Su hija fue secuestrada durante una fiesta y asesinada. Él se enfrenta a la conmutación de penas de muerte de Newsom

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Un día de verano de 1996, Marc Klaas estaba sentado en una sala del tribunal de San José, tomado de la mano con sus familiares, mientras un secretario judicial leía en voz alta el veredicto de culpabilidad que finalmente llevaría al corredor de la muerte al asesino de su hija de 12 años, Polly. Cuando Richard Allen Davis —el hombre que había estrangulado hasta la muerte a Polly Klaas tras secuestrarla en una fiesta de pijamas— se enteró de su destino, se volvió hacia la sala con la camisa por fuera del pantalón e hizo un gesto obsceno a los presentes.

Cuando Davis fue condenado a muerte, Klaas pensó: “Esto es lo que se merece”.

Sentía que el juez y el jurado habían visto al hombre que él sabía que era Davis, habían reconocido el dolor que había infligido a la familia Klaas y lo habían castigado en consecuencia.

Por eso, cuando tres décadas después se enteró de que el gobernador de California, Gavin Newsom, conmutaría la pena de muerte de Davis —junto con la de cientos de otros reclusos—, sintió el anuncio como “una puñalada por la espalda”, dijo Klaas.

Klaas relató que se encontraba en el tribunal el jueves, apoyando a la familia de otra víctima de secuestro infantil, cuando supo de la decisión de Newsom de conmutar las penas de los 548 reclusos del corredor de la muerte del estado por cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional.

“Mi decisión de hoy se produce tras casi tres décadas de oponerme abiertamente a las ejecuciones autorizadas por el Estado en mi calidad de funcionario electo”, afirmó Newsom en una carta abierta en la que explicaba la medida, tomada apenas dos meses antes de que deje el cargo. En la carta de tres páginas, reconoció el dolor que la decisión infligiría inevitablemente a muchas víctimas y a sus familias, pero sostuvo que matar es “incompatible con los valores de California”.

El anuncio ha despertado emociones encontradas entre las víctimas y sus familias; algunas de ellas —como Klaas— están furiosas por lo que consideran una forma de eludir la justicia. Por otro lado, grupos a favor de la clemencia, algunos familiares (incluidos otros parientes de Polly) y diversas coaliciones han celebrado la decisión como una victoria para los defensores de la abolición de la pena de muerte.

Quienes se oponen airadamente a la decisión han señalado la naturaleza atroz de los crímenes cometidos por los reclusos, entre ellos los asesinos en serie Randy Kraft —conocido como el “Estrangulador del Sur de California”— y Charles Ng, condenado por matar a 11 personas en California en la década de 1980.

“Algunas de estas personas han matado a varias personas. Algunas han disparado a policías en la nuca. Algunas han secuestrado y asesinado a niñas pequeñas”, dijo Klaas. “Y va a conmutar sus penas”.

Desde que asumió el cargo de gobernador, Newsom ha estado sopesando esta decisión. Ha mantenido varias reuniones con familias de las víctimas, autoridades policiales y su equipo legal para evaluar una medida que, según ha reconocido, reabrirá viejas heridas.

Sin embargo, la decisión de Newsom aún no es definitiva. La Corte Suprema de California deberá aprobar las decisiones de clemencia en 382 casos de reclusos condenados por múltiples delitos graves. Además, grupos opositores ya se han comprometido a impugnar la medida ante los tribunales.

Para Klaas, esta decisión ha socavado su confianza en la capacidad del estado para hacer que los delincuentes rindan cuentas.

“Cuando Richard Allen Davis fue declarado culpable y sentenciado, el fiscal me dijo: ‘¿Ve? Puede confiar en el sistema de justicia penal de California’”, comentó Klaas. “Bueno, uno confía hasta que deja de poder hacerlo… El sistema de justicia penal puede cambiar por un simple capricho”.

Una noche de octubre de 1993, en su habitación de Petaluma (California), Polly Klaas disfrutaba de una fiesta de pijamas con dos amigas —mientras su madre dormía en una habitación cercana— cuando un intruso barbudo apareció en el umbral de la puerta.

