Juez rechaza petición del Gobierno de desestimar demanda por las redadas de inmigración

LOS ÁNGELES (KESQ) - Un juez federal de Los Ángeles ha rechazado el intento de la Administración Trump de poner fin a una demanda muy seguida contra el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU., en la que se alega que las redadas de inmigración en el sur de California no solo son ilegales, sino que están diseñadas deliberadamente para afectar a las comunidades latinas, según documentos judiciales obtenidos hoy.

Residentes, trabajadores y grupos de defensa presentaron una demanda contra el DHS en julio de 2025, alegando prácticas inconstitucionales de control y detención por parte de agentes vinculadas a cuotas de control arbitrarias. Una demanda modificada presentada en el tribunal federal de Los Ángeles a principios de este año añade nuevas alegaciones de violaciones del principio de igualdad de protección y del uso de tácticas irrazonables por parte de los agentes del DHS.

A continuación, los abogados del Gobierno solicitaron al tribunal que desestimara inmediatamente el caso, alegando que las acusaciones recogidas en la versión actualizada de la demanda no son suficientes para fundamentar las pretensiones jurídicas de los demandantes.

El martes, la jueza federal de distrito Maame Frimpong, encargada del caso, determinó en un auto escrito que "las acusaciones son suficientes para que el caso siga adelante en este momento" y desestimó la solicitud del DHS de que se desestimara la demanda.

La jueza hizo hincapié en que, en esta fase del procedimiento, no se ha pronunciado sobre la veracidad de las acusaciones, cuestión que se determinará más adelante.

Al ser preguntado al respecto, un portavoz del DHS no hizo comentarios sobre la resolución del juez, pero afirmó que los medios de comunicación se estaban centrando en cuestiones equivocadas.

"Nuestros agentes se centran en proteger al pueblo estadounidense, no en alimentar una indignación fingida", según el comunicado. "¿Dónde está la indignación de los medios de comunicación por las familias de Ángel que han perdido a un ser querido a causa de un delito cometido por un inmigrante ilegal?"

En la demanda modificada, los demandantes alegaron que el Gobierno está discriminando intencionadamente a las comunidades latinas de California, seleccionando a quiénes detener y en qué lugares realizar redadas en función de la raza, y tratando a las personas latinas de forma diferente debido a su origen étnico aparente.

También alegaron que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) y la Patrulla Fronteriza estaban utilizando tácticas muy intrusivas al llevar a cabo las redadas —como el uso de esposas, el confinamiento, el traslado de personas a un lugar secundario y la detención prolongada—. Según sostienen los demandantes, los agentes se apresuraban tanto a mostrar como a emplear la fuerza, llegando a menudo con las armas desenfundadas y recurriendo a la fuerza incluso cuando los afectados ya se mostraban cooperativos. Los demandantes alegan que tales tácticas son desproporcionadas y convierten los encuentros en detenciones ilegales.

Cuando se presentó la demanda el año pasado, Frimpong dictó una orden de alejamiento provisional que limitaba determinadas medidas coercitivas, pero en agosto de 2025, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos accedió a la solicitud del Gobierno de suspender dicha orden mientras se desarrolla el litigio, lo que permite que las prácticas impugnadas continúen.

Los responsables de la Administración Trump han defendido anteriormente el endurecimiento de las medidas de control en varios ámbitos, alegando que esta campaña de represión es necesaria para mantener el Estado de derecho, detener a los delincuentes violentos que se encuentran en el país de forma ilegal y frenar la avalancha de personas que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México durante la Administración Biden.

Sin embargo, Eva Bitran, directora de derechos de los inmigrantes de la Fundación ACLU del Sur de California, ha afirmado que estas paradas son "discriminatorias tanto en su concepción como en su ejecución. La agenda racista de ICE y de la Patrulla Fronteriza se extiende desde los mandos del DHS hasta los agentes de base, que se dirigen deliberadamente contra los miembros de la comunidad latina —a menudo con gran contundencia— por motivos raciales. Nuestra comunidad sufre las consecuencias de esta conducta inconstitucional".

La demanda fue interpuesta por cinco trabajadores latinos a título individual y tres organizaciones de afiliación —la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (United Farm Workers) y la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes—, así como por el Immigrant Defenders Law Center, una entidad que presta servicios jurídicos.

Frimpong tendra una junta este jueves una vista en el centro de Los Ángeles sobre la solicitud de los demandantes de una medida cautelar para detener la supuesta campaña de la Administración Trump de detenciones sin orden judicial contra personas de "aspecto latino, con bajos ingresos o de clase trabajadora".

La jueza ha declarado recientemente al DHS en desacato por retrasar presuntamente la ejecución de una orden para crear copias digitales de las comunicaciones de los teléfonos móviles personales utilizados por los agentes de inmigración durante las operaciones.