a la medida que solicitaba”.

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