El hombre, identificado más tarde como Davis, amenazó a las niñas con un cuchillo, las ató y las amordazó antes de salir sigilosamente de la casa con Polly, según los registros judiciales. La búsqueda masiva de Polly y la amplia difusión del cartel de búsqueda captaron la atención de todo el país; el público llegó a llamar a Polly “la hija de Estados Unidos”. Una vela permaneció encendida en la ventana de su habitación durante dos meses y solo se apagó cuando Davis confesó y condujo a la policía hasta el cuerpo de la niña.

Tres años después, Davis fue declarado culpable del asesinato de Polly, así como de robo, allanamiento de morada, secuestro, detención ilegal e intento de conducta lasciva con una menor. Cuando el jurado recomendó la pena de muerte, Klaas se sintió “victorioso” y declaró a los periodistas de la época: “Richard Allen Davis merece morir por lo que le hizo a mi hija”.

El caso de Polly contribuyó a impulsar el endurecimiento de las penas bajo la ley de “tres delitos” (three strikes) para reincidentes, en una época marcada por políticas de mano dura contra la delincuencia.

Hoy en día, la casa de Klaas está llena de fotografías de Polly, sonriente bajo su brillante cabellera de rizos castaños.

Klaas se enfureció cuando Newsom impuso una moratoria a las ejecuciones en el estado en 2019, lo que supuso un indulto temporal inmediato para los reclusos del corredor de la muerte de California; este grupo representa más de una cuarta parte de la población total de condenados a muerte en el país, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (Death Penalty Information Center).

Afirmó que el anuncio del jueves figura entre los peores días de su vida. Aunque sabía que Newsom estaba considerando la decisión, le sorprendió que ni él ni otras familias fueran notificados antes del anuncio.

En su carta, Newsom explicó por qué tomaba esta decisión: “Creo firmemente que las ejecuciones autorizadas por el Estado son incompatibles con los valores de California, socavan los fundamentos de nuestro sistema jurídico y nos degradan a todos”.

Klaas discrepa rotundamente y sostiene que la decisión de Newsom socava los resultados de numerosos juicios y las decisiones de los jurados.

“Cientos y cientos de jurados debatieron angustiosamente si el individuo cuyo juicio habían presenciado debía ser ejecutado o no”, dijo Klaas. “En cada uno de esos casos, un juez condenó a muerte a esos individuos”.

El padre también señaló que los votantes de California rechazaron en 2012 y 2016 las propuestas electorales que habrían puesto fin a la pena de muerte en el estado.

“Debería haber sido algo en lo que todos tuvieran voz y voto. No debería haber sido una decisión unilateral tomada por un gobernador que ya estaba de salida”, afirmó Klaas.

Otros familiares de Polly comentaron que se habían reunido con Newsom antes de que este anunciara su decisión. Annie Nichol, media hermana de Polly, dijo que ella y Jess Nichol —hermanastra de Polly— solicitaron una reunión con el gobernador el mes pasado y expresaron su apoyo a poner fin a la pena de muerte. Ambas son parientes por parte de la madre de Polly.

Annie y Jess Nichol habían apoyado anteriormente la pena de muerte y, si bien sus sentimientos hacia el asesino de Polly no han cambiado, sí ha variado su perspectiva sobre el sistema de justicia.

“Seguimos sintiendo dolor e ira”, dijo Annie Nichol. “Hemos llegado a la conclusión de que esos sentimientos, por muy comprensibles que sean, no deberían determinar las políticas públicas. El Estado puede honrar la ira de los sobrevivientes sin matar a alguien en nuestro nombre”.

Las hermanas sostienen que el Estado debería redirigir los recursos que habría destinado al mantenimiento del corredor de la muerte hacia el apoyo a las víctimas y sobrevivientes. También cuestionan hasta qué punto una ejecución aportaría un verdadero cierre emocional.

“Lo que la pena de muerte provoca en las familias es que nos mantiene a la espera de un día que, supuestamente, nos hará sentir plenos de nuevo”, comentó Jess Nichol. “Pero la realidad es que el dolor persiste. Siempre estará ahí”.

Otros familiares de víctimas, así como organizaciones como la Criminal Justice Legal Foundation, Crime Survivors y la California District Attorneys Association, se han pronunciado en contra de la medida de Newsom, argumentando que esta profundiza las heridas de las víctimas y pasa por alto la voluntad de los californianos y del sistema judicial.

Newsom, quien contempla postularse a la presidencia en 2028, calificó la decisión como “una de las más difíciles de mi carrera, no porque dude de su necesidad para nuestro estado, sino porque sé que su anuncio puede hacer resurgir recuerdos desgarradores para las familias de las víctimas”.

Entre las familias que han expresado abiertamente su rechazo se encuentra la de Michael Lyons, un niño de 8 años que desapareció en Yuba City en 1996. Su cuerpo fue hallado al día siguiente a orillas de un río, y Robert Boyd Rhoades fue condenado por su asesinato.

Syntara Fuller, hermana de Michael, criticó el carácter generalizado de la conmutación de penas.

“Tomó a cada monstruo, a cada persona que figura entre lo peor de lo peor —los peores criminales de California—, los agrupó a todos y les impuso cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional”, declaró Fuller a KCRA, cadena afiliada a CNN. “Y saber que no se analizó ningún caso por separado ni se valoró según sus propias circunstancias es algo realmente muy duro”.

Chris Guerrero, exsargento del agente Danny Oliver, del condado de Sacramento, aún recuerda haber presenciado el momento en que declararon muerto a su amigo en 2014, tras recibir un disparo en la cabeza, según informó KCRA. Le resulta difícil aceptar que el asesino de Oliver, Luis Bracamontes, seguirá con vida.

“Él vivirá el resto de sus días”, dijo Guerrero a KCRA. “Por muy patética que sea su vida, sigue vivo. Sigue respirando”, comentó Guerrero sobre el asesino de su amigo. “Mientras que Danny está bajo tierra”.

Los grupos que se oponen a la pena de muerte habían presionado a la oficina de Newsom antes de que se tomara la decisión, dado que el gobernador llevaba tiempo expresando públicamente su conflicto personal respecto a la política estatal sobre la pena capital.

Paul Wilson, cuya esposa Christy fue una de las ocho personas asesinadas en 2011 durante un tiroteo en un salón de belleza de Seal Beach, California —el tiroteo más mortífero en la historia del condado de Orange—, afirmó que quería que el asesino de su esposa recibiera la pena de muerte en lugar de la cadena perpetua que se le impuso.

“En aquel momento, no había otra opción. No existía ningún castigo que me hubiera satisfecho, salvo la pena de muerte”, declaró Wilson.

Sin embargo, tras un juicio largo y complejo, y tras ver cómo las familias de las víctimas de los condenados a muerte sufrían durante años debido a dolorosos procesos de apelación, cambió de opinión.

Wilson comentó que ha estado colaborando con una campaña para poner fin a la pena de muerte y que, a principios de este año, participó en una conversación con varios miembros del equipo de Newsom para abogar por la clemencia.

“Estoy muy agradecido con Newsom”, dijo.

Una coalición de familiares de víctimas, fuerzas del orden y líderes de derechos civiles también elogió la conmutación masiva de penas este jueves.

Entre ellos se encontraba el exfiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Gil Garcetti, quien anteriormente apoyaba la pena de muerte y señaló que su oficina había solicitado dicha pena en algunos de los casos afectados por la decisión de Newsom.

“Ahora veo que la pena de muerte es una política fallida que resta atención a soluciones reales de seguridad pública”, afirmó Garcetti en un comunicado. Añadió: “El gobernador ha tomado la decisión correcta al equilibrar la justicia y garantizar que aquellos reclusos cuyas penas de muerte han sido conmutadas pasen el resto de sus vidas en prisión”.

Bryan Stevenson, una de las figuras más destacadas en el debate sobre la pena capital, condenó esta práctica calificándola de “defectuosa, costosa y plagada de errores, que nos falla a todos”.

“Elogio al gobernador Newsom por este acto histórico y espero que otros funcionarios electos del estado sigan su ejemplo”, dijo Stevenson, autor de Just Mercy y fundador y director ejecutivo de la Equal Justice Initiative.

Con información de Dalia Faheid y Devon M. Sayers, de CNN.

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